“La consolidación fiscal [la austeridad o, lo que es lo mismo, los recortes en el gasto público] tiene efectos insignificantes de media en el endeudamiento [de los estados]”. La conclusión es del Fondo Monetario Internacional (FMI) y está incluida en su último informe sobre la coyuntura mundial. Llega 15 años tarde. 15 años después de la crisis financiera y de las terribles consecuencias sociales de la respuesta política y económica en la UE que el mismo organismo pilotó, junto al Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea. Pero no llega en vano.
Los socios europeos se encuentran en pleno debate sobre las nuevas reglas fiscales comunes tras la suspensión y superación de las anteriores. Después de un periodo de fuerte aumento de la deuda y de desequilibrios presupuestarios históricos en todos los países, primero por las necesidades que implicó el shock de la pandemia y después por la invasión rusa de Ucrania.
“Hace 10 años, por decir esto [la conclusión del FMI], te sacaban de la sala de reuniones y te invitaban a irte a casa”, lamentaba este misma semana en Twitter el economista José Moisés Martín. Hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla sin tapujos de otra forma de hacer las cosas.
“La gran lección de la década neoliberal de la crisis financiera es esa: con recortes y con precariedad no vamos a consolidar fiscalmente nuestras cuentas públicas. Lo tenemos que hacer con crecimiento y con creación de empleo. Y que, además, esa creación de empleo sea de calidad”, afirmó Pedro Sánchez este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo que se celebró en el Congreso.
“Propusimos, junto con Países Bajos, una reforma de las reglas fiscales según la que queremos que se conjugue la sostenibilidad de las cuentas públicas con las políticas de crecimiento”, explicó el presidente. “Tenemos que preservar la capacidad de inversión, para mejorar la competitividad [internacional] y lograr la autonomía estratégica”, añadió, destacando que en esa línea irán las nuevas reglas fiscales de la UE, “con enfoque a medio plazo, con diferencias entre los socios”.
El FMI ha echado cuentas y le da la razón. “La deuda pública como proporción del PIB (Producto Interior Bruto) se disparó en todo el mundo durante la pandemia de COVID-19 y se espera que se mantenga elevada, lo que representa un desafío cada vez mayor para las instituciones, en particular debido a que los tipos de interés están aumentando en todo el mundo”, reconoce el organismo.
Y detalla que sus análisis econométricos e históricos han desvelado que “las consolidaciones fiscales en el momento adecuado (durante las expansiones económicas) y diseñadas adecuadamente (más basadas en el gasto que en los ingresos) tienen una alta probabilidad de reducir de forma duradera el endeudamiento” de los Estados.
Pero, “si estas condiciones no acompañan, y en parte porque la consolidación fiscal tiende a desacelerar el crecimiento del PIB, [la austeridad] de media tiene efectos insignificantes sobre el endeudamiento”.
La receta del FMI ahora es que “cuando un país tiene sobreendeudamiento [como es el caso de España o Italia, y también de Francia, actualmente], un enfoque integral que combine una importante reestructuración de la deuda [renegociación de los plazos y de los costes], consolidación fiscal y políticas para respaldar el crecimiento económico puede tener un impacto significativo y duradero en la reducción de la deuda pública frente al PIB”.
La amenaza es que la austeridad está muy arraigada en países como Alemania, donde el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, sentenció a principios de este mes que “los recortes duros son necesarios”. Concretamente, ha pedido que los Estados de la UE reduzcan un 1% anual la deuda pública en los casos más preocupantes y medio punto cuando el exceso de endeudamiento sea más moderado.
La Comisión Europea ha mostrado públicamente su incomodidad ante esta rigidez. Ni siquiera Países Bajos, tradicionalmente el mejor aliado de Alemania, comparte esta postura. Las negociaciones parecen avanzar hacia que los socios de la UE establezcan sus propias trayectorias de reducción de déficit [el desequilibrio entre el gasto y los ingresos] y de deuda pública. Eso sí, siempre con el objetivo de que el primero esté por debajo del 3% del PIB y la segunda, del 60%. La estimación del FMI para España es que esta última ratio supere ligeramente el 110% al cierre de 2023.
“Existe una especie de suposición de que esas normas rígidas, estrictas, implacables, con pocos márgenes de flexibilidad, son, en efecto, las reglas (es decir: no hay otras) a seguir, a vindicar, a aplicar, una vez más. Es como si eso se elevara a la categoría de ciencia sin discusión alguna: una vía a la que retornar porque es lo correcto, lo científico, lo convincente. Aunque las evidencias empíricas digan lo contrario”, advierte el catedrático Carles Manera, en una publicación reciente de Economistas Frente a la Crisis.
“Reglas consideradas como integradas en las 'tablas de la ley', como el control del gasto, el mantenimiento del déficit, la reducción drástica de la deuda o la menor intervención pública, se volatilizaron a raíz de la crisis pandémica. No olvidemos esto”, concluye este economista.
El director de estudios financieros de Funcas, Santiago Carbó, incidió este miércoles en una conferencia en que “la política fiscal [en respuesta al daño de la inflación] debe ser más quirúrgica”. Es decir, se debe ayudar a las familias y a las empresas más vulnerables, pero retirar las bajadas de impuestos generales o los descuentos y bonificaciones que no discriminan por renta.
Sin duda, las necesidades de endeudamiento (el déficit presupuestario, que el FMI prevé que se quede en el 4,5% del PIB en nuestro país este año y que se reduzca al 3,5% en 2024) tienen que menguar (este año se elevan a 70.000 millones de euros, igual que en 2022, por la crisis de inflación y la guerra) porque España se financia actualmente mucho más caro que en los últimos años. El tipo de interés medio de las nuevas emisiones de letras, bonos y obligaciones alcanzó en marzo el 3,4%, un récord desde 2011.
Sin embargo, la situación no es la de entonces. De hecho, las diferencias son fundamentales. Por un lado, el BCE ha reiterado su flexibilidad para atender cualquier tensión que pudiera producirse en los países más sobreendeudados de la eurozona, como es el nuestro. Por otro, el tipo de interés medio de toda la deuda en circulación, que el Tesoro llegó a rebajar al mínimo histórico del 1,6% en 2022 gracias a que durante muchos meses consiguió financiación al 0%, apenas ha ascendido al 1,8%.
Este tipo de interés medio es el que se traslada finalmente a la factura de intereses de la deuda que el Estado paga cada año, y que se espera que de momento se mantenga contenido en el 5,5% de los ingresos, como se observa en el gráfico anterior.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.