El Ministerio de Fomento 'rescatará' las autopistas radiales de Madrid R-3 y R-5, las que unen Madrid con Arganda y Navalcarnero, respectivamente, el próximo 10 de mayo, fecha fijada el auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que aprueba el plan de liquidación de las dos vías, según informa Europa Press.
Una vez que asuma estas dos autopistas, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna se habrá ya hecho con ocho de las nueve autopistas de peaje en quiebra.
En concreto, Fomento pasará a hacerse con la titularidad, la gestión y la explotación de la R-3 y la R-5 a las 6.00 horas del 10 de mayo, toda vez que su sociedad concesionaria, Accesos de Madrid, ha sido declarada en liquidación.
Se trata de una firma participada por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia, que quebró con una deuda de 449 millones de euros.
La R-3 es una vía de 31,8 kilómetros de longitud que conecta la capital con Arganda y la carretera de Valencia y actualmente registra un tráfico de unos 9.886 vehículos diarios. De su lado, la R-5 Madrid-Navalcarnero, cuenta con 31,63 kilómetros, que enlazan con la carretera de Extremadura, y contabiliza unos 7.800 usuarios al día.
Estas dos vías, junto con los tramos de la AP-7 Cartagena-Vera y Circunvalación de Alicante, son las únicas cuya fecha del 'rescate' ha sido fijada por los jueces que han aprobado sus planes de liquidación. Las del resto han sido determinadas por el Ministerio y las correspondientes administraciones concursales.
Una vez que el 10 de mayo Fomento asuma estas dos radiales, ya se habrá hecho con ocho de las nueve vías que están en quiebra y quedará pendiente de que la AP-41 Madrid-Toledo alcance también el proceso de liquidación para concluir el rescate de estas autopistas que comenzó el pasado mes de febrero.
Se trata de las primeras vías de pago que el Estado tiene bajo su gestión en más de una década. La Administración las asume seis años después de que en 2012, en plena crisis, se declararan en concurso por el desplome del tráfico y los sobrecostes de las expropiaciones.
Estas nueve infraestructuras suponen casi una quinta parte (570 kilómetros) del total de la red viaria de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y suman deuda de 3.200 millones.
El plan de Fomento para estas autopistas pasa por asumirlas y mantenerlas en servicio para los usuarios en tanto que el próximo mes de junio las saca de nuevo a concurso para volver a ceder su gestión a empresas privadas antes de que acabe el año.
En paralelo, el Ministerio trabaja para rescindir los respectivos contratos de concesión. Una vez que se anulen, comenzará a correr el plazo de seis meses con que cuenta para determinar y pagar a las actuales concesionarias el importe que invirtieron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje, la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).
Se trata de una 'factura' que el Gobierno estima en unos 2.000 millones de euros, pero que los acreedores de las vías elevan hasta 4.500 millones. Fomento espera aminorar este monto con los hasta 1.000 millones de euros que saque de relicitar las vías, si bien ya ha reconocido que este importe no lo cubrirá en su totalidad y que la operación afectará así al déficit público de este año.