El Fondo Social de Vivienda (FSV) ha adjudicado desde su puesta en marcha en enero de 2013 y hasta finales de 2014 un total de 2.230 viviendas, de las cuales 1.969 han sido ya asignadas, según ha informado hoy el Ministerio de Economía en un comunicado.
En 2014, este órgano recibió 2.061 solicitudes, un 42 % más de las 1.446 recibidas en 2013; en total, se recibieron 3.507 peticiones, de las que 2.230 han sido aceptadas y 274 están pendientes.
En el momento de su creación el FSV contaba con 5.891 viviendas procedentes de la cartera inmobiliaria de los bancos, con las que se pretendía asistir a colectivos vulnerables ofreciendo alquileres reducidos de entre 150 y 400 euros al mes.
Aunque en principio debía concluir su labor en enero de este año, el Gobierno ha prorrogado su actividad un año más, hasta enero de 2016.
En su nota, Economía señala que el aumento de peticiones recibidas y contratos formalizados en 2014 se debe a la flexibilización de los requisitos para acogerse a este servicio, a la ampliación de los colectivos que pueden acogerse y a las mejoras en la gestión, así como al mayor conocimiento por parte de los ciudadanos de esta posibilidad.
Los arrendatarios son personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar cuyo límite es tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015), y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años.
El precio del alquiler oscila entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más.
Entre los requisitos para solicitar una vivienda figura ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y que haya agotado las prestaciones.
Y en mayo de 2014 se acordó que aquellas familias que no pudieran hacer frente al pago de su alquiler pudieran mantenerse en la vivienda aunque esta hubiera sido adjudicada en subasta.