Francina Armengol (Inca, 1971) vuelve a Madrid para presentar la nueva ley autonómica de turismo que ha preparado su Ejecutivo, en un acto en el que ha estado arropada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra Reyes Maroto y los líderes estatales de CCOO y UGT. La norma, que todavía tiene que ser aprobada por el Parlament, introduce medidas de sostenibilidad y derechos laborales para el sector turístico, motor económico de las islas. Destacan varias obligaciones dirigidas a los hoteles: la instalación de camas elevables para evitar las enfermedades de las camareras de piso, el cambio de las calderas de fuel oil por otras de gas natural o eléctricas y el control de la temperatura de las zonas reservadas al personal, sobre todo las cocinas.
“Cuidamos bien al turista porque cuidamos bien a los residentes y a los trabajadores”, comenta la presidenta, que encadena ya su segunda legislatura de la mano de un pacto de izquierdas. Armengol ha conseguido durante estos años aprobar varias normativas para intentar paliar el impacto del turismo de masas en un ecosistema tan frágil como el balear, pero las entidades ecologistas denuncian que todavía existe un margen de decrecimiento mucho más amplio. A ello se une un problema bien conocido: los elevados precios de la vivienda en el archipiélago, donde han proliferado el alquiler vacacional y las segundas residencias de extranjeros adinerados. “Esperamos ansiosos la Ley de Vivienda para poder marcar topes al alquiler”, afirma.
Ha venido a Madrid a presentar, junto con Yolanda Díaz y Reyes Maroto, una nueva ley turística para Baleares, que está pendiente todavía de la correspondiente tramitación parlamentaria. ¿Por qué ha escogido Madrid para celebrar este acto?
Hace meses que estamos trabajando con los agentes sociales y empresariales, con sindicatos, con federaciones hoteleras y con asociaciones empresariales para hacer posible una nueva normativa que nos siga situando como líderes turísticos a nivel internacional. Somos conscientes de que hay que asumir unos retos importantes para modificar y mejorar nuestro turismo. Somos líderes por cómo tratamos a los turistas en nuestra comunidad autónoma, pero también por nuestro paisaje, gastronomía, cultura y oferta deportiva. Ahora queremos añadirle algo que para nosotros es fundamental: todo aquello que tiene que ver con ser los mejores en el trato y en la valoración de nuestros trabajadores. Queremos ser los que mejor cuidemos a nuestros trabajadores y trabajadoras de la hostelería, que nos hacen ser líderes en turismo, y también que toda la empresa turística esté volcada en la circularidad y, por tanto, en el uso eficiente de los recursos. Hemos pensado una ley que va a ser un cambio importante y que creo que va a ser el ejemplo luego para muchos destinos turísticos del mundo. Teníamos que emplear la semana grande del turismo, como es FITUR, y, por tanto, poderlo explicar también aquí en Madrid.
Van a cambiar el sistema de clasificación de las categorías de los hoteles, las famosas estrellas, para tener en cuenta también criterios medioambientales, sociales y laborales. Por poner dos ejemplos: ha comentado que se valorará positivamente que se sustituya por códigos QR el actual uso del papel y prevén obligar a los hoteles a instalar camas elevables para mejorar la salud de las kellys, unas 20.000 en Baleares. ¿Por qué creen que es necesario vincular las categorías de los hoteles a otros criterios que van más allá de la mera calidad del servicio?
El turismo, que es el motor de crecimiento de nuestra economía, nos hace ser líderes a nivel internacional y queremos seguir siéndolo. Tenemos que adaptarnos a los retos que vienen del futuro. Baleares se quiere mostrar al mundo como un destino turístico capaz de cuidar muy bien al turista, pero cuidamos bien al turista porque cuidamos muy bien a nuestra gente, es decir, a los residentes y a los trabajadores y trabajadoras de la hostelería. Este proyecto de nueva normativa en Baleares va a plantear un cambio enorme en la empresa turística, la cual tendrá que mirar tres cuestiones a la hora de plantear su negocio: la social, la relativa a la circularidad y la vinculada a la competitividad.
Vamos a hacer posible que la industria turística de Baleares sea la que mejor paga y la que mejor cualificados tiene a sus trabajadores. Ese es un plus añadido que queremos mostrar como sociedad. Sabemos que hay dificultades todavía en los puestos de trabajo. Una de las medidas más fuertes y más importantes es obligar a los hoteles a que las camas sean elevables para poder reducir las enfermedades profesionales que padecen, desgraciadamente, muchísimas camareras de piso. Las Kellys han luchado muchísimo por nuestro destino turístico. Un total de 300.000 camas van a ser sustituidas con esas camas elevables y vamos a garantizar que nuestras trabajadoras tengan mejores condiciones laborales.
Habrá muchas más medidas. Está la parte de la circularidad. Obligaremos a cada hotel a presentar un plan de circularidad que tendrá que hacer un análisis propio de la empresa: cuánta energía y agua consume, qué emisiones de CO2 genera... Habrá también medidas compensatorias durante cinco años, para que la energía sea de cada vez más limpia. Por ejemplo, las calderas de fuel oil, las que más CO2 emiten en los hoteles, serán sustituidas obligatoriamente por gas o por sistemas eléctricos.
Esto va a mover muchos fondos privados, pero también públicos, porque vamos a ayudar a las empresas con fondos europeos. Inicialmente, contaremos con 55 millones de euros para compartir el gasto que tendrán que hacer las empresas.
La nueva ley turística de Baleares obligará a los hoteles a que las camas sean elevables para poder reducir las enfermedades profesionales que padecen muchísimas kellys
Una medida que parece no estar sobre la mesa es el decrecimiento del número de plazas turísticas. Las entidades ecologistas denuncian que si bien existe un tope en Baleares, el número de plazas es tan elevado que todavía hay margen de crecimiento. No sé si es un debate que van a abrir próximamente en su Ejecutivo.
Hemos presentado las medidas generales de esta nueva normativa, pero eso tiene que tener un debate tanto del gobierno como de las entidades sociales y empresariales, y luego tendrá el debate de los grupos parlamentarios. El Consell de Mallorca, que es el competente en ordenación y promoción turística, como los otros consells, ha aprobado un plan que tiene una importante acción sobre las plazas existentes en la isla. Es un debate abierto en nuestra comunidad autónoma, pero hoy hemos querido centrar el énfasis en lo que tiene que ser una revolución para seguir siendo líderes en el mundo. Entendemos que el turismo del futuro tiene que ver con medidas sociales, ambientales y de competitividad. La competitividad será más alta si eres capaz de conseguir una convivencia amplia entre el turista y el residente.
Su Ejecutivo presentó hace unas semanas una nueva normativa para la llegada de cruceristas a las islas. El Govern pactó con las principales navieras internacionales limitar a tres el número de cruceros que pueden atracar en el puerto de Palma al día. Las entidades ecologistas de nuevo se quejan: comentan que es una medida de mínimos y opinan que tendría que reducirse todo a un único crucero. Por el otro lado, las patronales del sector (guías turísticos, restauración, etc.) creen que esto puede afectar a su modelo de negocio. ¿Es una medida de mínimos o hay margen para reducir el número de cruceros?
Es una medida de compromiso que hemos cumplido. Es muy valiente. Mucha gente ha hablado mucho, pero nadie ha acordado con las navieras poder reducir el número de cruceros. En Europa hay muy pocos casos. Por tanto, somos los primeros en España en llegar a un acuerdo para reducir los cruceros. Vamos a ver cómo lo haremos posible durante estos meses que vienen. En 2022 había muchas cuestiones contratadas que tendremos que respetar. Hemos conseguido este acuerdo, que fija un mega crucero máximo al día y dos más pequeños. Nos llegaban a veces siete u ocho cruceros al día en Palma. Es verdad que eso tiene un impacto ambiental fuerte y tiene un impacto también de saturación porque hay muchas personas en el centro de la ciudad. Vamos a seguir trabajando en esta línea de equilibrar muy bien el turismo con la convivencia con el residente. Con la nueva ley turística, nuestra normativa se va a basar en que el turismo tiene que tener un impacto positivo en las islas. Somos conscientes de que los cruceros tienen impactos negativos y queremos poder eliminarlos ya en este verano.
Llegaban siete u ocho cruceros al día en Palma. Eso tiene un impacto ambiental fuerte y genera una sensación de saturación. Somos conscientes de que los cruceros tienen impactos negativos y queremos poder eliminarlos ya en este verano
Entiendo entonces que ve viable compaginar esta sostenibilidad o este decrecimiento turístico con la recuperación económica.
La mayor fuerza de Baleares es estar recuperándonos de una crisis sanitaria enorme, que hizo que tuviéramos una caída del PIB terrible. Estamos haciendo esta reactivación desde el diálogo. Apostamos por la calidad y no por la cantidad. También lo dicen nuestros empresarios turísticos. Quiero agradecerles esta apuesta clara por la calidad, la sostenibilidad, la circularidad y ahora vamos a sumar los valores sociales, los compromisos con nuestros trabajadores y trabajadoras. Baleares hace tiempo que está en esta línea de trabajo. En la pasada legislatura, nuestros agentes sociales pactaron el mejor convenio de hostelería de toda España con una subida de salarios del 17%.
El Partido Popular ha iniciado una campaña contra el Gobierno porque asegura que el reparto de los fondos europeos se está haciendo de forma arbitraria entre las diferentes administraciones. ¿Está Baleares satisfecha con este reparto? ¿Ve usted el partidismo que denuncia la oposición?
Los repartos van en base a los proyectos que presenta uno y no sé si las comunidades autónomas que se quejan tanto es porque no han sido capaces de trabajar bien los proyectos o porque las líneas que están trabajando no son las que marca la Comisión Europea. El Partido Popular, como el partido mayoritario de la oposición, está haciendo unos actos de irresponsabilidad absoluta. Hemos pasado una crisis sanitaria tremenda y una crisis económica terrible.
Vivimos una en 2008 y los ciudadanos saben cómo la gobernó la derecha. No tiene nada que ver con cómo se ha gestionado ahora la crisis. En aquel momento no hubo ayudas directas a los empresarios. No hubo una política de mantenimiento de los puestos de trabajo. Hubo ERE y despidos. No hubo ayudas a las comunidades autónomas. Al revés, se despidieron sanitarios y profesores. Eso lo hizo la derecha. Ahora estamos gestionando la crisis de una manera muy diferente. A mi comunidad autónoma han llegado 855 millones solo con el decreto ley de ayudas directas a las empresas, por cierto, la primera comunidad autónoma que las pagó todas íntegramente. Muchas comunidades autónomas no han utilizado bien ese dinero, tendrían que explicarlo algunos y algunas. Hemos recibido ayudas que nos han posibilitado salir rápido de esta crisis. De hecho, Baleares está en un nivel de afiliación a la Seguridad Social, a nivel de creación de empleo, ya superior al de 2019.
La posición del Partido Popular con todo, y con el reparto de los fondos europeos [en particular], me parece una irresponsabilidad enorme. Da una mala imagen en Europa, que es lo que están trasladando siempre: mala imagen de su país en Europa. Es tirarse piedras encima del tejado. Meter este lío a nivel judicial perjudica también la gestión que podamos hacer todos nosotros. Y esos fondos son absolutamente necesarios. Por ejemplo, estos cambios transformadores de nuestra industria turística, pactados con los sectores empresariales y con los sindicatos, son para ir a mejor. Y una parte la vamos a pagar con fondos europeos.
Voy a leer dos titulares que reflejan bien la situación de la vivienda en las Islas. “Baleares, Madrid y Catalunya, las comunidades donde cuesta más acceder a una vivienda en propiedad”. “Ibiza y Mallorca, las islas turísticas con alquileres prohibitivos para trabajadores”. Con este panorama. ¿cree que la futura Ley de Vivienda, que está todavía en fase de anteproyecto, debería establecer un tope a los precios del alquiler?
Llevamos mucho tiempo pidiendo al Gobierno de España este marco normativo que nos permita a las comunidades autónomas intervenir mejor en el mercado y poder marcar topes del alquiler. Para nuestra comunidad autónoma es absolutamente necesario. Estamos esperando ansiosos esta Ley de Vivienda.
Pero mientras esperamos este marco jurídico nacional que nos da esa seguridad para poner los precios del alquiler, nosotros, como Govern, en estos 7 años, hemos trabajado intensamente: hemos hecho la primera Ley de Vivienda en nuestra comunidad autónoma, hemos hecho viviendas de protección oficial que se mantienen siempre con esta categoría, todas las que construimos van destinadas a alquiler social y el que la alquila solo paga como máximo un 30% de su renta, y acabaremos esta legislatura con un 64% más de viviendas de protección oficial construidas. Hemos sumado a esto la expropiación del uso a los grandes propietarios para poder poner la vivienda de promotores y de bancos a disposición del mercado de protección oficial durante 7 años. También hemos aumentado muchísimo las ayudas al alquiler.
Sabemos que todo esto todavía es insuficiente porque Baleares tiene un problema de precio fuerte del suelo. Por ser islas pequeñas, tenemos un suelo muy reducido y una gran especulación. Por ello es absolutamente fundamental esa ley que nos permita a las comunidades autónomas entrar en el tope del alquiler y esperamos que el Gobierno de España pueda aprobarla lo antes posible.
Esperamos ansiosos la Ley de Vivienda para poder marcar topes del alquiler
Si se mantiene la redacción actual de la ley, las comunidades autónomas serían las encargadas de aplicar esta normativa y tendrían que concretar qué zonas son las tensionadas, es decir, sobre qué zonas se puede aplicar un índice para controlar los precios del alquiler. ¿El Govern tiene algún pensamiento sobre cuáles podrían ser esas zonas tensionadas?
Tenemos un problema muy generalizado en nuestra comunidad autónoma porque tenemos un precio alto en la mayor parte del suelo. Ya en la legislatura pasada estuvimos trabajando en la Ley de Vivienda con la posibilidad de declarar zona tensionada a la isla de Ibiza, que tiene esta problemática, como la zona de Palma en la isla de Mallorca. Estamos trabajando ya en un planteamiento mucho más amplio.
Entrevista completa a Francina Armengol
Vídeo: Nando Ochando, Claudia Martínez y Stéphane M. Grueso