Los funcionarios y Montoro retoman su pulso: en juego las 35 horas, los salarios y la penalización por bajas médicas
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha citado para el próximo lunes a los representantes de empleo público de CCOO, UGT y CSI–F, tras un parón de cuatro meses en las negociaciones sobre la mejora de las condiciones de los funcionarios. Los acontecimientos en torno a Catalunya y la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2018 frustraron los avances, según los participantes.
También hubo otra razón de peso, y es que a los sindicatos no les convenció la oferta que les hicieron en septiembre de subida salarial del 5,25% repartida en tres años (1,5% en 2018, 1,75% en 2019 y 2% en 2020). Este es el principal asunto que sigue en liza, pero también hay otros como la posibilidad de rebajar a 35 horas semanales la jornada en determinados puestos, o la recuperación del 100% del pago de las bajas por enfermedad. En este último capítulo el Ministerio se muestra especialmente abierto a estudiar avances, según explican los sindicatos.
Los responsables sindicales ya se han reunido, por separado, con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado. Fuentes conocedoras de estas reuniones transmiten una sensación de mayor apertura al diálogo por parte del Gobierno, y de “ganas de acuerdo”. También se han producido algunas declaraciones conciliadoras por parte de Montoro. Hay unos tres millones de empleados públicos en España.
Oferta pública de empleo: qué pasó con el anuncio de 300.000 nuevas plazas
Este es el capítulo más avanzado, según la secretaria de Políticas Públicas de FSC-CCOO, Miriam Pinillos. Se trata de desarrollar el acuerdo del pasado 29 de marzo, por el que el Gobierno y los sindicatos firmaron estabilizar entre 270.000 y 300.000 plazas de interino en Educación, Sanidad y Justicia. Cuando se rompieron las negociaciones en septiembre estaba casi ultimado un nuevo pacto para ampliar al resto de sectores la conversión en indefinido. Supondría alrededor de 90.000 nuevas plazas, en cálculos de Francisco Iglesias, vicepresidente de CSI-F.
Esta semana el Gobierno ha anunciado la convocatoria de 4.725 plazas de la oferta pública de empleo de 2017.
Subidas salariales adicionales a las anunciadas
Aunque no van con esperanza de obtener promesas muy concretas, los representantes sindicales creen que Montoro podría estar abierto a mejorar su anterior oferta (una subida de sueldo por encima del 5,25%, que podría llegar al 8% si se cumplen objetivos de déficit y crecimiento). El secretario de Organización de FeSP-UGT, Fréderic Monell, explica que formalmente no se les ha comunicado que el Gobierno esté dispuesto a elevar este porcentaje o a desligarlo de la marcha de la economía, pero “todos hemos entendido que si ahora tienen disponibilidad para retomar las negociaciones es porque pretenden mejorar lo que ofrecían”.
Sobre la posibilidad de ligar una parte de los salarios a la productividad (algo que ya ocurre por ejemplo en la Agencia Tributaria o en algunos ministerios), los sindicatos se muestran abiertos a ampliarlo, aunque dejan claro que de lo que se trata es de recuperar el poder adquisitivo perdido. Además creen que en todo caso deben establecerse criterios claros y objetivos, no discrecionales. “No estamos de acuerdo con que a final de año los jefes y directores se repartan los pluses de productividad”, explica Iglesias.
Potestad para establecer jornadas de 35 horas semanales
Otro de los caballos de batalla pendientes es el de la jornada de 35 horas. Cuando en 2012 el Gobierno estableció que de manera general las horas de trabajo de los funcionarios debían ser 37,5 revocó las normas de Andalucía y Asturias que la rebajaban 2,5 horas. La comunidad que preside Susana Díaz decidió no obstante recuperar la jornada de 35 horas, hasta que el Tribunal Constitucional le obligó a acatar el mandato del Gobierno central. Ahora Montoro afirma que está dispuesto a aplicar la jornada reducida para los empleados públicos con turnos de noche. “Pediremos a Montoro que deje a cada comunidad autónoma negociar”, explica Pinillos.
Dejar de sufrir un recorte de sueldo cuando la gripe te tumba
Una de las medidas más polémicas que el Gobierno adoptó en su decreto de recortes de 2012 fue la rebaja del 50% del sueldo en caso de baja por enfermedad (los tres primeros días, los subsiguientes hasta el vigésimo son del 25%, y a partir de ahí se cobra el 100%).
Algunas comunidades autónomas y ayuntamientos completan el sueldo de sus empleados en estos casos desde hace un año y medio aproximadamente. Pero esto no ocurre de manera generalizada y tampoco entre los trabajadores de la Administración General del Estado, entre otros. “Colocan al empleado público en la disyuntiva de acudir o no a trabajar aunque un médico le haya recomendado quedarse en casa”, lamenta Monell.
Su reivindicación es que se separe el problema del absentismo de las bajas justificadas por enfermedad. “Nosotros estamos dispuestos a apoyar alternativas que penalicen el absentismo, pero unas vacaciones o una enfermedad no lo son”, defiende.
