Las mayores economías del mundo han apoyado un acuerdo de reforma fiscal global que impondría un gravamen mínimo (15%) a las empresas multinacionales. El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, ha afirmado esta sábado que el G20 ha llegado a un acuerdo para respaldar el mecanismo de fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio por 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo de la OCDE.
“Los países del G20 se han puesto aquí de acuerdo en que quieren abordar un nuevo orden tributario internacional”, dijo Scholz en declaraciones a los medios acreditados en Venecia.
En un comunicado los organizadores de la reunión de los países más ricos señalaba que es “un acuerdo histórico sobre una arquitectura fiscal internacional más estable y justa” y el G20 invitaba “a todos los miembros de la OCDE... que aún no se han unido al acuerdo a hacerlo”. Además de pide a todos los países que participan en las negociaciones que “aborden rápidamente las cuestiones pendientes y finalicen los elementos de diseño” antes de la próxima reunión del G20 en octubre.
El acuerdo consiste en fijar un impuesto mínimo de Sociedades del 15% sobre los beneficios y que las empresas tengan que tributar sus ganancias en los países donde hacen negocio.
Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20 se han reunido durante dos días en Venecia y han llegado a un acuerdo político para secundar este sistema, que tratará de evitar que las multinacionales evadan impuestos o desvíen sus beneficios a paraísos fiscales.
España ha respaldado en el G20 el histórico acuerdo alcanzado en el marco de la OCDE para avanzar hacia un sistema fiscal más justo y sostenible, en una reunión marcada por la recuperación económica y los trabajos para reforzar la cooperación económica multilateral ante los nuevos retos globales, según ha explicado el Ministerio de Asuntos Económicos en un comunicado.
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado tras años de negociaciones y un trabajo muy activo por parte de España en el marco multilateral para alcanzar un acuerdo.
“Este es un acuerdo sin precedentes para tratar de establecer un sistema más justo y sólido a nivel global, adaptado al siglo XXI. Es un acuerdo histórico, pero no es el final del camino, es el principio de un proceso en el que debemos seguir trabajando a nivel global y europeo”, ha afirmado la vicepresidenta Calviño tras la reunión.
Este acuerdo político abre un proceso de negociación para cerrar elementos técnicos y permitir que más países puedan sumarse antes de la reunión de jefes de Gobierno del G-20 en octubre en Roma. Los gobiernos de Irlanda, Hungría, Estonia y Chipre se desmarcaron del acuerdo frente al resto de los países de la Unión Europea.
De todas maneras, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, impulsora de la fiscalidad global, ha apuntado que aunque el G20 intentará que los pequeños países que se resisten acepten el acuerdo “no es esencial que todos los países estén a bordo para avanzar”.
Planes de recuperación
En la reunión, los ministros han tratado la situación de la economía global y la respuesta dada a la crisis, subrayando el papel de las medidas de apoyo para evitar daños estructurales y preservar el tejido productivo y la estabilidad financiera.
Los países se han comprometido a seguir manteniendo una política expansiva para apoyar la recuperación, evitando cualquier retirada prematura de medidas de apoyo a trabajadores y empresas, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Los miembros del G-20 han destacado también la importancia de mantener los esfuerzos de cooperación en el ámbito sanitario, especialmente en los países en desarrollo.
Otro de los temas clave de la reunión ha sido la acción climática en el ámbito de las finanzas. Los ministros se han comprometido a abordar, en la cumbre del mes de octubre, una hoja de ruta para promover las finanzas sostenibles.
España apoya la inclusión de la política medioambiental en la agenda global del G20 y respalda la movilización de recursos para promover la transición verde y la resiliencia frente al cambio climático, con mecanismos como el precio del carbono o los impuestos medioambientales, según asegura el Ministerio en un comunicado.