Tres años después de su lanzamiento, la principal herramienta de la Unión Europea y del Gobierno para luchar contra el paro juvenil no despega. En agosto, solo 325.000 jóvenes españoles se habían registrado en la Garantía de Empleo Juvenil, lo que supone un 27,8% de los casi 1,2 millones que podrían beneficiarse de ella.
La falta de voluntad política, los estrictos requisitos de inscripción y las trabas burocráticas están detrás de los malos resultados de España, uno de los países que está teniendo mayores dificultades para implementar esta herramienta, según las organizaciones españolas y europeas de defensa de la juventud.
El objetivo de la Garantía es que los europeos de entre 16 y 25 años que se queden en paro reciban una oferta de trabajo, prácticas o formación en los cuatro meses siguientes a perder su empleo. En el caso de España, se puede optar hasta los 30 años si no se ha tenido trabajo ni formación en los últimos treinta días. Según el INE, a finales de julio había en España 1.167.000 personas de entre 16 y 30 años que no habían trabajado en el último mes y que podrían haberse acogido a este esquema.
Aunque las inscripciones en España se han cuadruplicado desde las 60.000 de mayo de 2015, el alcance del programa sigue por debajo de la media europea, que se sitúa en un 41,9%, según la Comisión Europea. Una cifra que invita poco al optimismo sobre un programa destinado a paliar una de las mayores lacras en la Unión.
A la cabeza
España tiene la segunda tasa de paro juvenil más alta de Europa, un 43,2%, solo por encima de Grecia, y es el país que más fondos ha recibido: 1.887 millones de euros, casi un tercio de los 6.400 millones destinados a los Veintiocho para el periodo 2014-2020. Madrid ha gastado ya unos 1.400 millones, el 73%, en línea con otros países europeos, aunque no es quien mejor los ha empleado.
Si se compara con otros grandes países de la eurozona, Italia, que recibió poco más de la mitad que España (1.135 millones) ha cubierto casi tres veces más personas. Francia, por su parte, recibió un tercio del dinero de España (unos 620 millones) y ha cubierto a más de la mitad (167.000 personas).
El país también lo ha hecho en general peor que otros a la hora de alcanzar a los ninis – jóvenes que no estudian ni trabajan-, ya que solo un 10,7% de este colectivo se ha beneficiado de la Garantía pese a que España tiene una de las tasas de ninis más altas de Europa, de un 22%, según la OCDE. Cuando se presentó el programa en 2014 el Gobierno calculaba que unos 858.000 jóvenes entraban en este grupo.
En lo que España supera a sus socios es en el porcentaje de jóvenes que abandonó el programa con una oferta de trabajo o formación bajo el brazo, que alcanzó el 74,3% frente al 24% de Francia o Grecia, el 50% de Alemania o el 38% de Irlanda. Ahora bien, la Comisión Europea no precisa si estas ofertas fueron contratos indefinidos, a tiempo parcial, o simplemente prácticas o cursos de formación, y se limita a señalar que en el conjunto de la Unión dos tercios fueron contratos indefinidos.
Esta es precisamente una de las principales críticas del Consejo de la Juventud Español, que cree que existe falta de transparencia por parte del Ministerio de Empleo a la hora de informar sobre los resultados de la Garantía y que no se está haciendo un seguimiento adecuado de quienes participan.
“No nos están proporcionando herramientas para evaluar rigurosamente cómo se está aplicando”, dice Víctor Reloba, responsable del Área Socioeconómica del Consejo. “No se nos da información sobre cuánto tardan en procesar las solicitudes ni qué respuesta reciben”, añade.
La directora del Fondo Europeo de la Juventud, Johanna Nyman, apunta a que uno de los mayores problemas que encuentran es la baja calidad de las ofertas, que muchas veces consisten en prácticas no remuneradas.
Para estas organizaciones el escaso impacto de la garantía se explica por las carencias en la implementación y la falta de una campaña de comunicación adecuada para informar a los jóvenes, pero sobre todo a “la falta de voluntad política”.
Desde el Consejo Español critican además que la mayor parte de las ayudas se destinan a bonificar a las empresas para que contraten a estos jóvenes, un enfoque que consideran erróneo porque “no favorece la creación de empleo sino que solo reduce el coste para el empleador”. De la misma opinión es el sindicato UGT, para quien “los resultados del plan de Garantía Juvenil constatan el fracaso del gobierno para solucionar los problemas de la juventud”.
Con todo, las organizaciones conceden que se han hecho progresos, especialmente con la puesta en marcha de una red para que los jóvenes puedan inscribirse presencialmente. La Comisión comparte este punto de optimismo y señala que el desempleo juvenil en España se ha reducido un 7% desde 2013.
Bruselas ha anunciado que dará 2.000 millones de euros más a los estados para financiar esta iniciativa hasta 2020, un incremento escaso si se tiene en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo calcula que harían falta 21.000 millones para la tarea.