El Plan nacional de respuesta al impacto económico de la guerra que prepara el Gobierno y el resto de partidas que se dediquen al mismo propósito en los próximos meses supondrán un aumento del gasto que condenará a las cuentas públicas a revivir otro ejercicio similar a 2021 en términos de déficit y de deuda, en un escenario, ya irremediable, de frenazo del crecimiento económico.
Según un informe de JP Morgan publicado este jueves, España puede despedirse del objetivo de reducir el sobreendeudamiento del 118,7% respecto al PIB en este 2022, que se cerrará con un exceso de gasto del 6,4% respecto a los ingresos, tras el 6,8% del año pasado y el 10,1% de 2020.
Este conjunto de medidas, cuyo primer gran paquete se aprobará en el Consejo de Ministros del martes 29 de marzo, tendrán como prioridad aliviar el golpe de la subida del precio de la electricidad y de los combustibles a las familias más vulnerables y los sectores más intensivos en energía.
El Ejecutivo ha retrasado el plan en las últimas semanas, pese al pico de inflación por la escalada del gas y del petróleo en los mercados internacionales por la invasión de Ucrania y pese a la creciente la conflictividad social -con el paro en el sector del transporte por carretera como principal frente-, a la espera del marco que salga del Consejo Europeo. También por el escaso margen fiscal con el que cuenta tras la pandemia de coronavirus, durante la que la deuda pública llegó a aumentar cerca de 25 puntos porcentuales respecto al PIB, desde el 95,5 % de 2019 (ver gráfico).
“Un crecimiento más lento junto con medidas para proteger a familias y empresas significa que las cuentas [del Estado] no mejorarán tanto como se esperaba”, advierte el informe de JP Morgan, que incide en que “es posible que España requiera más deuda para aliviar el aumento de los precios”.
“La Administración de Pedro Sánchez parece reacia a adoptar decisiones con un impacto presupuestario significativo en el corto plazo”, admite el economista Marco Protopapa en el informe del banco de inversión al que tenido acceso elDiario.es. “La cautela refleja un deseo de ganar tiempo para ver dónde se asientan los precios y, en términos más generales, preocupaciones sobre la reacción del mercado ante una mayor emisión de deuda en momentos en que el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado un calendario de retirada de estímulos más rápido”, continúa.
“No se ha anunciado nada nuevo a pesar de las protestas generalizadas de los camioneros y las noticias de empresas intensivas en energía en los sectores del acero, del cemento o de la celulosa que reducirán drásticamente la producción en marzo”, se extraña el experto.
España sigue disfrutando de unas condiciones de financiación inmejorables, que ahora peligran, gracias a la extraordinaria actuación del BCE desde 2020 y al fondo de recuperación Next Generation EU. Por primera vez, los acreedores acabaron pagando de media por la deuda emitida en 2021. Y en 2022, hasta febrero, el coste de los bonos colocados se queda en el 0,43%, por debajo del coste medio de toda la deuda en circulación, que está en el mínimo histórico del 1,55% y que por lo tanto se seguirá reduciendo.
La carga de intereses -la factura que se paga cada año por la deuda- está cerca de un pago anual del 2% respecto al PIB, frente al 3,5% de la crisis del euro. “Estos niveles permiten un mayor margen de maniobra para el gasto público”, según defendía recientemente la ONG Finance Watch y otras organizaciones en un manifiesto que denunciaba que “el objetivo de la política económica en Europa no debe ceñirse únicamente a reducir la deuda”.
Frenazo al crecimiento
2022 era el año en el que la recuperación, impulsada por el fondo de la Unión Europea (UE), debía comenzar a arreglar la ratio de endeudamiento, pero el impacto de “la guerra de Putin”, como la denomina el Gobierno, en el crecimiento es incuestionable. JP Morgan ha sido el último banco de inversión en rebajar drásticamente su pronóstico para 2022 para la actividad económica de España, de un avance del 6% al 4,2%.
“Nuestras revisiones a Italia y España han sido más profundas que a las otras grandes economías de la eurozona, lo que refleja un choque energético e inflacionario relativamente mayor”, destaca Marco Protopapa.
“Hasta la guerra, el análisis que había era que la inflación era temporal, que bajaría, pero con la invasión de Ucrania no va a caer, y va a acelerar más. ¿Cómo se puede paliar? El problema es que otra vez nos pilla en un mal momento, en récord de deuda pública y déficit importante, y la respuesta tiene que ser fiscal, de aumento del gasto para sostener la demanda, pero sin empeorar mucho más el endeudamiento”, reflexionaba la semana pasada Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la UCM y subdirector de Fedea, en declaraciones a elDiario.es.
“Lo que puede acabar generando una recesión es el tipo de políticas que se adopten como respuesta a la inflación y el peligro que hay es que el mainstream económico solo sabe aplicar políticas monetarias restrictivas”, alertaba, por su parte, Albert Recio, profesor de economía aplicada de la UAB y miembro del consejo científico de Attac, en el mismo contexto.
Sin bajada de impuestos
El lunes, Unai Sordo, el secretario general de CCOO, destacó “que no compartimos que esto se resuelva con una bajada de impuestos, ya que no significaría una bajada de precios y sería una merma de los ingresos fiscales cuando necesitamos más gasto público para proteger a las familias más vulnerables”.
Sordo aviso de que empobrecer al Estado puede derivar en políticas de austeridad en unos años, dado el sobreendeudamiento de España. “La baja de impuestos es una trampa”, dijo.
En la misma línea, este martes, Calviño afirmó durante la sesión de control al Gobierno en el Senado que “si bajas los impuestos y esa bajada se ve absorbida inmediatamente por una subida de precios de la energía lo que hacemos es empobrecer al sector público sin tener ningún resultado positivo sobre la población”.