El clamor ciudadano que exige que se adopten ya medidas para frenar la imparable escalada de precios se extiende por todo el país. A las protestas callejeras de los sectores más afectados –este miércoles salieron a las calles de 58 ciudades miles de personas convocadas por los principales sindicatos pidiendo que la crisis no la paguen los trabajadores– se han sumado en las últimas horas los cierres de algunas industrias, las amenazas de otras grandes empresas con parar su producción y la presión de todos los grupos de la oposición, a izquierda y derecha del Gobierno. Todos consideran que no se puede esperar más y que el Ejecutivo debe actuar antes del Consejo de Ministros del próximo día 29, la fecha a la que el equipo de Pedro Sánchez sigue remitiéndose para adoptar medidas que, apuntan, tendrán “efectos inmediatos” sobre la economía.
La sesión de control al Ejecutivo que tuvo lugar este miércoles en el Congreso evidenció ese clamor de todos los partidos exigiendo actuaciones inmediatas. El PP utilizó su habitual retórica para tratar de desgastar a Sánchez sosteniendo que España está en una situación de “colapso” porque el Gobierno no “reacciona” ni toma iniciativas ante la crisis. La coordinadora general de los populares, Cuca Gamarra, exigió a Sánchez adoptar “ya medidas” que permitan que los combustibles estén a “unos precios razonables”.
“Hasta el momento usted no ha hecho nada y no es una opción no hacer nada. Los españoles no confían en usted. Vemos cómo en países de nuestro entorno sí se toman medidas pero en España su presidente huye y se parapeta en la UE para retrasarlas”, añadía, aludiendo así al principal argumento del Gobierno para aplazar la toma de decisiones: que estas tienen que ser consensuadas con los socios comunitarios durante el Consejo Europeo que comienza este jueves en Bruselas.
Vox aseguró que el Gobierno “ha perdido las calles”, una idea que también fue defendida por fuerzas de izquierda que habitualmente son aliadas parlamentarias del Ejecutivo. Uno de los más duros fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que aseguró que “a la izquierda” no la “entiende nadie” y que debe dejar de militar sólo en la “moral” para hacerlo también “en la utilidad”, impulsando medidas que sirvan para paliar la actual crisis económica.
Unidas Podemos también reclama medidas “urgentes”
Íñigo Errejón, portavoz de Más País, otro de los partidos que suele aliarse con el Gobierno, le espetó a Sánchez que, a su juicio, la legislatura se encuentra en un “momento de bifurcación” en el que el Ejecutivo debe decidir ya si adopta medidas progresistas para paliar las alzas de precios. Y el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, consideró que el de coalición es un “Gobierno del vuelva usted mañana” por su demora en actuar para frenar la inflación.
Incluso el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, acudió a la reunión con el Gobierno dentro de la ronda iniciada la semana pasada con todos los grupos parlamentarios, reclamando a sus propios ministros –en el encuentro estuvo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz– la “necesidad de llevar a cabo, de forma urgente, medidas eficaces que sirvan para bajar los precios tanto de la electricidad como de los carburantes”. Todos los partidos que se vieron este miércoles con el Gobierno denunciaron lo mismo: que Moncloa evita concretar cuáles son sus planes frente a la crisis a la espera del Consejo Europeo.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, compareció al mediodía sin dar detalles sobre esas medidas. Sí remarcó que la intención del Ejecutivo es desplegar “toda la capacidad que tiene el Estado” para proteger a los ciudadanos con “servicios, derechos y prestaciones”, y que la “prioridad” del Gobierno es reducir el precio del gas, la electricidad y los combustibles.
Se trata exactamente de lo que le piden desde las calles transportistas, agricultores, ganaderos, autónomos y otros sectores a los que ese alza de los precios está condicionando su actividad laboral hasta el punto de tener que frenarla para no acumular mayores pérdidas. La industria de la alimentación y el gran consumo pide medidas inmediatas y asume que, en caso de no tomarse, la crisis tendrá un impacto en el empleo.
La industria se plantea ERTE
La patronal de la alimentación FIAB, se plantea ya recurrir a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), una estrategia que comparten la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC) o Asedas, agrupación en la que están empresas como Mercadona o Lidl. La petición de medidas llega también de la industria del automóvil o la química. Y, mientras tanto, crece el número de compañías, principalmente de la industria, que están teniendo que cerrar sus centros de producción principalmente por el paro de una parte de los transportistas.
El presidente del área de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), Carmelo González, reconoció el martes en una entrevista en Onda Cero el riesgo de que España se pare esta misma semana. Entre las empresas que han tenido que interrumpir sus procesos de fabricación y se han visto obligadas a cerrar temporalmente sus plantas ante la falta de suministro están Azucarera, Calvo o Cuétara.
La falta de componentes ha paralizado las fábricas de Mercedes en Vitoria y de Volkswagen en Pamplona. Sin suministros, también han frenado su actividad Papresa, en Gipuzkoa, o BSH, en Zaragoza. El precio de la luz ha paralizado la planta de Arcelor, en Asturias, y la flota pesquera se encuentra amarrada en su totalidad en Galicia y Andalucía. Este martes, compañías como Danone, Lactalis, Mahou San Miguel o Heineken-Cruzcampo anunciaron también que paralizarán sus plantas en España, algo que la semana pasada ya advirtió Estrella de Galicia.
Ante esta situación, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana decidió adelantar a este jueves las reuniones con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que reconoce como legítimo a pesar de que solo están en él algunas de las organizaciones que mantienen activos los paros y a que el Gobierno sigue insistiendo en que no puede adoptar medidas de calado hasta calibrar el apoyo de los socios europeos.
“El Ejecutivo está plenamente comprometido con el sector del transporte”, aseguraron este miércoles fuentes de Transportes, que explicaron que en la reunión de este jueves se abordarán “de forma concreta y definida medidas eficaces” y mantendrán “el diálogo con los legítimos representantes del sector el tiempo que sea necesario”. “Tenemos la firme voluntad de alcanzar un acuerdo”, añadieron. Es lo que urge en la calle, las grandes industrias y todo el espectro político, a izquierda y derecha del Gobierno.