El histórico shock inflacionario que enfrenta la economía española suma factores que lo están agravando por momentos. A las consecuencias heredadas por la pandemia –la explosión de demanda y los cuellos de botella en el comercio mundial–, se ha unido en las últimas semanas el golpe directo de la guerra en Ucrania sobre las importaciones de petróleo y gas (y por tanto, sobre los combustibles y la electricidad), sobre materias primas industriales como el aluminio y sobre los cereales.
Y ahora se añade el impacto del paro del sector del transporte por carretera, que está provocando problemas de abastecimiento, que implicarán más aceleración de las subidas de precios en el corto plazo, y especialmente sobre productos de primera necesidad como los lácteos, el pan, la harina, el pescado y otros alimentos frescos.
El IPC (índice de precios al consumo) viene de marcar en febrero un récord interanual de 36 años del 7,6% y registrará irremediablemente otro máximo en marzo. Y este indicador se ensaña con las familias más pobres. Según distintos estudios realizados con datos de Eurostat para el conjunto de la eurozona, son las rentas más bajas las que más dinero dedican respecto a su gasto total a los bienes y servicios básicos, los más tensionados.
Concretamente, según calcula la agencia de calificación de deuda Moody's, la quinta parte con menos renta disponible de las familias europeas gasta un 15% en alimentos y un 7% en suministros de electricidad, gas y en distintos combustibles. Mientras, las rentas más altas dedican a estos mismos productos solo un 11% y un 4%, respectivamente, sobre su gasto total.
En España, según el IPC, los precios de los alimentos subieron en febrero un 5,6% respecto al mismo mes de 2021; los de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, hasta un 25,4%; y los del transporte, el 12,8%. Estos tres epígrafes de la cesta de la compra sobre la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) construye el índice general son los que más han acelerado desde que en octubre la inflación aceleró a tasas de más del 5% (ver gráfico). Esta misma tendencia se vio en el anterior pico del IPC en España, en julio de 2008, en pleno estallido de la Gran Crisis Financiera. “A la inflación se la puede considerar el impuesto a los pobres”, recuerda Josep Bertran, profesor de Finanzas de la EAE Business School.
Una demanda que no se puede sustituir
“Estos productos presentan una demanda muy rígida que dificulta buscar sustitutos (uno puede dejar de ir de vacaciones si le sale muy caro, pero resulta más difícil limitar la calefacción en los meses de invierno, por ejemplo), por lo que la subida de la inflación está teniendo un impacto desigual por tramos de renta”, apunta Rita Sánchez Soliva, economista de Caixabank Research, en un informe reciente en el que lamenta que “el patrón actual de subida de precios está afectando especialmente” a las familias más pobres.
“Los efectos perversos de la inflación sobre las rentas más bajas son demoledores, porque dedican una proporción mayor del salario o de los ingresos a productos básicos”, coincide el profesor Josep Bertran, quien añade, por otra parte, que “cuanto más sube la inflación, más IVA se paga, ya que se recarga el mismo porcentaje sobre un precio mayor”.
El equipo de analistas de Moody's demuestra en un análisis histórico que “cuando suben los precios del petróleo, el gasto de los consumidores en alimentos es más resistente que otros gastos”. En definitiva, y en consonancia con el ejemplo de Rita Sánchez, es fácil aplazar la decisión de disfrutar de un crucero en un contexto inflacionario, pero no se puede prescindir de comprar pan.
“Además, esta subida de los precios se está produciendo cuando, en algunos países, la renta disponible de las familias todavía no se ha recuperado del fuerte impacto negativo sufrido por la crisis de la COVID y en los casos en los que sí, apenas compensa el aumento que está experimentando el coste de la vida”, recalca la economista de Caixabank Research.
Sobre el efecto en el IVA que cita Bertran, la presidenta de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef), Cristina Herrero, indicó la semana pasada que “la inflación en los productos y servicios en los que menos varía la demanda [con la luz, el combustible o el pan] subirá la recaudación del IVA en hasta 3.500 millones”, dejando margen fiscal para responder al golpe económico de la guerra.
Plan de respuesta a la guerra
Gobierno, sindicatos y patronal celebraron este lunes la última reunión sobre esta respuesta sin poder concretar las medidas del Plan Nacional de medidas al impacto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, más allá del anuncio previo sobre la bonificación del gasóleo profesional de 500 millones de euros para el sector del transporte por carretera. Los detalles tendrán que esperar al marco que se establezca en el Consejo Europeo de este jueves 24 y viernes 25 de marzo, según insisten desde el Ejecutivo. El paquete se aprobará finalmente en el Consejo de Ministros del 29 de marzo.
Gobierno y sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, coinciden en que la prioridad ante el actual shock inflacionario es la reducción del coste de la electricidad y de los combustibles. Pero los representantes de los trabajadores insisten en la necesidad de proteger a las familias más vulnerables, con la propuesta de establecer un control de las subidas de los alquileres en las revisiones de precio ligadas al IPC, y niegan que la solución pase por bajar impuestos.
El paquete de protección social que mencionaron la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, Unai Sordo, secretario general de CCOO, y Pepe Álvarez, su homólogo en UGT, es la contraprestación que exigen los sindicatos en el proceso de negociación colectiva, denominado pacto de rentas, que plantea repartir los daños del incremento de los precios y de los costes por la guerra, junto al cambio del sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad, por el que se paga en cada momento el MWh más caro que se produce, en este caso el de un gas disparado.
“Hay que hablar del precio de la vivienda y de bonos sociales para paliar la subida del precio de la energía, y concretamente de la electricidad”, incidió Pepe Álvarez. “No quiero ni pensar en el golpe que están recibiendo los inquilinos que tienen que renovar su alquiler ligado al IPC”, añadió Sordo.
Los representantes de los trabajadores asumen que en el pacto de rentas las subidas salariales que se acuerden tendrán que establecerse en un ciclo de “dos o tres años”. Estas alzas deberían compensar la pérdida de poder adquisitivo por el pico de inflación, que podría alargarse según la duración de la guerra y de las sanciones internacionales a Rusia hasta llegar a provocar una recesión en el peor de los escenarios.
“Luchar contra la inflación implica sacrificios para todo el mundo”, reconoce Josep Bertran, de EAE Business School, quien indica que “el poder adquisitivo sufre en términos reales aunque se subieran los salarios al ritmo de la inflación, al incrementarse el pago de impuestos”.
UGT: “La escalada de la energía es irregular y especulativa”
Los sindicatos denuncian que “hay productos que se están encareciendo sin razones objetivas, por procesos de especulación, y el Gobierno tiene que tener instrumentos para intervenir”, en palabras de Pepe Álvarez. “La escalada de la energía es irregular y especulativa” y “España no puede retribuir el MWh a 200 euros, cuando se está produciendo a 20 euros o por debajo”, según Sordo, quien destacó el lunes “que no compartimos que esto se resuelva con una bajada de impuestos, ya que no significaría una bajada de precios y sería una merma de los ingresos fiscales cuando necesitamos más gasto público para proteger a las familias más vulnerables”.
El secretario de general de CCOO advirtió también que empobrecer al Estado puede derivar en políticas de austeridad en unos años, dada la vulnerabilidad de España, que soporta un sobreendeudamiendo cercano al 120% del PIB, actualmente. “La baja de impuestos es una trampa”, dijo.
Sin bajar impuestos
En la misma línea, este martes, Calviño afirmó durante la sesión de control al Gobierno en el Senado que “si bajas los impuestos y esa bajada se ve absorbida inmediatamente por una subida de precios de la energía lo que hacemos es empobrecer al sector público sin tener ningún resultado positivo sobre la población”.
“Hay que evitar la espiral de precios y salarios, y el pacto de rentas es fundamental, porque es una locura subir los salarios para toda la pérdida de poder adquisitivo que se va a dar, y para ello hay que alcanzar acuerdos de mejoras plurianuales. Y hay que hacerlo bien, porque si se hace mal la economía de España perderá competitividad y el sector exterior es crucial para la recuperación”, explica Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense. El también subdirector de Fedea añade que, por la otra parte de la negociación, hay que conseguir que “las empresas no tengan márgenes extraordinarios, algo que no ocurrirá si hay competencia entre ellas, si compiten en precios”.
“Si suben márgenes es que no hay competencia y tendrían que sufrir sanciones por parte de las autoridades”, en opinión de Conde-Ruiz, que reconoce que esta es la parte más complicada del pacto de rentas. “Otra opción es subir impuestos, pero hacerlo de forma generalizada no es lo más adecuado, sino en los sectores tensionados”, concluye.