9 de febrero. Es la fecha que está marcada en rojo en el calendario de la UE para que queden finiquitados todos los acuerdos legislativos y que dé tiempo a que se aprueben formalmente en el Consejo y la Eurocámara, que celebra su último Pleno entre el 22 y el 25 de abril. Uno de los expedientes más importantes es el del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que vuelve a aplicarse este 2024 tras cuatro años suspendido por la pandemia, primero, y la guerra en Ucrania y sus consecuencias, después. Esa negociación funciona ya a pleno rendimiento, con tres reuniones previstas esta misma semana, a las que se suman otras tres ya celebradas. Los avances, eso sí, no han sido muchos, especialmente en lo mollar. El gran riesgo está en la protección del gasto social.
La Eurocámara tiene una posición más flexible respecto a la pactada por los gobiernos para el corsé fiscal que regirá a partir de ahora las finanzas europeas con la vista puesta en lograr que la deuda y el déficit estén por debajo del 60% y el 3% del PIB, respectivamente. Para ello coinciden en algo fundamental, que es que el déficit tenga que bajar un 0,5% anual cuando supere el 3%, como propuso la Comisión Europea para satisfacer a Alemania. Y también en que la deuda tenga que reducirse un 1% al año (cuando esté por encima del 90%, como el caso de España) y un 0,5% cuando esté entre el 90% y el 60%. La gran diferencia es que el Parlamento Europeo plantea un periodo de cómputo para esa reducción diez años mayor que el Consejo. Mientras que los gobiernos apuestan por que los planes de ajuste sean de cuatro años ampliables a siete (en función de si se llevan a cabo inversiones en cuestiones como la transición ecológica o digital), la Eurocámara quiere una flexibilidad mucho mayor: de 14 a 17 años.
Los eurodiputados, además, pactaron que a la hora de extender los planes de ajuste se tuviera en cuenta el cumplimiento de los objetivos del Pilar Social Europeo (políticas de empleo, lucha contra la pobreza y formación) y no sólo las transiciones ecológica y digital. Los objetivos para 2030 del Pilar Social Europeo son alcanzar una tasa de empleo de al menos el 78%, que el 60% de los adultos estén en formación y que el riesgo de pobreza se reduzca en quince millones de personas.
La aceptación de esa propuesta por parte del Consejo es complicada dado que llega a la negociación con escaso margen de maniobra. Los 27 tardaron meses en fijar su posición y el texto final se cerró mirando al milímetro cada palabra. Fuentes socialistas admiten, además, que para el Partido Popular Europeo y para los liberales de Renew no va a ser una prioridad, por lo que temen perder esa batalla, que fue una de sus banderas durante la tramitación parlamentaria.
“El compromiso final acordado por el Parlamento Europeo tiene una fuerte firma progresista que garantiza unas normas fiscales de la UE más justas que protegerán a los ciudadanos y a las empresas europeas contra la austeridad, reforzando las inversiones y los derechos sociales. Esto es a lo que aspiran los europeos”, señaló en diciembre la ponente de los socialdemócratas, Margarida Marques.
A su favor juega que el voto del grupo S&D es determinante para que el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento salga adelante en la Eurocámara dado que no hay otra ecuación aritmética posible. La posición del Parlamento Europeo la apoyaron exclusivamente PPE, S&D y liberales.
En su contra está el tiempo. Todo el mundo en la UE quiere que haya unas nuevas reglas fiscales en vigor antes de que comience el periodo electoral. También los gobiernos socialdemócratas. ¿La razón? El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha reactivado en 2024 y la intención es aplicar ya este año las normas de reducción de déficit y deuda. Si no hay un nuevo marco, se aplicarían las anteriores, que son mucho más rígidas (la deuda debe reducirse en una veinteava parte al año cuando está disparada) y difícilmente aplicables en la práctica, dado que las sanciones son tan elevadas que nunca se han puesto en marcha (0,2% del PIB cada semestre de incumplimiento).
Con esos mimbres, la Eurocámara, el Consejo y la Comisión Europea intensificarán las negociaciones con tres reuniones (trílogos) para intentar zanjar uno de los expedientes más complejos de la legislatura esta misma semana y en el que tanto los gobiernos, pero también la Eurocámara, han hecho importantes cesiones a Alemania y los ‘frugales’.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.