Todos los gobiernos europeos son conscientes de que tienen que tomar medidas para aplacar al sector del campo, que está en pie de guerra a las puertas de las elecciones europeas (y varios comicios nacionales). Los ministros de Agricultura se reunirán el próximo lunes para abordar el asunto y la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa nuevas medidas para intentar aliviar las cargas de los agricultores. A la extensión de un año de la derogación de las normas del barbecho o la retirada de la legislación para reducir el uso de los pesticidas químicos, el ejecutivo comunitario añade ahora un paquete de medidas para suavizar las condiciones medioambientales de la PAC y se abre a revisar el paquete que se pactó en 2021.
Bruselas admite que las condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) que los agricultores deben cumplir para recibir las ayudas de la PAC se han demostrado ser “difíciles de aplicar en determinadas circunstancias”. A partir de ahí, plantea una serie de simplificaciones. Una de ellas tienen que ver con el mantenimiento de los pastos permanentes, que tienen como año de referencia 2018. El cambio que propone la Comisión es que los “cambios estructurales causados por la reorientación de los mercados” no obliguen a los agricultores a hacer tierras cultivables en pastos. También se abre a flexibilizar las prácticas agrícolas posibles durante los periodos sensibles para dar un mayor margen.
Otra de las modificaciones tiene que ver con la simplificación de los controles con la intención de reducir hasta un 50% el número de inspecciones a las explotaciones agrícolas. “La Comisión propone racionalizar y aclarar cómo evaluar la calidad del sistema de seguimiento de superficies. Este último es un sistema basado en el análisis automatizado de imágenes por satélite de Copernicus, destinado a reducir las inspecciones en las explotaciones, ayudar a los agricultores a evitar errores e imponer sanciones, así como a facilitar la notificación. Con menos visitas de la administración para gestionar, los agricultores dispondrán de más tiempo para dedicarse a su trabajo principal”, señala el gobierno comunitario en un comunicado.
También apuesta por aclarar los conceptos “fuerza mayor y circunstancas excepcionales” que permiten a los agricultores sortear algunas exigencias de la PAC cuando se producen acontecimientos o catástrofes que escapan a su control (como sequías o inundaciones). “Esta aclaración apoyará a las administraciones nacionales en la aplicación de esta disposición y garantizará su aplicación uniforme en toda la Unión. Esto también mejorará la seguridad de obtener ayuda de la PAC para los agricultores afectados por estos desafortunados acontecimientos. En términos más generales, la Comisión trabajará con los Estados miembros para determinar posibles formas de racionalizar los controles”, explica Bruselas.
La Comisión divide sus propuestas en corto y medio plazo. Entre las segundas, se abre a hacer cambios en los reglamentos de la PAC que se acordaron en 2021 y que entraron en vigor recientemente. “Una propuesta presentada puede consistir en eximir a las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas de los controles relacionados con el cumplimiento de los requisitos de condicionalidad (BCAM). Esta exención simplificaría significativamente el trabajo diario de los pequeños agricultores, que representan el 65 % de los beneficiarios de la PAC, manteniendo al mismo tiempo las ambiciones medioambientales de la PAC, ya que las pequeñas explotaciones solo cubren el 9,6 % de las zonas que reciben ayudas de la PAC”, recoge el comunicado.
Todas esas medidas se analizarán en el Consejo de Agricultura que se celebrará en Bruselas el próximo lunes 26 y que se convocó en plenas protestas, que llegaron a la capital comunitaria coincidiendo con la reunión de los líderes de la UE el pasado 1 de febrero. Para entonces, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había lanzado algunos guiños, como el lanzamiento de un diálogo estratégico sobre el sector del campo. Sin embargo, fue insuficiente para los agricultores, que mantuvieron sus movilizaciones. Ahora Bruselas también anuncia una encuesta al sector para “identificar sus principales fuentes de preocupación y a comprender las fuentes de carga administrativa y complejidad derivadas de las normas de la PAC, así como de otras normas de la UE para la alimentación y la agricultura en la UE”.