El gobernador del Banco de España advierte de la “fragilidad” de la economía española ante “perturbaciones externas”

El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha echado un jarro de agua fría ante las perspectivas de crecimiento económico en el Informe Anual del Banco de España correspondiente a 2017. El responsable del regulador advierte de que hay “cierto grado de vulnerabilidad ante posibles perturbaciones externas” y recuerda que “la expansión se ha visto sustentada por algunos elementos cuyos efectos tenderán a agotarse gradualmente, lo que incluye las políticas monetaria y fiscal”, ante el posible final de los estímulos monetarios del BCE y la supuesta subida de tipos.

A pesar de los sacrificios que ha tenido que realizar la población española durante los años más duros de la crisis y que el mismo señala que “en 2017 se prolongó, por cuarto año consecutivo, la recuperación de la economía española” con un crecimiento del 3,1% del PIB, Linde alerta de que aunque “los avances son indudables, el esfuerzo que la sociedad española debe realizar para consolidar y mejorar lo alcanzado es también significativo”.

La deuda pública es la principal rémora a la que apunta Linde, “lo que hace que la economía española continúe presentando un grado notable de vulnerabilidad ante posibles perturbaciones, especialmente en un contexto en el que cabe esperar que las políticas de demanda proporcionen un estímulo cada vez menor al crecimiento”.

“Entre las fuentes de fragilidad de nuestra economía, continúan siendo importantes: la posición deudora neta frente al exterior, que sigue siendo elevada; la ratio de deuda pública se encuentra próxima a su mayor cota histórica”, explica el gobernador.

También coloca entre “los desafíos” como un elemento “preminente” la corrección del “desequilibrio de las cuentas públicas, tarea urgente, dadas las consecuencias negativas que comporta el mantenimiento de un nivel de endeudamiento de las Administraciones Públicas tan elevado como el actual”.

Aunque no especifica medidas, el responsable del Banco de España asegura que “existe margen para aumentar la eficiencia del gasto público y reorientar su composición hacia aquellas partidas con mayor incidencia sobre la productividad”, mientras que pide al Gobierno hacer “una revisión y definición de la cesta de impuestos hacia estructuras más favorables al crecimiento de medio plazo”.

Otra de las peticiones de Linde al Ejecutivo es la reforma de la financiación autonómica -ya que estas administraciones son “responsables de más del 40% del gasto público”- con el objetivo de “adecuar los ingresos a las necesidades de gasto, de garantizar su reparto de manera transparente y de incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal”.

Loa a la política económica de Rajoy

Linde no tiene reparos en alabar la política económica del Gobierno de Mariano Rajoy: “El balance provisional de la recuperación encierra elementos positivos, cuyas raíces pueden situarse en las políticas económicas puestas en marcha desde la recesión”.

De hecho, el gobernador hace una loa a las medidas más polémica del Ejecutivo como son el rescate bancario y la reforma laboral. “Son destacables el papel desempeñado por las reformas del mercado de trabajo (que han contribuido a restablecer la competitividad perdida durante la fase expansiva anterior) y la recapitalización y saneamiento de las entidades de crédito”, añade.

Las alabanzas a la reforma laboral no impiden que Linde también señale como “reto especialmente acuciante” a la necesaria disminución del desempleo. El gobernador le compra el discurso al Gobierno y sitúa al empleo como la mejor herramienta para acabar con la desigualdad. “Reducir el desempleo (en particular, el de larga duración) es una de las principales palancas para favorecer un crecimiento socialmente sostenible, que promueva una distribución de los beneficios de la recuperación económica entre el mayor número posible de segmentos de la población”, apunta.

Trabajo para mayores e inmigrantes

En cuanto al sistema de pensiones, Linde apunta al reto demográfico y llama la atención a que las jubilaciones parten “una situación inicial deficitaria y se verá presionado por el efecto del envejecimiento de la población”. Por este motivo, apunta a diseñar una estrategia con “un mecanismo de ajuste automático que garantice su sostenibilidad” y reforzar “la relación entre las contribuciones y las prestaciones”, es decir, rechaza que las pensiones suban según el IPC como ha establecido el Gobierno en el proyecto de Presupuestos de 2018.

En este sentido, el gobernador también señala que como “el envejecimiento poblacional afecta negativamente a las tasas de actividad y de ocupación” son “necesarias medidas que favorezcan la participación en el mercado laboral de los grupos poblacionales de mayor edad”, es decir, apunta a más retrasos en la edad de jubilación.

También para paliar la despoblación, el gobernador del Banco de España subraya la necesidad de “políticas que favorezcan la conciliación entre la vida laboral y la familiar y, por tanto, que fomenten la natalidad”, y hace un llamamiento a cambiar “la política migratoria” de manera que vaya “acompasada a las necesidades del mercado laboral”.

Productividad y costes laborales

Aunque en el informe se apunta “ un cierto repunte del ritmo de aumento de la productividad total de los factores”, no obstante, el crecimiento “sigue siendo reducido”, lo que exige, según Linde, “aumentar la inversión en capital, tanto humano como tecnológico. El gobernador también recalca que ”desde el inicio de la crisis se ha observado un aumento de la distancia que separa a España del resto de economías europeas en términos del gasto en I + D, especialmente en el sector privado“.

Linde admite que han sido los trabajadores mediante la reducción de los costes salariales los que han pagado el incremento de productividad en los últimos años “mientras que los excedentes unitarios han permanecido prácticamente estables, por lo que sugiere ”la necesidad de introducir mejoras en la competencia en diferentes mercados de bienes y servicios“ aunque también apunta a ”barreras regulatorias“ como fuente de ”tasas reducidas de crecimiento de la productividad total“ por lo que propone ”la puesta en vigor y aplicación de la Ley de Unidad de Mercado“.