El Gobierno ha logrado convalidar el 'macrodecreto' que aprobó a final de año con numerosas medidas laborales y sociales y que incluía también la revalorización de las pensiones para este 2019, del 1,6% de manera general y del 3% en el caso de las mínimas y no contributivas. Lo hace con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto del PP y Ciudadanos, que se han abstenido. Unidos Podemos ha votado finalmente 'sí' tras lograr dos concesiones del Ejecutivo: un aumento de la pensión mínima por incapacidad permanente total y la bonificación de parte de las cotizaciones sociales de los trabajadores agrarios en los periodos de inactividad.
La ministra de Trabajo, Migraciones y de la Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha pedido a los grupos parlamentarios el apoyo al real decreto-ley por la “necesidad” y “urgencia” de que varias de las medidas que recoge estuvieran en vigor desde el 1 de enero. Además de la subida anual de las pensiones, el decreto incluye el aumento de protección social de los trabajadores autónomos, la prórroga del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED) y de la 'cláusula de salvaguarda' de las pensiones (por un año), entre muchas otras medidas.
Una de las principales razones para apoyar el decreto, ha defendido Valerio, ha sido evitar la subida del 0,25% de las pensiones en enero, dado que la reforma del PP de pensiones sigue vigente. Aunque el diputado del PP Carlos Floriano ha afirmado que podrían haberse incrementado igualmente un 1,6%, por estar plasmado este alza en los Presupuestos de 2018, la ministra ha negado esta posibilidad al estar recogida en una disposición adicional (cuyo contenido no se prorroga como el articulado de las cuentas públicas).
El PP se ha abstenido debido a sus diferencias con varias medidas incluidas en el 'macrodecreto', como la supresión del contrato estrella de Rajoy de “apoyo a emprendedores” y el complemento salarial para jóvenes que acordó el Ejecutivo del PP con Ciudadanos. Floriano ha criticado al Gobierno por “mezclar” la subida de pensiones con otras medidas de política laboral en un mismo decreto, que ha atacado por ir en contra del empleo “de las mujeres y los jóvenes”.
El diputado del PP también ha arremetido contra Ciudadanos, que había anunciado que votaría a favor del real decreto-ley “con la nariz tapada”, en palabras de su diputado Sergio del Campo. Aunque se pronunciaban en contra de la eliminación del complemento salarial para jóvenes y el retorno de la jubilación forzosa por convenio, había otras medidas que justificaban el apoyo de Ciudadanos al decreto. Pero, en el momento de la votación, los parlamentarios del grupo de Albert Rivera también se han abstenido.
El resto de grupos ha votado a favor de la convalidación del decreto, que se tramitará como proyecto de ley por la vía de urgencia. Este trámite parlamentario ha sido requerido por varios grupos en sus intervenciones, como PDeCAT, PNV y ERC, para poder introducir modificaciones en las cuestiones que no convencen a los grupos parlamentarios.
Unidos Podemos vota 'sí' a cambio de concesiones
Unidos Podemos advirtió la semana pasada al Gobierno socialista de que no contaba con su apoyo garantizado debido, sobre todo, a una medida: el límite en la cuantía mínima de la pensión por incapacidad permanente total que incluyó el real decreto-ley, al quedar desvinculada del salario mínimo.
La norma desvincula del SMI la pensión mínima para estos trabajadores. Solo estaba referenciada al salario mínimo en los casos de incapacidad debido a una enfermedad común, en aquellos trabajadores menores de 60 años y con cónyuge (pero no a cargo). El Gobierno incluyó en el decreto que la cuantía mínima se fije cada año a través de los Presupuestos Generales del Estado, y no conforme al 55% de la base mínima –que coincide con el salario mínimo– como estaba regulado hasta el momento.
El Ejecutivo justificó la modificación porque, con fuertes incrementos del SMI, “como el acaecido en 2019, hace que superen la cuantía de la prestación con cónyuge a cargo”.
Aumento de 78 euros al mes
Finalmente, en la negociación de los últimos días el Gobierno y Unidos Podemos sobre la convalidación del real decreto-ley han acordado mantener esta nueva manera de fijar la cuantía mínima (los Presupuestos), pero en este ejercicio la pensión mínima aumentará un 22%, lo mismo que si hubieran seguido ligadas al salario mínimo interprofesional.
Por ello, la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz (En Marea) ha defendido que su grupo parlamentario votaba sí “con satisfacción”. “Cuando hacen las cosas bien, estamos con ustedes”, ha apuntado Díaz, “pero si se ponen de parte de los fondos buitre como en la vivienda, les vamos a decir que no”.
El acuerdo entre las partes, al que se ha referido la ministra Valerio en su intervención en la tribuna, ha sido firmado por las diputadas Yolanda Díaz y Mercè Perea, la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo.
La cuantía mínina se incrementa en 78 euros al mes: queda fijada en los 495 euros al mes, frente a los 417 euros mensuales aprobados, para los beneficiarios de la pensión por incapacidad permanente total con cónyuge que no esté a su cargo. Para los trabajadores con cónyuge a cargo y aquellos que viven en hogares unipersonales la cantidad mínima es algo mayor: 499,4 euros al mes, en lugar de los 421,4 euros aprobados.
La modificación tendrá que esperar, ya que Unidos Podemos y el Gobierno han acordado que se incluya en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado. La misma vía se utilizará para la bonificación de parte del aumento de la cuota a la Seguridad Social de los trabajadores agrarios en los periodos de inactividad. Díaz ha explicado que la ayuda tiene como objetivo que el incremento del salario mínimo no impacte tanto sobre los jornaleros.
Subida a los funcionarios
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado también este martes por mayoría absoluta el real decreto-ley por el que se aprueba la subida de al menos un 2,25% de la retribución de 2,5 millones de empleados públicos para el ejercicio 2019, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales. La medida será tramitada como proyecto de ley, con lo que abre así la puerta a que los grupos puedan introducir cambios en la norma.
En concreto, el real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público ha salido adelante con 343 votos a favor de todos los grupos, un voto en contra (Marta Sibina de Unidos Podemos) y dos abstenciones (los diputados de Podemos Txema Guijarro y Gloria Elizo). Además, el Pleno ha votado, con 346 votos a favor y uno en contra, tramitar el decreto como proyecto de ley.
La ministra de Función Pública y Política Territorial, Meritxell Batet, ha explicado que la subida salarial definitiva de los empleados públicos es “de justicia” y se fijará por acuerdo en un Consejo de Ministros para desplegar sus efectos a partir del próximo 1 de julio. Desde la oposición, han respaldado el real decreto-ley, pero varios grupos, como PP, Ciudadanos o Compromís, han pedido mejoras para los funcionarios de Prisiones.