El debate sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) toca la puerta del Gobierno de nuevo. El Ejecutivo de coalición optó, como defendía la vicepresidenta Nadia Calviño, por no subir los salarios más bajos a comienzos de 2021 debido a la crisis por la pandemia. En contra tenía el criterio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que calificó como una “injusticia” que se dejaran congelados los sueldos de los que menos ganan mientras se subían los de los funcionarios y las pensiones, por ejemplo. El Gobierno optó finalmente por posponer la decisión y volver a analizar el tema en el segundo semestre del año. Junio ha llegado y el debate sobre el SMI vuelve a la mesa del Consejo del Ministros, que cuenta con las mismas visiones encontradas entre Calviño y Díaz, aunque con algunos cambios en el contexto.
En diciembre, cuando el Ejecutivo optó por mantener congelado el SMI, comenzaba en España la tercera ola de contagios de coronavirus y aún no había empezado la vacunación en el país. España inoculó su primera vacuna el 27 de diciembre. Respecto al empleo, los últimos datos disponibles eran los del mes de noviembre –un mes habitualmente malo para el mercado laboral–, que dejaban ver una ligera recuperación de trabajadores, pero junto a un aumento del paro registrado y de las personas en ERTE. Todavía había 369.806 trabajadores menos que antes de la COVID-19.
Seis meses después, España ya ha recuperado el nivel de empleo previo a la irrupción del virus. Las cifras de afiliación de mayo de 2021 superaron las de febrero de 2020, antes de que la COVID alterara la normalidad del mercado laboral y de nuestras vidas. No es que no quede empleo por recuperar, ya que los datos de trabajadores están por debajo de los del último mayo 'prepandemia', de 2019, quedan unas 500.000 personas en ERTE y todavía hay muchas más personas en paro que antes de la COVID, pero retomar el nivel de afiliación previo al 'shock' provocado por el coronavirus no es baladí.
Además, ya se han reactivado un 85% de las personas en ERTE desde el peor momento de la crisis y los expedientes se reducen a un ritmo mayor desde que ha comenzado junio, unos 10.000 trabajadores menos cada día, según explicó el ministro José Luis Escrivá. El Banco de España acaba de elevar al 6,2% su previsión de crecimiento de la economía española. La crisis derivada de la pandemia persiste, pero la mejoría que los meses previos era más incierta se deja sentir ahora en varios indicadores económicos.
En cuanto a la evolución de la pandemia, las noticias ahora son de caída de la incidencia de los contagios y de los fallecimientos. Y, sobre todo, de frecuentes récords diarios en la vacunación, que han logrado que a comienzos del mes una de cada cuatro personas esté completamente inmunizada frente a la COVID. El objetivo anunciado por el presidente Sánchez es que el 70% de la población esté vacunada a finales de agosto.
Calviño sigue rechazando la subida
Con esta nueva imagen, ahora que se inicia el prometido segundo semestre del año en el que reevaluar la situación, el Gobierno vuelve a enfrentarse al dilema de qué hacer con el salario mínimo interprofesional este año. La postura de Nadia Calviño no ha cambiado pese a la mejora de la situación epidemiológica y económica, como tampoco lo ha hecho el criterio de Yolanda Díaz, ahora también vicepresidenta y líder de Unidas Podemos en el Gobierno. Esta sería la primera diferencia de fondo en el Gobierno de coalición tras la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La Vicepresidencia económica insiste en que aún no es el momento de subir los salarios más bajos, que alcanzan a alrededor de 1,5 millones de personas. “Todavía estamos viendo unos registros de paro juvenil, de ERTE en sectores como la hostelería o el alojamiento, que hace poco prudente el que se reanude esa subida del SMI en estas condiciones”, afirmaba este fin de semana el recién nombrado número dos de Calviño, Gonzalo García, secretario de Estado de Economía.
“El planteamiento es: en este entorno en el que estamos todavía aproximadamente un millón de empleos por debajo de la situación prepandemia, si tomamos en cuenta los datos desestacionalizados, lo más prudente nos parece esperar a que tengamos más claridad sobre la recuperación y poder reanudar ese avance hacia el objetivo de final de la legislatura, que es el 60% del salario medio, y que culminaría el esfuerzo que se hizo al inicio de la legislatura”, continuaba García. La vicepresidenta Calviño está insistiendo en todas sus intervenciones al respecto en que hay mantener “la prudencia”.
Por su parte, Yolanda Díaz también ha reforzado sus menciones al salario mínimo en las últimas semanas, insistiendo en la necesidad de incrementarlo este 2021. La responsable de Trabajo recuerda de nuevo que la gran mayoría de países de la UE ha elevado sus salarios mínimos e insiste en que no es “justo” dejar sin ninguna subida salarial a las personas que menos ganan del mercado laboral mientras los sueldos pactados por convenio se incrementan y el propio Gobierno subió el salario de todos los empleados públicos un 0,9%. La misma subida, en línea con la previsión de inflación, se aprobó también para las pensiones.
“No es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, no congelados, sino con pérdida de poder adquisitivo”, apuntó Yolanda Díaz a comienzos de este mes, con un argumento que ha añadido a la defensa del incremento del SMI: el auge de la inflación en los últimos meses debido al fuerte encarecimiento de la energía. El mes de mayo cerró con una subida de los precios del 2,7%, según los datos del INE.
La portavoz del Gobierno dice que se tiene que discutir
La ministra María Jesús Montero ha recordado este martes tras el Consejo de Ministros que “es evidente que el Gobierno va a cumplir con el compromiso de alcanzar el objetivo” de situar el SMI en el 60% del salario medio al final de la legislatura. La portavoz del Ejecutivo ha expresado que se tiene que debatir todavía la senda de subida: “Lo que podemos discutir es cómo lo distribuimos entre 2022 y 2023 o si incorporamos 2021”.
Montero ha destacado que hay que “equilibrar” la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores con la recuperación del empleo. No solo hay que restituir los puestos de trabajo destruidos por la crisis de la pandemia, ha expresado la también ministra de Hacienda, sino que es también importante retomar “las expectativas de crecimiento de la ocupación” previas a la COVID.
El efecto en el empleo del incremento del salario mínimo es un tema muy discutido, sin conclusiones cerradas y con investigaciones con resultados en diferentes sentidos. La última más detallada, de economistas del Banco de España y centrada en el aumento del SMI del 22% en 2019, concluye que existió un efecto negativo limitado sobre el conjunto de asalariados: del -0,6% al -1,1%, que se puede traducir en unos 94.200 a 172.700 empleos menos. El organismo se inclina por considerar que el impacto no significó una destrucción de empleos sino más bien una merma en la creación de nuevos puestos de trabajo, todos ellos en el colectivo de trabajadores afectados directamente por la subida del SMI. La AIReF ha coincidido en que puede existir un efecto negativo en este grupo, pero más limitado, de hasta 33.000 empleos menos.
El informe no aborda “el efecto positivo esperado sobre el empleo a medio plazo” resultado del aumento de la masa salarial de este millón y medio de trabajadores alcanzados por la subida del SMI, destaca en este análisis el director del gabinete económico de CCOO, Carlos Martín Urriza. “Esta mejora de su poder de compra se trasformó en su práctica totalidad en demanda, dada la elevada propensión a consumir de los perceptores del salario mínimo”, añade. En UGT recuerdan también que incrementar el salario mínimo “se convierte en un elemento de avance, clave para acotar la desigualdad por abajo y para permitir el acceso a unos estándares de bienestar”.
La portavoz ha destacado que el Ejecutivo está pendiente de recibir “esta semana” el informe del comité de expertos del Ministerio de Trabajo sobre la cantidad a la que debe caminar el SMI para alcanzar ese 60% del salario medio. Esa cantidad no estaba muy clara y el Gobierno decidió encomendar un estudio a un colectivo de expertos y expertas. El informe está a punto de concluir y, según ha adelantado El País, la meta parece que se situará entre los 1.012 euros y 1.047 euros en 14 pagas en 2023, lo que supone un incremento de entre “el 6,5% y el 10,2%” sobre el actual SMI, de 950 euros al mes.
Cuando el informe esté listo, el Gobierno lo remitirá al diálogo social, ha explicado María Jesús Montero. Los sindicatos CCOO y UGT, que han protagonizado varias movilizaciones hasta la fecha para que se suba este año el salario mínimo, han pedido este martes que el Ejecutivo les cite de nuevo para abordar este tema. Los empresarios no se han pronunciado este martes, pero hasta la fecha han sido favorables a mantener congelados los salarios más bajos por la actual coyuntura de crisis.
En última instancia, le corresponde decidir al Consejo de Ministros. Fuentes de la parte socialista del Gobierno sostienen que el debate aún no ha tenido lugar en el conjunto del Ejecutivo y reconocen que hay posturas “resistentes” a que se suba este año, en referencia a la vicepresidenta económica. En la posición contraria está Yolanda Díaz, decidida a incrementarlo ya. Fuentes de su Ministerio precisan, no obstante, que ahora lo importante es recibir el informe de los expertos. “Una vez esté el estudio, el Gobierno decidirá”, responden en Trabajo. Habrá que ver qué concluyen en este 'segundo asalto' del debate otros cargos económicos de peso en el Consejo de Ministros, como la responsable de Hacienda, que en la discusión de diciembre se inclinó por la congelación. Y, sobre todo, la clave está en qué decidirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.