El Gobierno afronta el segundo bloque de la reforma de pensiones bajo la atenta mirada de Bruselas

Llegó el momento de que el Gobierno complete la reforma de pensiones. Tras acordar con los agentes sociales el primer bloque de cambios, que puso fin a la reforma unilateral del PP de 2013 con medidas como volver a vincular las pensiones al IPC, el Ejecutivo de coalición emprende la segunda fase de modificaciones, que alcanza a los autónomos, el periodo de cómputo de las prestaciones y las bases máximas, entre otras materias. Los cambios deben plasmarse en el BOE antes de que termine 2022, por compromiso con Bruselas, que esta semana ha recordado a España que las medidas pendientes deben “compensar” el aumento de gasto derivado de tumbar la reforma del PP.

La reforma de pensiones es un compromiso interno de la coalición de Gobierno, emplazado también por la mayoría política del Pacto de Toledo después de cinco años de discusiones. Pero, además, es un asunto europeo. El Ejecutivo incluyó la reforma en el Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia, por el que la UE reparte miles de millones de euros para la salida de la crisis de la pandemia.

En lo que resta de año, y para respetar los tiempos pactados con Bruselas, el Gobierno debe ponerle el lazo a la reforma. El Ejecutivo dividió las medidas comprometidas en dos grandes paquetes, según su fecha de aprobación. Uno para 2021, que es el que tumbó la legislación del PP e incluyó también una serie de incentivos para aproximar la edad real de jubilación a la legal, como nuevas penalizaciones a la jubilación anticipada y el fomento de la demorada.

La segunda fase de la reforma, que ahora ocupa a la Seguridad Social y lo hará en el próximo semestre, contiene cinco medidas principales. Algunas están ya muy avanzadas, mientras que otras no se han comenzado a negociar todavía. El contexto actual, y esto es importante, muestra que cada vez le es más difícil lograr acuerdos en pensiones al Ministerio de José Luis Escrivá. No solo políticos, sino también en el diálogo social. Desde hace unas semanas, la patronal de empresarios está poniendo en cuestión la reforma que pactó hace menos de un año, con llamadas a revisar las subidas anuales según el IPC y también a negociar un nuevo “factor de sostenibilidad”.

Mecanismo de equidad, autónomos y periodo de cómputo

La primera medida del segundo bloque ya está tomada: el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), por el que las empresas pagarán una cotización adicional durante los próximos diez años que aumente los recursos de la Seguridad Social. El Gobierno pactó la medida solo con los sindicatos, sin los empresarios, y fue el requisito del Ejecutivo para derogar en 2021 el factor de sostenibilidad, como reclamaban CCOO y UGT. Los sindicatos exigían tumbar del todo la reforma de 2013, las subidas del 0,25% y también el factor de sostenibilidad, por lo que el Gobierno aceleró la aprobación del MEI, prevista para 2022.

Muy avanzada, ya en trámite parlamentario, está una segunda medida: el impulso de los planes complementarios de pensiones, los llamados planes de pensiones de empleo. El Ministerio de la Seguridad Social ha fomentado estos fiscalmente, pero además ha aprobado una reforma para crear planes de empleo públicos, que, aunque se abordó en el diálogo social, no contó con el respaldo de sindicatos ni empresarios. La legislación ha encontrado muchas reticencias en el Congreso, incluso de los compañeros de Escrivá en el Ejecutivo, de Unidas Podemos. El límite para su aprobación es este mes de junio.

El tercer punto, también comprometido para el primer semestre del año, es la reforma de las cuotas de los autónomos. El paso para que los trabajadores por cuenta propia coticen por sus ingresos reales, como los asalariados, y no por la cuantía que elijan. El actual modelo provoca que el 85% de los autónomos cotice por la mínima posible, lo que lastra a posteriori su protección social, como las pensiones. La reforma está en la mesa del diálogo desde hace meses, con muchas dificultades para un acuerdo, lo que ha llevado al Gobierno a proponer que solo se apruebe su parte inicial: los primeros pasos de la cotización por ingresos en los próximos tres años. La reforma completa, a partir de 2025, quedaría pendiente.

Los dos elementos restantes de la reforma están aún por negociar en la mesa de diálogo social: la “adecuación” o “ampliación” del periodo de cómputo para cobrar la pensión y la reforma de las bases máximas de cotización. Son medidas más controvertidas, por los intereses cruzados de unos y otros, y (más allá de un breve resumen de los hitos) se desconoce por el momento su alcance. Por lo tanto, la clave de ambas medidas estará en los detalles.

Sobre la “adecuación” o “ampliación” del periodo de cómputo para cobrar la pensión se ha escrito mucho, pero se sabe poco. En los documentos cruzados entre el Gobierno y Bruselas figura de manera genérica la extensión de este periodo, que hoy es de 25 años de carrera de cotización. La ampliación de este plazo supuso un gran conflicto interno en la coalición de Gobierno, cuando se barajó que el plazo fuera de 35 años. Aunque hay que atender a casos concretos, como el de los desempleados al final de su vida laboral, en general la ampliación de este periodo supone una reducción de las pensiones futuras.

Escrivá ha insistido en que la reforma está por determinar y que no se tratará de una ampliación general del periodo de cómputo, sino de una medida para aquellas carreras más discontinuas fruto del nuevo mercado laboral y que, en todo caso, se analiza que la extensión se pueda combinar con la posibilidad de descartar algunos años menos favorables de la carrera laboral. Habrá que atender a las propuestas que lleva el Ministerio a la mesa. Se esperan para antes de las vacaciones de verano.

En cuanto a la reforma de la base máxima, el tope por el que cotizan los salarios más elevados, los documentos remitidos a Bruselas recogen un “incremento gradual de la base de cotización máxima del sistema, acompasada con una adaptación de la pensión máxima”. El llamado “destope” de las bases máximas para que los salarios elevados aporten más a la Seguridad Social es una reclamación de la izquierda y los sindicatos, en contra del deseo de los empresarios. Aquí, el debate no solo reside en por cuánto más cotizan los salarios más elevados, sino cuánto se aumentan también las pensiones más altas, para mantener la lógica de la contributividad del sistema. Es decir, la relación entre lo que se cotiza y se recibe en forma de pensión.

Bruselas reclama la “compensación” del aumento del gasto

Aprobadas estas cinco medidas antes de que termine el año, el Gobierno habría cumplido con los tiempos comprometidos con Bruselas. Pero más allá del plazo, la Comisión Europea está atenta al contenido. Las reformas de pensiones siempre recaban un gran interés por parte del Ejecutivo comunitario, por su gran volumen de gasto público. En esta ocasión, además, Bruselas está involucrada a través del Plan de Recuperación por la pandemia, cuyo cumplimiento es indispensable para acordar el desembolso de los fondos comprometidos.

“En el caso de las pensiones, se preveía una disminución del gasto con arreglo a la legislación anterior. En este sentido, las reformas de pensiones incluidas en el plan de recuperación deben diseñarse e implementarse cuidadosamente como un paquete consistente para garantizar que contribuyan positivamente a mitigar los riesgos a medio y largo plazo”, sostiene la Comisión Europea en su análisis por país correspondiente al Semestre Europeo (mecanismo de gobernanza económica de la UE), informa Andrés Gil.

“La revinculación de las pensiones a la inflación aumentará los gastos de pensiones, y es necesaria la introducción de medidas compensatorias que se adoptarán en 2022 en el marco del plan de recuperación para mitigar los riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, añade Bruselas.

Dado que la primera 'pata' de la reforma de pensiones contiene varias medidas que aumentan el gasto en prestaciones, como la derogación del factor de sostenibilidad y la vinculación al IPC, Bruselas recuerda al Ejecutivo que el resto de medidas aprobadas este año deben “compensar” este incremento del gasto.

El ministro Escrivá asegura que la reforma de pensiones al completo así lo hará, y siempre pone el acento en los incentivos ya aprobados para acercar la edad real de jubilación a la legal. Esa compensación deberá probarla con números en la mano en la UE, con el impacto del conjunto de las medidas aprobadas. Lo que queda claro es que el MEI en sí mismo no sustituye el efecto del anterior factor de sostenibilidad del PP, como han apuntado varios organismos, por lo que habrá que ver si lo hace el resto de medidas que inciden en la reducción del gasto o en el aumento de los ingresos. Bruselas ha lanzado este mensaje de “compensación” del gasto a España una vez que el MEI y los incentivos para retrasar la edad efectiva de jubilación ya han sido aprobados.

En el Ministerio de la Seguridad Social niegan que en Bruselas tengan “dudas” respecto a su reforma, como ha publicado El País, y encuadran dentro de la normalidad las recomendaciones sobre pensiones del Semestre Europeo. Destacan además que los comisarios europeos no han hecho ninguna declaración al respecto. La vicepresidenta Nadia Calviño ha destacado en este sentido que “no se ha hecho ninguna recomendación específica en ámbitos de reforma fiscal o de pensiones”, como sí ha ocurrido para otros países. La evaluación de la Comisión Europea de la reforma de pensiones tendrá lugar al inicio de 2023 y condicionará el cuarto desembolso de fondos previsto.