El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves una bajada temporal del IVA de la luz al 10%, frente al 21% actual, según ha avanzado la Cadena SER y han confirmado fuentes de Unidas Podemos.
La reducción se va a aplicar en un Real Decreto Ley con medidas urgentes y consistirá en la aplicación del 10% de IVA hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh (ahora ronda los 90 euros); y en la reducción de ese impuesto al 10% a todos los consumidores vulnerables severos hasta fin de año con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.
Además, el Gobierno va a suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica “durante el tercer trimestre de este año”, una posibilidad que dejó caer la semana pasada la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Este impuesto, que las generadoras trasladan al precio del mercado mayorista (lo acaba pagando el consumidor) ya fue suspendido durante seis meses a finales de 2018, en otro pico alcista del mercado mayorista de electricidad.
La idea, explican fuentes del Ejecutivo, es adoptar “cuanto antes” la medida que sea “más eficiente, más eficaz y más rápida”, porque hay que atajar de manera “urgente” el problema del encarecimiento de un recibo que en junio va a pulverizar récords por el alza acumulada en el mercado mayorista de electricidad.
Unidas Podemos había planteado que la bajada tuviera carácter permanente para todos los consumidores domésticos que tengan una potencia contratada de hasta 6 kilovatios.
La formación morada también planteaba que la reducción del tipo impositivo no debería estar sujeta a la evolución del precio de mercado, puesto que dichas reducciones requerirían de revisiones frecuentes añadiendo complejidad al sistema. Asimismo, defendía que la medida también debería afectar a las pymes con una potencia contratada de hasta 15 kilovatios de potencia.
“Acción extraordinaria”
El pasado jueves, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, defendió la bajada del IVA de la luz como “acción extraordinaria” mientras entran en funcionamiento las reformas estructurales que ha propuesto el Ejecutivo para abaratar el recibo: el anteproyecto para atajar los denominados beneficios caídos del cielo de la hidráulica y la nuclear y el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para sacar de la tarifa el coste de las primas a las renovables más antiguas.
Garzón, que hasta entonces se había mostrado en contra de esa rebaja del IVA como el resto de miembros del Gobierno, señaló que esa medida hay que “hacerla bien” para que no redunde “en beneficio” de las empresas. También aseguró que el Ejecutivo estudia aprobar por decreto el anteproyecto de ley que plantea recortar los denominados beneficios caídos del cielo que, según el Gobierno, están recibiendo la hidráulica y la nuclear por el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, que no soportan estas dos tecnologías, a las que prevé penalizar junto a las eólicas más antiguas, anteriores a 2005, cuando entró en vigor el sistema europeo de comercio de emisiones.
Garzón señaló que hay “motivos para alarmarnos” ante las perspectivas de los futuros de la energía. Es “probable que tengamos semanas y meses muy complicados todos los países”, lo que es “motivo suficiente” para esa “rebaja de la fiscalidad”.
“Tenemos que ser conscientes de que en nuestro entorno también hay países con una fiscalidad más baja que les permite sobrellevar mejor” situaciones como la actual, dijo Garzón, que aludió a la posibilidad de que la espiral alcista agite la protesta social.
La espiral alcista del precio de la luz ha coincidido con la entrada en vigor de la nueva factura, que penaliza el consumo en las horas más caras. Tras puesta en marcha, Garzón y la también ministra de Unidas Podemos Ione Belarra pidieron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que adelante a las 22.00 horas la hora más barata, como reclama la asociación de consumidores Facua. La CNMC lo ha descartado por considerarlo precipitado.