El Gobierno de coalición ha aprobado este martes por decreto-ley la subida salarial prometida a los empleados públicos, de un mínimo del 2%. El alza salarial ya estaba pactada con los sindicatos, pero Sánchez aplazó su aprobación a la formación de Gobierno para que el Ejecutivo tuviera plenas funciones. El coste de la medida asciende a los 3.212 millones de euros, ha apuntado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Los sindicatos de Función Pública habían reclamado al nuevo Gobierno de coalición la rápida aprobación de la subida salarial pactada, para que no se resintiera el poder adquisitivo de los funcionarios y pudiera aplicarse en la primera nómina del año, y el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, se comprometió a hacerlo lo antes posible.
Los representantes de los trabajadores públicos señalaban ayer mismo que el Ejecutivo no les había dado una fecha concreta para aprobar la medida, que finalemente el presidente del Gobierno anunció que saldría adelante este martes en el Consejo de Ministros, al igual que la declaración de emergencia climática.
El incremento salarial es de un mínimo del 2%, que puede alcanzar en algunas ocasiones el 2,3% con el añadido de los fondos adicionales.
Además el acuerdo con los sindicatos –que data del mandato de Mariano Rajoy– contempla la posibilidad de registrar una mayor subida en función del crecimiento del PIB. Según este, el aumento podría verse incrementado hasta en 1 punto porcentual en caso de que el PIB de 2019 creciera un 2,5%. La cuestión es que es poco probable que se pueda sumar este incremento dados los datos de crecimiento del PIB registrados. En la actualidad, el aumento interanual del PIB está en el 1,9% y el Gobierno prevé que cierre el año en el 2,1%.
Aunque no estaba aprobada antes de comenzar el año, la subida salarial a los empleados públicos tendrá efectos desde el día 1 de enero, como ocurre con la subida de las pensiones del 0,9% que aprobó el Gobierno de coalición en su primer Consejo de Ministros.
La letra pequeña del decreto de pensiones recoge cuestiones como la pensión máxima y las mínimas para las diferentes modalidades de pensión, así como algunas excepciones en el incremento del 0,9%. Por el momento queda pendiente el mayor aumento de las pensiones mínimas, que prometió el presidente del Gobierno.
Con el cumplimiento de estas dos medidas, el alza salarial de los empleados públicos y la subida de las pensiones según la previsión del IPC, el Gobierno cumple con dos compromisos de los que dependen millones de personas en sus primeros días en funciones (en los que ha celebrado tres Consejos de Ministros, el primero de ellos extraordinario).
Pedro Sánchez insistió la semana pasada en rueda de prensa que el Ejecutivo sería “un Gobierno de acción” y que, aunque el Ejecutivo tiene por delante “1.400 días” de mandato, no perdería tiempo en aprobar medidas desde su toma de posesión.
Aún está pendiente el SMI
Todavía queda a la espera la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el Gobierno se ha comprometido que abordará de manera prioritaria con los sindicatos y la patronal en la mesa de diálogo social. Entre las medidas que también parecen muy próximas, según las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es la derogación del despido por bajas médicas.
Díaz afirmó este lunes en la televisión pública gallega que la medida se tomará “inminentemente” y con carácter de “urgencia”, aunque concretó la fecha.
Se trata de una de las primeras medidas del desmontaje de la reforma laboral del PP de 2012 que ha prometido el Gobierno y que Díaz ha explicado que se concretará en dos fases: una primera con la derogación “urgente” de algunos de los llamados elementos “más lesivos” de la legislación laboral del mandato de Rajoy y una segunda fase con una revisión en profundidad del Estatuto de los Trabajadores para que se adapte “al siglo XXI”.