La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha presentado este martes las principales características del proyecto de la adenda al Plan de Recuperación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Se trata de la segunda fase para el despliegue total de los fondos europeos que le corresponden a España”, ha defendido. En total, 160.000 millones, que “aumentarán el nivel del PIB (Producto Interior Bruto) en hasta 3 puntos porcentuales hasta 2031”.
Esta actualización incorpora tres importantes novedades. La primera, asignar las transferencias adicionales que corresponden a España. Esto supone unas subvenciones extra de 7.700 millones. La segunda, asignar los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. España podrá solicitar hasta un máximo de 84.000 millones de euros a la Comisión Europea.
Y la tercera, asignar los fondos del Plan REPowerEU, cuyo objetivo es ahorrar energía, incrementar la producción de energía limpia y diversificar las fuentes de energía de Europa. En la distribución provisional del fondo, se ha asignado a España, de manera provisional, 2.586 millones de euros adicionales.
Según defiende el Gobierno, “la adenda dará continuidad a las ambiciosas reformas e inversiones del Plan de Recuperación, en línea con los objetivos estratégicos del mismo (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género) con el foco en la autonomía estratégica a través de los proyectos estratégicos, conocidos como PERTE”.
Ritmo de convocatorias de 2.000 millones al mes
Según ha anunciado Calviño, el proyecto se presentará a la Comisión Europea a principios de 2023. La adenda al Plan de Recuperación es una actualización del documento aprobado en julio de 2021. Estaba previsto que fuera presentado por el Gobierno a la Comisión Europea en el segundo semestre de 2022, y el Ejecutivo ha cumplido este plazo.
Hasta ahora, “la información pública de ejecución del Plan arroja un compromiso de crédito del Estado de más 38.000 millones de euros, entre convocatorias y transferencias a las Comunidades Autónomas, y convocatorias resueltas por 22.000 millones de euros, con cargo a las partidas presupuestarias del Plan de Recuperación”, ha defendido el Ministerio de Asuntos Económicos.
Impulso de la adenda
Con las inversiones y reformas adicionales, el Gobierno pretende reforzar el impacto económico estructural del Plan de Recuperación, “con una fuerte concentración en el impulso de la industrialización y autonomía estratégica de España en los ámbitos energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, contribuyendo a responder a los retos geopolíticos actuales”.
“España reforzará los proyectos estratégicos (PERTEs) con más de 26.300 millones de euros de inversión pública adicional proveniente de las transferencias y los préstamos de la adenda”, ha destacado este martes. “Además, se pondrá en marcha un nuevo PERTE de descarbonización industrial, al que se destinarán 3.100 millones de euros entre transferencias y financiación reembolsable, incluyendo un compartimento especialmente destinado a la industria gas intensiva”, ha añadido.
Los 84.000 millones en préstamos se canalizarán a través de doce fondos, que permitirán prolongar el actual ciclo de inversión en los próximos años, garantizando la estabilidad económica y financiera, así como la sostenibilidad fiscal a largo plazo. En concreto, se creará un nuevo fondo de 20.000 millones de euros para canalizar los préstamos a los proyectos e inversiones sostenibles de las Comunidades Autónomas.
Adicionalmente, el ICO canalizará hasta 15.000 millones de euros en préstamos para financiar inversiones verdes de las empresas y reforzar el apoyo financiero a las PYMEs, “que les permitirán adaptarse al nuevo marco económico de sostenibilidad y mejorar su competitividad”, ha insistito el Ministerio de Asuntos Económicos.
“La adenda incluye un programa de reformas complementario a las ya desplegadas desde febrero de 2020, cuyo cumplimiento, reconocido por la UE, está teniendo ya un efecto positivo en la transformación estructural de la economía española”, ha concluido.