El Consejo de Ministros aprueba este martes la transferencia de 200 millones de euros a la comunidades autónomas para el conocido como Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros al mes para que los menores de 35 años puedan hacer frente al pago de la renta. La medida, acordada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y los consejeros del ramo en la Conferencia Sectorial de hace dos semanas, supone la reedición de una herramienta que el Ejecutivo puso en marcha en 2022.
Vivienda calcula alcanzar con estas ayudas a unos 66.000 jóvenes. “Si no reaccionamos con contundencia, la sociedad española acabará dividida en dos clases. Y yo no quiero una España en la que haya propietarios ricos e inquilinos pobres”, dijo este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la multitudinaria manifestación por la vivienda del domingo. La medida, sin embargo, no ha contentado a Sumar. “No vamos a solventar este problema otorgando dinero a los rentistas o en forma de ayudas”, reivindicó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Los ministerios en manos de Sumar han presentado una serie de observaciones en el seno del Gobierno, advirtiendo de que “el bono de alquiler para jóvenes puede agravar el problema de vivienda”, según indican fuentes de la formación. Desde el PSOE recuerdan que la medida viene recogida en el acuerdo de coalición.
El conocido como Bono Alquiler Joven es una ayuda fija de 250 euros al mes, durante un plazo de 2 años, para las personas menores de 35 años con ingresos mensuales inferiores a 1.800 euros —tres veces el Iprem—, con el objetivo de “facilitar su emancipación o, en todo caso, el acceso a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso”, señalaban desde Vivienda hace unas semanas. No obstante, los fondos son limitados, por lo que en ningún caso abarca todas las solicitudes.
Varias organizaciones han criticado este subsidio, al considerar que eleva los precios y que “se lo quedan los de siempre”, si no va acompañada de otras medidas, como la bajada y el control de precios.
La gestión de estos fondos corresponderá a las comunidades autónomas. Esto ha hecho que, hasta ahora, el reparto haya sido desigual, con problemas y trabas en algunas comunidades. En Andalucía, la Cámara de Cuentas evalúa la “eficacia” con la que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla tramita las ayudas, que rebasaron el plazo legal para resolverse.
Por comunidades, las transferencias deberán ser ratificadas en una próxima reunión de la Conferencia Sectorial, suponen: 34,2 millones de euros para Andalucía; 31,8 para Madrid; 29 para Catalunya; 22,8 millones para la Comunitat Valenciana; 10,8 para Castilla y León y 10,6 para Canarias; 8,8 millones para Murcia; 8 para Castilla-La Mancha; y 7,6 millones para Aragón; 6,6 para Asturias; 6 millones para Extremadura; 4,8 millones para Balears; y 3,8 para Cantabria y 3,4 para La Rioja. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla recibirán 200.000 euros.