El Gobierno ha presionado públicamente a patronal y sindicatos para alcanzar un acuerdo salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado por la inflación disparada. Ahora, sin embargo, le toca su turno. Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha convocado este miércoles por la tarde a los sindicatos para abordar la parte que le corresponde de esta mejora salarial de los trabajadores, la de los funcionarios. El Ejecutivo llega a este proceso, obligado cada vez que se redactan unos Presupuestos, presionado por los sindicatos, que denuncian una pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, y por la elevada inflación, que puede incrementar de manera importante el gasto público en salarios.
Más de 2,7 millones de trabajadores se encuentran pendientes de una mejora salarial que, al menos, se acerque a la subida de los precios que ha vivido la economía. Los Presupuestos Generales del Estado de este año marcaron una subida salarial del 2%. Fue antes del estallido de la guerra en Ucrania y de su impacto en los precios de la energía y, con ello, en el conjunto de la economía. La inflación, de hecho, es actualmente cinco veces más elevada de lo que fue la mejora salarial que obtuvo la plantilla del sector público. En agosto el IPC se situó en el 10,5%, a espera de conocerse esta semana si siguió a la baja en septiembre.
Durante los últimos meses, se han producido contactos entre las dos partes en las que se han explorado las posibilidades de subida, si bien no ha habido hasta el momento una propuesta formal. La cifra del 3,5% circula en el ambiente de la negociación, según han confirmado fuentes sindicales, si bien añaden que hay varios aspectos que tener en cuenta. El fundamental es que los sindicatos llegan a la mesa con el objetivo no solo de mejorar el salario de 2023, sino de que haya una actualización de los salarios de este año. Así, los representantes del colectivo aspiran a que el acuerdo plurianual que se busca acabe con unas subidas salariales superiores a ese listón del 3,5%.
Los sindicatos llevaban meses presionando para una mejora salarial. Al menos desde mayo, cuando tras acordarse una oferta de empleo público “histórica” de casi 44.800 plazas, los representantes de los trabajadores volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de una negociación salarial. Estas conversaciones entre el Gobierno y los sindicatos son anuales. Cuando se redactan los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo debe convocar a los representantes laborales para plantear una subida. Este ha sido un tema tradicionalmente controvertido, ya que los sindicatos habitualmente entienden que siempre, con los distintos gobiernos, ha habido una presentación de hechos consumados, sin posibilidad de que haya alguna negociación que mueva la posición del Ejecutivo.
Aunque hay otros aspectos pendientes, los sindicatos esperan que el tema salarial marque la reunión de este miércoles. Sin embargo, se desconoce si el Ministerio acudirá a la cita con una propuesta o se irá planteando en las siguientes reuniones que pudieran producirse.
Son tres los sindicatos con mayor representación en esta negociación y que han ido planteando sus posiciones en las últimas semanas: CCOO, UGT y Csif. Hay puntos en común entre estas tres centrales sindicales, al plantear que llegan a la convocatoria de Función Pública, con una aspiración a negociar un actualización salarial para este mismo año y un acuerdo plurianual que ayude a recuperar, con el tiempo, la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. Además, en este colectivo las demandas sobre pérdida de poder adquisitivo se vienen produciendo desde la pasada crisis financiera, cuando se establecieron recortes y congelaciones salariales para funcionarios.
Movilizaciones
Los sindicatos llegan a la mesa tras haber llegado a plantear movilizaciones sociales si el Gobierno no negociaba una subida salarial que se adaptase a la situación económica. Quien ya ha salido a la calle ha sido Csif, que este pasado fin de semana convocaba una manifestación en Madrid con distintas reivindicaciones frente al Gobierno, entre las que se encontraba la mejora salarial de los funcionarios. Miguel Borra, presidente de Csif, lamentó “la parálisis total y absoluta de este Gobierno”.
Tanto CCOO como UGT también han planteado protestas si no se emprendiese esta negociación. Sus líderes, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han valorado en las últimas semanas la situación que viven los funcionarios, englobándolas en las reclamaciones de subidas salariales que exigen a la patronal para el sector privado. “El Gobierno, como empleador, no puede esconderse, tiene que subir los salarios”, aseguró Álvarez, el mismo día que emplazó a la CEOE a reabrir la mesa de negociación colectiva.
En la misma línea se posicionó Unai Sordo, quien planteó que es un asunto que “debe resolverse” y abogó por “un acuerdo general en la función pública”. El líder de CCOO incluyó en este acuerdo otros aspectos como la mejora de ratios de plantillas, las tasas de reposición o la digitalización de la administración. “El aspecto salarial es muy relevante, pero no es el único”, apuntó. Si bien, matizó que, mientras una subida salarial en el sector privado “va contra el margen empresarial”, en la función pública afecta a recursos comunes. “Queremos unos salarios dignos, buenos, personas con buenas condiciones, pero somos conscientes de que reivindicamos contra los recursos comunes del Estado”, aseguró. “No es exactamente la misma situación, no pedimos por ejemplo la misma cláusula de revisión, pero sí tiene que haber incrementos salariales”, enfatizó. “Si no, en el proceso de movilización habrá un capítulo (sobre empleo público)”, advirtió.
Ambos sindicatos firmaron un comunicado conjunto el pasado viernes defendiendo una postura común en la negociación. “Debe garantizarse el poder adquisitivo de las y los empleados públicos, la calidad del empleo y la mejora sustancial de las condiciones de trabajo”, apuntó el comunicado. “Se debe partir necesariamente por la derogación de los recortes del año 2021 y no vamos a rebajar las expectativas que nos hemos propuesto para el posible cierre de un nuevo acuerdo de función pública”, remarcó.
El Gobierno ha evitado hasta la fecha hacer una estimación de la subida salarial esperada para los funcionarios, que deberá incluirse en los Presupuestos Generales. El Ejecutivo envió en primavera a Bruselas un primer paso del proceso presupuestario con el programa de estabilidad para los próximos tres años. En este documento, únicamente daba por seguras tres subidas de gasto respecto en 2023 frente a las de 2022. La primera, y más polémica, es la ampliación del presupuesto de Defensa, un compromiso del Gobierno con la OTAN que no respaldan sus socios de Unidas Podemos. La segunda hacía referencia a las pensiones, comprometiendo “una revalorización conforme a la evolución de los precios”. La tercera partida era la de los salarios de los empleados públicos, aunque en este caso se evitó concretar una magnitud.