El Gobierno británico admitió hoy que no podrá cumplir sus objetivos de reducción del déficit en el calendario previsto y trasladó la fecha límite para lograrlo a 2018, año hasta el que se prolongarán las medidas de austeridad.
En la llamada “Declaración de otoño” ante el Parlamento, el ministro británico de Economía, George Osborne, reconoció que la falta de crecimiento económico y la caída de los ingresos fiscales impedían alcanzar la meta fijada de reducir el déficit y la deuda neta para 2015/16, cuando se celebrarán elecciones generales.
Entre abucheos de la oposición, el ministro retrasó hasta 2017/18 el umbral y anunció nuevos recortes presupuestarios que deben ayudar a equilibrar las cuentas públicas, al tiempo que informó de una rebaja de las previsiones de crecimiento con una contracción del 0,1 por ciento para este año.
“Está llevando tiempo, pero la economía se está sanando”, aseguró Osborne, quien insistió: “vamos por el buen camino”.
El portavoz laborista de Economía, Ed Balls, criticó al Gobierno del conservador David Cameron por “incumplir sus propios objetivos” y le acusó de ser “injusto e incompetente” y de estar “alejado de la realidad”.
El mensaje optimista de Osborne contrastó con las cifras aportadas por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en inglés), auspiciada por el Ejecutivo para supervisar las finanzas públicas, que revisó a la baja sus predicciones para la economía británica.
Así, en lugar del crecimiento del 0,8 % augurado en marzo, la oficina pronosticó que la economía se contraerá un 0,1 % este año y crecerá un 1,2 % en 2013 y un 2 % en 2014, porcentajes en todo caso todavía superiores a los que ofrecen otros organismos.
La OBR confirmó que el Gobierno no podrá cumplir con su objetivo de prácticamente eliminar en cinco años -de 2010 a 2015- el déficit presupuestario, ahora superior al 8 %, y empezar a reducir la deuda neta, equivalente al 67,9 % del PIB.
Para conseguirlo en el nuevo horizonte de 2017/18, el Gobierno aplicará más recortes presupuestarios a los ministerios, de un 1 % en 2013/14 y un 2 % en 2014/15, con excepción de los de Sanidad, Educación, Hacienda y Cooperación Internacional, que quedarán blindados.
El objetivo del Ejecutivo es invertir el dinero ahorrado, que se calcula en unos 5.000 millones de libras (6.100 millones de euros), en proyectos de educación, ciencia y transporte.
Según Osborne, estos recortes no tendrán un efecto notable en el funcionamiento de los ministerios, ya que, argumenta, es dinero que no se ha gastado.
Además, se limitará al 1 %, muy por debajo de la inflación, el incremento anual de los subsidios sociales -un recorte en términos reales- y en 2014 se reducirá de 50.000 a 40.000 libras al año (de 61.000 a 50.000 euros) la cantidad libre de impuestos que se puede depositar en fondos de pensiones, algo que afectará más a las rentas altas.
En la línea adelantada en el presupuesto de marzo, Osborne redujo en un punto, al 21 %, el impuesto de sociedades, por debajo del 44 % que hay en Estados Unidos o el 33 % de Francia, con el argumento de que la rebaja atraerá “inversión y negocios al Reino Unido”.
En una medida con tintes populistas, el canciller del Exchequer canceló la subida de tres peniques por litro (3,7 céntimos de euro) prevista para enero del impuesto sobre la gasolina.
Osborne confirmó, además, que se destinarán 77 millones de libras (94 millones de euros) adicionales a reforzar al departamento de Hacienda para que combata la evasión de impuestos por parte de individuos y multinacionales.
En un entorno económico desfavorable, la admisión del Gobierno británico de que, pese a los duros recortes aplicados, no conseguirá la prometida reducción del déficit puede tener no solo efectos políticos y en las urnas, sino también económicos.
Los analistas predicen que, si los mercados perciben que la política económica del Ejecutivo de coalición entre conservadores y liberaldemócratas está fallando, podrían subir los intereses sobre la deuda soberana británica, lo que dificultaría aún más la reducción del endeudamiento.