El supuesto contrato secreto del que habla Pablo Casado entre el Gobierno y la Comisión Europea se ha publicado este miércoles por la tarde. Ya lo anunció la vicepresidenta Nadia Calviño la semana pasada, y lo ha vuelto a anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso por la mañana. El documento, de 343 páginas, detalla el modo de evaluar el cumplimiento de los hitos y metas, es decir, de cada reforma o proyecto comprometido por el Gobierno en su plan de reformas entregado a la Comisión Europea el 30 de abril pasado y que fue aprobado por el Ejecutivo comunitario.
Las disposiciones operativas, que, como decía Bruselas la semana pasada, “no incluyen ningún requisito nuevo”, han sido firmadas el 4 de octubre por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de semanas de negociación con la Comisión Europea porque se trata de un documento que han de suscribir los 27 países, y España es el primero en firmarlo. Por parte de Bruselas la firma, de este martes, es del comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni.
La ratificación de los arreglos operativos supone el paso previo para pedir los 10.000 millones de euros pendientes de 2021, después de que llegaran los 9.000 millones en concepto de prefinanciación.
A partir de estos 10.000 millones, hay otros siete desembolsos, divididos en semestres, vinculados al cumplimiento de los hitos y metas preestablecidos.
Así, por ejemplo, cuando se habla del objetivo de reducción de la temporalidad dentro de la reforma laboral, que es el componente 23 del plan de reformas entregado a finales de abril, establece lo siguiente: “Respetando el diálogo social y como parte de un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado laboral, entrada en vigor de la modificación de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para apoyar la reducción del empleo temporal mediante la racionalización del número de tipos de contrato”.
Y, a continuación, se concreta el siguiente “mecanismo de verificación”: “Copia de la publicación en el BOE acompañada de un documento resumen que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el hito. Este documento resumen incluirá una referencia a las disposiciones pertinentes que indiquen la entrada en vigor (salvo que no proceda) y a las disposiciones que cumplan con los elementos relevantes del hito, según se enumeran en la descripción del hito y la medida correspondiente en el anexo de la Decisión de ejecución del Consejo [en la que se aprueba el plan español] con enlaces apropiados o copias de los documentos mencionados en el documento de resumen”.
Los hitos de la reforma laboral, que deben estar completados antes de que acabe el año, tienen que ver con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, entran en la petición de dinero del primer semestre de 2022, puesto que el dinero llega después de verificar que se han completado las metas, y representan una parte fundamental de los 12.000 millones que espera España antes del verano próximo.
“¿Por qué no publican el acuerdo del Gobierno de España con la Comisión Europea para saber la condicionalidad de la recepción de fondos?”, preguntaba el presidente del PP, Pablo Casado, en el Congreso: “Si no lo hace público esta semana, iremos al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea a exigir que se publique, y lo haremos público para todos los españoles. Ya está bien de mentir, hombre, allí una cosa y aquí otra”.
Pues bien, el acuerdo –operational arrangement– al que se refería Casado ni es secreto ni contiene condicionalidades ni es solo para España. Son unas disposiciones operativas para los 27 que detallan el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos de las reformas. Y, como España es la que más avanzada va, se han elaborando por primera vez para el caso español pero, como se indica en el reglamento aprobado en febrero pasado por los Gobiernos y el Parlamento Europeo con el voto de los eurodiputados del PP de Casado, deben firmarlas todos los países como paso previo para recibir los desembolsos, que en el caso de España son 140.000 millones, entre transferencias y créditos.
“La Comisión Europea ha acordado las disposiciones operativas con España”, explican los portavoces comunitarios: “Los acuerdos operativos son bilaterales, entre el Estado miembro en cuestión y la Comisión, y establecen criterios para el seguimiento de la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia”.
Y sentencian: “Como tal, no incluyen nuevos requisitos, sino que detallan la implementación de los hitos y objetivos descritos en la decisión de implementación del Consejo [por la que se aprueba cada plan nacional]”.
“Se trata de un texto técnico”, explica el ministerio de Hacienda en una nota: “El acuerdo integral se ha publicado hoy [por este miércoles] en la página web de la Comisión Europea y en la del Plan de Recuperación de Moncloa, al igual que el resto de documentos del Plan. Este acuerdo permitirá solicitar en los próximos días el primer desembolso semestral de recursos europeos, de 10.000 millones de euros, que se sumaría a los 9.036 millones de euros que ya recibió España en forma de prefinanciación, correspondiente al cumplimiento de los 52 hitos del Plan de Recuperación [comprometidos hasta el primer semestre de 2021]”.
El Gobierno y el Ejecutivo comunitario mantendrán, en virtud del acuerdo, “intercambios trimestrales” para evaluar la aplicación de los hitos y metas comprometidos en el plan de recuperación. Según lo pactado, los “intercambios” podrán “tener lugar personalmente tanto en España como en Bruselas o podrán efectuarse de manera virtual. Como punto permanente del orden del día en estas reuniones de balance figurará el calendario de las solicitudes de pago”.
“La guía no es otra cosa que un documento técnico que viene a instrumentalizar la operación a lo ya incluido en el plan, con elementos de seguimiento operativos, como la frecuencia de la monitorización de los hitos y objetivos”, explican fuentes del Gobierno: “Es un documento que servirá de base para todos los Estados miembros, estableciendo, por ejemplo, aspectos como que las visitas o las reuniones de seguimiento sean trimestrales. Este es el tipo de detalle que se puede encontrar en el documento”.
“Al margen de estas reuniones entre España y la Comisión Europea, se podrán celebrar otras sobre inversiones o reformas concretas o sobre cuestiones del Plan de Recuperación que afecten a varios componentes para garantizar la coherencia en su desarrollo”, explica el Gobierno: “Así mismo, tal y como establece el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para el conjunto de los Estados miembros, el progreso en la ejecución de los planes de cada uno se incorporará al Semestre Europeo”.
El documento incluye dos anexos. En el anexo I se recoge cómo se verificará el cumplimiento de los hitos y objetivos del plan, y en el anexo II se recoge el progreso realizado para alcanzar los objetivos del Plan, Recuperación, Transformación y Resiliencia.