El Gobierno busca vías para ajustar el IRPF al salario mínimo o subir el sueldo de los funcionarios ante la falta de Presupuestos

Las políticas económicas del Gobierno han quedado condenadas a ser más lentas y menos eficientes en este 2024. La renuncia a continuar con las negociaciones para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) este año tras la convocatoria electoral en Catalunya obliga a los ministerios a buscar vías para cumplir con algunos de los compromisos del Ejecutivo de coalición que iban a incluirse en la misma Ley de Presupuestos, y que no están incorporados a los PGE prorrogados de 2023.

El Consejo de Ministros tendrá que aprobar Reales Decretos-leyes o los grupos parlamentarios tendrán que hacer enmiendas a otros que estén pendientes de ser convalidados en el Congreso de los Diputados para ajustar el IRPF al nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI); para elevar el índice de referencia para las ayudas y prestaciones públicas (el IPREM); o para aumentar la remuneración de los funcionarios.

El ajuste del IRPF es crucial para que el último incremento del salario mínimo no se lo 'coma' el propio impuesto. Sin Presupuestos Generales del Estado, fuentes del Ministerio de Hacienda de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aseguran que “se aplicará la reducción del IRPF que estaba prevista”, pero confiesan que “hay que evaluar a través de qué vía se hace”. Esto supone un retraso que puede ser asfixiante para una familia que depende del SMI.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de José Luis Escrivá ya anunció la semana pasada que usaría una enmienda al Real Decreto-ley de medidas anti crisis que se renovó de forma parcial a finales del año pasado para colar el incremento del 2% del sueldo de los funcionarios que debería haber ido en los Presupuestos. Esta decisión se tomó un día antes de que María Jesús Montero admitiera que la convocatoria de elecciones para mayo en Catalunya impedía buscar los apoyos de Junts y ERC, cuyos votos en el Congreso son cruciales para el Gobierno de coalición.

El calendario electoral ya era complicado con la convocatoria en Euskadi para abril, que, de la misma manera, dificultaba las negociaciones con PNV y Bildu por el riesgo de dar un traspiés ante sus electorados. Como consecuencia, el retraso de la mejora salarios de los funcionarios forzó a la cartera de Función Pública a mover ficha, aunque finalmente será el único camino para ésta y otras medidas.

“Los Presupuestos están prorrogados desde el 1 de enero y lo que toca ahora es aprovechar los preacuerdos alcanzados ya con algunos de los socios del Ejecutivo para trabajar en los Presupuestos de 2025. Es lo sensato”, dijo Montero hace una semana.

Lo “sensato” hace que el IPREM se mantenga congelado. El índice de referencia para las prestaciones o los alquileres sociales se ha descolgado del SMI y eso hace que las familias más vulnerables, que cobran este mínimo, puedan perder el derecho a ayudas. “El Ministerio de Trabajo estaba en negociaciones con el PSOE para la subida correspondiente de este año. La misma tarde que Pedro Sánchez anunció unilateralmente que ya no se trabajarían los Presupuestos hasta los del 2025, estábamos en ello. Ellos queriendo congelarlo, nosotros aumentarlo”, relatan fuentes del equipo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

“Por eso, entre otras cosas, ya hemos dicho desde Sumar que abandonar la negociación de los Presupuestos no es una buena noticia. Aun así, y ya asumiendo esto, estamos estudiando todas las vías porque la gente no puede ser en última instancia la que salga perdiendo ante la decisión del PSOE”, continúan desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La misma posición defienden desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “La decisión de renunciar a los Presupuestos Generales de 2024 ha sido tomada por el PSOE, por lo que para este Ministerio es una situación sobrevenida”, dicen desde la cartera de Pablo Bustunduy. “Se van a estudiar las fórmulas para sacar adelante las materias que competen a este Ministerio (por ejemplo, la mejora de los permisos de paternidad y cuidados en la Ley de Familia)”, prosiguen.

23.000 millones menos de gasto público

En cifras estimadas, según lo que se sabe actualmente, la prórroga de los Presupuestos de 2023 reduce en 23.000 millones netos el gasto público de las Administraciones. La mayor parte se pierde por la imposibilidad de elevar el techo de gasto, según estaba previsto en el Plan Presupuestario que en otoño el Ejecutivo envió a la Comisión Europea. Este techo de gasto no incluye la revalorización de las pensiones, que se carga a la Seguridad Social y que el Gobierno de coalición garantizó antes de que terminará 2023.

Del mismo modo, el Real Decreto-ley con la renovación parcial de las medidas anti crisis (la rebaja del IVA de los alimentos, los descuentos al transporte... y también la prórroga de los gravámenes parciales a la banca y las energéticas), que el Consejo de Ministros sacó en ese mismo momento, consiguió aumentar el gasto público neto cerca de 3.000 millones respecto a las cuentas del año pasado. En la prórroga de los Presupuestos Generales de 2023 también se incluyó 9.000 millones de inversiones del Plan de Recuperación, que se financia con fondos europeos.

“Pero se pierden hasta 23.000 millones que podrían impulsar el crecimiento económico: las inversiones, medidas para favorecer el acceso a la vivienda, para mejorar la educación o la sanidad o para la transición verde y digital”, advierte Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario de Sumar.

Algunos gastos tienen que ver con inversiones concretas con municipios o gobiernos regionales. Mientras que también queda en el aire la absorción por parte de la Administración central de deuda de las comunidades autónomas que se iba a articular vía Presupuestos.

Este martes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, indicó que es un “problema” que no hayan salido adelante los Presupuestos Generales del Estado para este año. “Es preocupante, porque la inversión se parará”, avisó.

Además, este escenario no implica en sí mismo que la política fiscal sea más restrictiva. Es decir, no supone que se favorezca la reducción del déficit público. En el Plan Presupuestario, el objetivo era rebajar el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, del 3,9% de 2023 al 3% en este 2024.

“Senda de reducción de déficit aprobada”

“Hubo prórroga presupuestaria en 2019 y 2020 y se aplicó una política fiscal más contractiva esos años”, recuerdan desde el Ministerio de Hacienda. “Hay una senda de reducción de déficit aprobada y a eso nos ceñimos. Eso es compatible, como hemos hecho ya estos años (incluido algunos que tuvieron prórroga presupuestaria) con reforzar el Estado de Bienestar”, añaden.

“La reducción del déficit desde el estallido de la pandemia se ha producido por el crecimiento económico, donde España crece por encima de la media de la UE, el impulso de los fondos europeos, donde España es uno de los países más avanzados en su aplicación, y en el dinamismo del mercado laboral, donde estamos en récord de afiliados a la Seguridad Social”, concluyen desde el Ministerio de la vicepresidenta primera.

Por su parte, en una entrevista en elDiario.es, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, insistió en que, “en términos prácticos, el espacio que genera la prórroga de los PGE 2023 es suficiente para seguir avanzando con las prioridades políticas para este año 2024, y concentrar ahora el esfuerzo en los Presupuestos del año 2025, incluyendo todo lo que tiene que ver con las inversiones y los compromisos del Plan de Recuperación”.

En lo que tiene que ver con los ingresos públicos, el Gobierno de coalición estaba valorando incluir en los Presupuestos de 2024 la transformación en impuestos permanentes los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas, por sus beneficios extraordinarios en estos últimos ejercicios.

“Las medidas que introdujimos en el momento inicial de la respuesta al shock de la inflación han sido eficaces en cuanto a que han ayudado a tener una aportación más justa de estos dos sectores, con una recaudación en torno a los 3.000 millones de de euros anuales. Además han sido equilibradas porque no han ido en contra de los resultados o de la solvencia de las empresas en el sector energético, ni en el financiero. Es la vía a la hora de plantear cualquier elemento, por lo menos por nuestra parte, de reforma en el sistema tributario. Ahora mismo estamos en una situación de prórroga. Este año tendremos que decidir si finalmente se hacen permanentes o no, y cuál es la configuración final”, explicó Cuerpo.

El acuerdo del Gobierno de coalición recoge que “revisaremos los gravámenes con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos”, apunta, en contraposición, Carlos Martín Urriza, de Sumar.