El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha informado a los grupos parlamentarios de la intención del Gobierno de cargar la financiación del bono social de la luz sobre todas las comercializadoras eléctricas y ha encontrado “unanimidad” entre las formaciones políticas a su propuesta.
El Gobierno prepara un real decreto ley para que todas las empresas comercializadoras financien el bono social que permite reducciones en la tarifa eléctrica, y esquivar así el “escollo” de la sentencia del Tribunal Supremo, que censura la discriminación actual entre empresas integradas o no.
Así lo ha comunicado el ministro de Energía a los medios de comunicación tras mantener un encuentro en el Congreso con portavoces de Industria de todos los grupos parlamentarios. Nadal ha comentado que existe unanimidad para que sean las compañías privadas, sin discriminación, las que soporten la financiación de este bono social, así como los 500 millones de euros que la sentencia prevé como compensación a las empresas eléctricas.
Sin embargo, el ministro no ha querido ir más allá acerca de la multa, pues el Gobierno ha recurrido el fallo del Tribunal Supremo ante los “problemas jurídicos” que han detectado en el mismo.
Desde 2013 la financiación del bono social corre a cargo de empresas con actividades de producción, distribución y comercialización, lo que se conoce como “integradas”. Sobre el papel, se trata de 23 empresas aunque a cada una le corresponde un porcentaje en función de los clientes que tiene. Así, entre Endesa (41%), Iberdrola (37,9%), Gas Natural (14,7%), HC (3,2%) y Viesgo (2,2%) se hacen cargo del 99% del coste, que ronda los 200 millones anuales. Ampliarlo a todas las comercializadoras extendería el reparto entre unas 250 empresas.
Según la sentencia, “no se puede discriminar entre comercializadoras”, ha señalado Nadal, que ha concretado que el objetivo del nuevo real decreto será “mantener el bono social eléctrico como hasta ahora”.
Nadal ha explicado que la actuación del Ejecutivo se va dividir en dos áreas: por una parte se va abordar el régimen de financiación de esta iniciativa y sus requisitos para poder acceder a él y por otro lado se quiere mejorar la definición para proteger las situaciones de vulnerabilidad.
Respecto a la financiación, el ministro ha señalado que no “quiere merendarse la cena” en referencia a que no va adelantar nada en concreto hasta que las diferentes alternativas se negocien con los grupos políticos.
En relación con la mejora de la definición del modelo actual del bono, ha señalado que todo se irá negociando con los grupos, ya que “todos tienen en sus programas electorales propuestas en relación al bono social”, que se debatirán próximamente.
Nadal también ha afirmado que, más allá de la negociación con los diferentes partidos, se deben respetar las competencias de las autonomías.
En relación al consumidor en situaciones de extrema vulnerabilidad, el ministro ha señalado que es función de las entidades locales y regionales buscar una solución a su situación.