El bono social de la luz (descuentos del 25% sobre la tarifa para determinados colectivos), único mecanismo del Gobierno central contra la pobreza energética, despunta entre las familias numerosas sin que exista ningún control sobre el nivel de renta de los beneficiarios.
Los datos publicados este miércoles por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reflejan que en julio ya tenían el bono 219.027 familias numerosas. Es el colectivo de beneficiarios que más crece, con un incremento del 11,1% (21.888 hogares más) este año.
Con el aumento de julio, del 1% con respecto a junio (más de 2.000 hogares), las familias numerosas ya suponen casi el 9% de usuarios del bono, que beneficia a 2,44 millones de clientes eléctricos. En torno al 38% de las familias numerosas registradas como tales en el Ministerio de Sanidad (hay unas 571.000) disfrutan ya del bono.
Algunas fuentes relacionan el avance con las campañas informativas puestas en marcha recientemente por algunas asociaciones de defensa de este colectivo, cuyo perfil socioeconómico es muy variable. Un 27% ingresa más de 3.000 euros al mes, según un reciente estudio de la Fundación Madrid Vivo (un lobby de la Iglesia e importantes empresarios madrileños).
El bono social está de plena actualidad tras el caso de la anciana fallecida en Reus, que ha llevado a la primera línea el debate sobre la pobreza energética.
En su debut en la sesión de control al Gobierno, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, emplazó este miércoles a los grupos políticos a negociar desde mañana un “impulso” al bono en la Comisión de Energía del Congreso, que analizará la “posible extensión”.
Sin embargo, como medida más urgente, Nadal instó a “garantizar” el sistema de financiación del bono tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el esquema vigente hasta ahora, que cargaba el coste del bono (unos 200 millones al año) a las eléctricas. El ministro cree que el bono “lo debe pagar el sector” y no los consumidores.
El Gobierno ha recurrido la sentencia del Supremo, que contempla indemnizaciones para las compañías eléctricas de unos 500 millones por la financiación aportada al bono desde 2014, mediante un incidente de nulidad.
El PSOE y Ciudadanos son partidarios de excluir a las familias con rentas altas del bono social. Pero no parece que esté en la voluntad del Gobierno cambiar este sistema: en mayo de 2015, el Consejo de Ministros aprobó un Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-17 que contemplaba “mantener y consolidar el bono social” de la luz para este colectivo.
Una reciente proposición no de ley pactada por PP, Ciudadanos y el PSOE recomendaba al Gobierno que, “adicionalmente a los criterios existentes”, explore “la posibilidad de que puedan acceder al bono social eléctrico aquellos consumidores y familias en situación de vulnerabilidad que no superen un determinado umbral de capacidad económica”.
Soltero, acaudalado y con descuento
El grueso de beneficiarios del bono social son las primeras residencias con menos de 3 kilovatios de potencia contratada. En julio tenían el bono 1,792 millones de hogares de ese tipo, el 73,4% del total y un 0,27% menos que en junio.
La potencia contratada más habitual en España está bastante por encima de esa cifra, en torno a los 4,4 kilovatios, según las estimaciones que suele utilizar el Ministerio de Industria. Como sobre este colectivo tampoco se fija ningún criterio de renta, el bono puede corresponder a personas con un nivel socioeconómico desahogado que necesiten poca potencia eléctrica en casa, como una persona que viva sola. El que fuera ministro de Industria, Miguel Sebastián, llegó a reconocer en privado en su momento que él mismo disfrutaba de este descuento, que puso en marcha en su mandato.
El segundo colectivo en importancia entre los beneficiarios del bono social son los receptores de pensiones mínimas, 324.035 hogares en julio (medio punto más que en junio) y el 13,27% del total. Por su parte, el número de hogares con todos sus miembros en paro (el otro colectivo con derecho a disfrutar del bono, previa petición a la compañía eléctrica) se ha desplomado en julio un 10,2%, hasta 70.025 clientes.
España, a años luz de Reino Unido, Alemania, Francia o Portugal en la implantación de medidas contra la pobreza energética, ni siquiera tiene adoptada una definición oficial de este concepto, que suele identificarse con la incapacidad de mantener el hogar en unas condiciones adecuadas de temperatura.
Con todas sus carencias, el bono social sólo está disponible para los clientes de electricidad. Para los de gas no existe.