El nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha hecho oídos sordos este miércoles a la petición de la diputada socialista Pilar Lucio de decretar una “tregua invernal de manera inmediata” que evite los cortes de luz por impago, como ya hacen países como Francia. La propuesta ya fue rechazada por la mayoría absoluta del PP a finales de 2013 y este miércoles ha vuelto al Congreso, tras el fallecimiento de una anciana en Reus (Tarragona), víctima de la pobreza energética.
Durante su primera intervención en la sesión de control al Gobierno como ministro, Nadal se ha limitado a emplazar al resto de grupos a una reunión (“Si fuese posible, mañana”) para “dar un impulso al bono social” de la luz (descuentos del 25% en la tarifa eléctrica para determinados colectivos) y “garantizar” su sistema de financiación, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el esquema vigente hasta ahora, a cargo de las eléctricas.
Nadal ha dejado claro que el bono “lo debe pagar el sector”, y no los consumidores. El Gobierno ha recurrido la sentencia del Supremo, que contempla indemnizaciones para las compañías eléctricas de unos 500 millones por la financiación aportada al bono desde 2014, mediante un incidente de nulidad.
Nadal se ha referido al “muy lamentable” caso de Reus, “en el que había muchos mecanismos que ya estaban en vigor” ante este tipo de situaciones, y que demuestra que “hay cosas de las que todavía tenemos que aprender”. Pero ha argumentado que los casos de “vulnerabilidad severa”, como los de esa anciana, son competencia autonómica, según el Tribunal Constitucional.
El bono social de la luz es el único mecanismo que existe a nivel estatal ante la pobreza energética, aunque no se concede por criterios de renta. A junio (último dato disponible), lo tenían concedido 2,43 millones de clientes eléctricos. El 73,7% eran primeras residencias con menos de 3 kilovatios contratados; el 13,2%, perceptores de pensiones mínimas; el 8,9%, familias numerosas; y el 3,2%, hogares con todos sus miembros en paro.
Posteriormente, y en respuesta a una interpelación urgente de Podemos sobre pobreza energética, el ministro ha dicho que tiene la “esperanza” de que la Comisión Europea obligue a las eléctricas a devolver los más de 3.000 millones de euros cobrados de más en concepto de costes de transición a la competencia (CTC), en el caso de que sean considerados ayudas de Estado ilegales.