El Gobierno se ha comprometido este jueves con las organizaciones sindicales de Función Pública a aprobar el próximo 1 de enero el aumento salarial del 2,25% previsto para los empleados públicos haya o no Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.
Así lo ha confirmado CCOO en un comunicado y el secretario general de la federación de empleados de los servicios públicos de UGT, Julio Lacuerda, en declaraciones a Europa Press, después de la última reunión que han mantenido las organizaciones sindicales con el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, en la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo de mejora del empleo público y de condiciones trabajo.
Según CCOO, Benedicto ha expresado “rotundamente” la voluntad del Gobierno de cumplir en su totalidad el acuerdo, incluidas las subidas salariales haya o no aprobación de Presupuestos Generales del Estado para 2019, así como Lacuerda (UGT), quien ha indicado que el Ejecutivo se ha comprometido “sin ningún género de duda” a llevar a cabo la subida del 2,25% del salario de los empleados públicos prevista para 2019, con lo que previsiblemente el Gobierno tendría que aprobar la subida retributiva vía decreto ley.
CSIF estudia movilizaciones
Por su parte, CSIF ha aclarado que el Gobierno no se ha comprometido con su organización a dicha subida y ha advertido de que estudiará convocar movilizaciones si el incremento no se aprueba el próximo 1 de enero, según han indicado a Europa Press en fuentes del sindicato.
La organización ha pedido al Gobierno que garantice la aplicación de la subida salarial del 2,25% de los empleados públicos por decreto para que vea la luz el próximo 1 de enero, haya o no PGE, y evitar así las demoras producidas a lo largo de los últimos años.
Además, CSIF ha exigido al Gobierno que no use a los empleados públicos como rehenes de la negociación presupuestaria, ya que considera que los utiliza como “última baza” para sacar los Presupuestos del año que viene.
Revisión de acuerdos
Lacuerda de UGT ha explicado que su organización ha pedido a Función Público la revisión para su adecuación de la norma escrita sobre determinados puntos del acuerdo, como los referidos al Estatuto Básico de Trabajadores.
También ha planteado, de cara a las administraciones locales, que se tenga en cuenta la ley de Función Pública de cada comunidad autónoma y que tengan capacidad propia en materia de plantillas. Otro punto que se ha tratado es el referido a la subrogación del personal de contratas administrativas, para aclarar el asunto y dar “formalidad” tras la sentencia del Supremo.
De igual forma, en el encuentro se han evaluado los procesos de consolidación de empleo en el marco del acuerdo suscrito con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir una consolidación de interinos que reduzca la temporalidad al 8%. Según ha indicado a Europa Press Lacuerda, la evolución es “positiva” y permitirá alcanzar la meta, ya que, por ejemplo, en Educación se han convocado para este año 24.000 plazas y la consolidación de interinos supera el 80%, con solo un 10% de plazas no cubiertas.
CCOO ha planteado dos cuestiones que considera que habría que revisar del acuerdo. Por un lado, al bajar el Gobierno la previsión de incremento del PIB para el 2019 al 2,3%, que estaba previsto el 2,5%, el sindicato ha demandado vincular el incremento variable a esta nueva previsión, y exigir que la jornada de 35 horas sea de aplicación en el conjunto del Estado sin vincularlo a ningún otro parámetro.
El secretario general de la federación de servicios públicos de UGT ha indicado que en el encuentro se ha acordado la constitución “inmediata” de los grupos de trabajo para el seguimiento del desarrollo del acuerdo de empleo. En este sentido, CCOO ha exigido la calendarización inmediata de todas las comisiones de seguimiento que generaba este acuerdo, dando prioridad a la comisión de seguimiento sobre el proceso de estabilización de plazas.
Además, el sindicato ha insistido en la necesidad de la convocatoria urgente de la mesa para el Servicio Exterior, que emplea a más de 7.000 trabajadores y trabajadoras, los cuales llevan con los salarios congelados desde 2009. “El secretario de Estado está atendiendo a las demandas reiteradas de CC.OO. y ha informado de que su equipo está trabajando para dar una respuesta inmediata a este colectivo”, ha explicado.