Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, lo ha recordado varias veces en la rueda de prensa de la presentación de los Presupuestos Generales para 2015: este año no tocan recortes. Y a tenor de las grandes cifras presentadas el martes en el Congreso puede ser cierto que el ritmo de tajos en el gasto se haya frenado por fin, después de cuatro ejercicios de fuerte contricción presupuestaria. Con todo, las subidas previstas en la mayor parte de las partidas son muy tímidas y algunas serán en la práctica una congelación.
Aunque el gasto en las principales políticas de gasto se recorta en un 1,5%, este es el resultado de la fuerte caída del pago del servicio de intereses de la deuda y las prestaciones y subsidios por desempleo. Solo estas dos partidas suponen que el Estado presupueste gastar 6.000 millones de euros menos en 2015 de lo que se planteó al inicio de 2014. Hacienda consume prácticamente todo este colchón para materializar el recorte del gasto, y aún le queda un pequeño margen para aumentar ciertas partidas.
Así las cosas, Hacienda puede exhibir ante Bruselas que hay una contención en las cuentas públicas y a la vez conjugar sus necesidades de mejora de gasto público de cara al año electoral. Como muestra, un botón: la inversión en infraestructuras sube un 12,6%, la primera subida significativa desde 2008.
En el texto presentado, el Ejecutivo asegura que la obra pública está entre “sus prioridades del gasto”. En generales, todas las líneas de gasto se ven favorecidas por moderadas subidas. Ahora bien, cabe recortar que muchas de ellas, como Cooperación al Desarrollo, Cultura, becas, o dependencia, habían sufrido graves tijeretazos en los años anteriores. Prácticamente en ningún caso la mejora respecto a los últimos ejercicios presupuestados les devuelve ya no al inicio de la crisis sino al año en el que llegó Mariano Rajoy al poder.
La fuga de población activa
Cabe recordar, además, que el gasto en prestaciones por desempleo del que se beneficia el Gobierno para elaborar estas cuentas viene sobre todo por el lado de la fuga de población activa que en muchos casos estaba cobrando subsidios o rentas mínimas de inserción. También, cómo no, al agotamiento del derecho a la prestación por paro, mucho más cuantiosa que el subsidio de 400 euros, que pasarán a cobrar miles de desempleados.
Con la brocha gorda, este desahogo en las cuentas públicas no se trasladará de forma palpable a las principales partidas de gasto. Las pensiones, por ejemplo, que siguen siendo la primera línea de gasto público, solo mejorarán un 0,25%, lo que de facto supone una congelación. La partida aumenta, eso sí, en un 3,3%, pero por el efecto de la entrada de nuevos pensionistas con prestaciones cada vez de mayor cuantía.
De la misma forma, el gasto en personal aumenta un 1,6%, pero en realidad los funcionarios verán sus sueldos congelados. La subida se debe a que se les devolverá la cuarta parte de la paga extra retirada en 2012, tal y como obliga la ley. Sin este efecto, el gasto en salarios caería un 1,2%.
En realidad, y además de la obra pública y en cierta forma la I+D+i, el resto de las partidas de gasto sube de forma tan exigua que los ciudadanos no notarán ninguna mejora en su día a día.
Ingresos desbocados
Por el lado de los ingresos, las cuentas públicas recogen una subida inusitada que pivota sobre la nueva reforma fiscal y sobre un ensanchamiento de las bases imponibles y las cotizaciones, esto es, que mejorará la recaudación porque habrá más gente trabajando que ganará más.
Paradójicamente, Hacienda reconoce que en 2014, el avance de liquidación apunta a que los ingresos tributarios serán menores de lo previsto porque la contención salarial y la congelación de los precios públicos, contagiada por la baja inflación, han reducido los ingresos previsto. Todo apunta a que esta contención salarial y la inflación estarán en la misma línea en 2015. Y no lo dicen los expertos, lo dice el propio cuadro macroeconómico que ha utilizado el Ejecutivo para elaborar las cuentas.
Así, Economía cree que el coste laboral unitario subirá un 0,4% frente a una subida del 0,7% de la productividad por trabajador. La remuneración por asalariado mejorará un 1%, la inflación estará de media en el 0,8%, y el número de parados cerrará el ejercicio por encima de las 5,237 millones de personas.
Con estos mimbres, Montoro plantea unos ingresos tributarios del Estado central de 113.836 millones de euros (un 8,7% más) y del conjunto de las Administraciones Públicas de 186.112 millones de euros (un 5,4%). Estas cifras de ingresos no se veían en unas cuentas públicas desde hace al menos un lustro.
La mejora de la recaudación vendrá, según los cálculos del Ejecutivo, por el lado del Impuesto de Sociedades, que espera que ingrese casi 4.000 millones de euros más y también por una mejora del IVA y otros impuestos especiales que gravan el consumo y que aventuran una mejora de este indicador por parte de las familias difícilmente compatible con los datos del mercado laboral.
En cuanto a los ingresos no tributarios, Hacienda imprime al fin una dosis de realidad y reconoce que caerán ya que no ha ingresado lo que esperaba por enajenación de “inversiones reales” (como inmuebles o empresas públicas) y también una estrepitosa caída de los ingresos por tasas públicas.
En definitiva, los presupuestos que ha presentado el Gobierno y que asegura son los de “la consolidación de la recuperación”, son, al final, los de la cuasicongelación.