El Gobierno no se plantea de momento la aprobación de nuevas medidas de apoyo a las empresas y a los trabajadores tras la puesta en marcha del nuevo estado de alarma y el toque de queda desde el pasado domingo. Fuentes de Economía han señalado que hay medidas extraordinarias que siguen vigentes, desde los ERTE a las líneas de avales del ICO, aunque también admiten que según vaya evolucionando la pandemia y su impacto en la situación económica “se irán adaptando las medidas a la realidad de cada momento”.
Desde el Ministerio de Economía recuerdan que siguen en marcha “medidas extraordinarias como los ERTE para sectores que vean afectada su actividad; la prestación para autónomos y las líneas de avales del ICO”. Con el nuevo Estado de Alarma y el toque de queda habrá “empresarios que ayer no se podían beneficiar si su actividad no estaba limitada, pero hoy sí podrían hacerlo. Los nuevos beneficiarios entran solos sin necesidad de hacer una medida nueva”, explican.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez está ahora volcado en sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, que serán aprobados este martes en el Consejo de Ministros y todavía tienen por delante una complicada tramitación con la negociación con el resto de las formaciones políticas en el Congreso. El objetivo del Gobierno es que las cuentas públicas de 2021 estén aprobadas en los primeros meses de este año.
El presidente del Gobierno ya anunció que se adelantarían en estos Presupuestos 27.000 millones de las ayudas de los fondos europeos para luchar contra el impacto social y económico de la COVID-19, con la seguridad de que el montante que le corresponde a España todavía tardará en llegar. No se espera que los fondos desembarquen en España antes del verano de 2021. En Moncloa entienden que este adelanto será vital para dar un estímulo a la economía española y financiar las ayudas a los sectores que todavía no hayan recuperado su actividad o se vean afectados por los recortes.
De esta manera, se mantienen los avales de ICO a los préstamos para facilitar la liquidez de las empresas, con una dotación de 140.000 millones. Según el último dato aportado por el Ministerio de Asuntos Económicos, hasta el 14 de octubre se habían financiado 103.847 millones de euros en 841.111 operaciones aprobadas de las que el 98% se habían concedido a pymes y autónomos. Este martes se debate en el Congreso una Proposición no de Ley del Partido Popular que pide la extensión del periodo de carencia del principal, que normalmente es de un año y, si se aprueba la medida, pasarían a ser dos años. También reclaman que el plazo de devolución se amplíe de cinco a seis años.
Además, el Gobierno puso en marcha otro fondo de 10.000 millones de euros para rescatar empresas con problemas de solvencia a causa de la pandemia. El Ejecutivo entrará en el capital de las compañías a través de la compra de acciones, deuda o cualquier otro instrumento convertible en capital con la la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), aunque no ha ofrecido datos de las empresas que han pedido esta ayuda.
El teletrabajo queda en un segundo plano
El nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno no contempla nuevas medidas laborales que se añadan a las ya existentes. De hecho, el ámbito laboral queda excluido de nuevo de las limitaciones sanitarias de movimiento, tanto por la noche como entre Comunidades que puedan quedar perimetradas, en las que se exceptúa el “cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales”. Así, las personas que se tengan que desplazar para ir al trabajo pueden seguir haciéndolo. El empleo también figura como una salvedad a la restricción general de las reuniones de un máximo de seis personas.
Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo este domingo que “la situación que vivimos es extrema”, el Ejecutivo no se está decantando en esta segunda ola por impulsar el teletrabajo como una medida esencial contra los contagios, al contrario de lo que sucedió en la primera fase de la pandemia. En el decreto del nuevo estado de alarma publicado en el BOE no se menciona ni una sola vez el trabajo a distancia, ni para decretarlo como prioritario en los territorios más afectados por la pandemia, ni tan siquiera para recomendarlo.
Fuentes del Ministerio de Trabajo recuerdan no obstante que en la última versión del documento de “respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19” que se pactó en la conferencia interterritorial de salud, en el que “se basa el estado de alarma”, sí se abordan propuestas sobre teletrabajo. En todos los niveles de alerta (desde el 1 que responde a “Brotes complejos o transmisión comunitaria limitada”), se recomienda “fomentar al máximo el teletrabajo”. Para el nivel 3 de alerta, que describe una situación de “transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario”, se propone “acudir al trabajo de manera excepcional, para actividades o reuniones precisas siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento físico e higiene y prevención”.
Pese a esta recomendación en el documento técnico, el impulso del trabajo a distancia no se ha incluido en el BOE y tampoco aparece apenas en los discursos públicos del presidente del Ejecutivo y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al contrario de lo que sucedía al inicio de la pandemia. Las autoridades sanitarias insisten en su último documento de respuesta al virus en que hay entornos en los que se está expandiendo más el virus, especialmente en reuniones familiares y de amigos, que en el ámbito laboral.
Como recuerdan desde la vicepresidencia económica, las empresas afectadas por las restricciones de este nuevo estado de alarma, como pueden ser la hostelería, el ocio nocturno y los taxis que trabajan de noche, entre otras actividades, pueden acogerse a las medidas laborales ya vigentes. Los ERTE por rebrote hasta el 31 de enero, tanto para los negocios que se vean obligados a cerrar como para las que vean limitada su actividad por las limitaciones sanitarias, así como las ayudas por cese de actividad (el paro de los autónomos) para los trabajadores por cuenta propia que se vean abocados al cierre o reduzcan mucho su facturación hasta febrero. La organización de autónomos ATA, parte de la patronal CEOE, ha instado al Gobierno a aprobar más medidas para este colectivo, con un decálogo de propuestas entre las que se encuentran “reducir el IVA a la hostelería, peluquerías, gimnasios” y extender los ERTE y las ayudas a los autónomos “hasta el 31 de mayo”.