El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este martes tras el consejo de ministros que se reunirá con el sector de la gran distribución (Mercadona, Carrefour, Lidl, Dia, etc) para que “contribuya a valorizar el trabajo de los agricultores, que están preocupados las campañas publicitarias que llegan a decir que el futuro es la espiral de las rebajas. No nos podemos permitir la pérdida de valor económico del campo español”.
Planas ha destacado que buena parte del problema es estructural y vienen definidos por la “dispersión de la oferta respecto a la concentración de la compra en la distribución”. “Tenemos en España 800.000 productores y 4.000 cooperativas, somos el cuarto país de producción agroalimentaria de Europa, pero no hay ninguna cooperativa española entre las 50 principales de la UE. Es una evidencia la necesidad de aumentar una dimensión significativa de la organización de la oferta del sector productor, que permita regula mejor la oferta tanto en términos de calidad como de cantidad”.
Planas ha asegurado que esta es la primera vez que un ministro de Agricultura se reunirá con las principales empresas de supermercados para dar respuesta a las movilizaciones del campo español que protestan por el problema de los precios en origen y los escasos márgenes que les quedan a los productores tras las negociaciones de venta con los distribuidores.
El ministro ha asegurado que cumplirá su compromiso con el sector y presentará en unas semanas un borrador de la reforma de la Ley de la cadena alimentaria, que incluiría medidas para luchar contra “prácticas de competencia desleal” y “evitar la venta a pérdidas”, “obligar a la inclusión del coste de producción de productos en los contratos” y publicitar sanciones por incumplir la normativa de la Ley.
Planas ha admitido que el Gobierno no puede fijar precios pero ha dicho que entiende la preocupación de los agricultores y ganaderos por los precios y su volatilidad, la disminución de los márgenes y el incremento de la introducción de nuevas exigencias ambientales que responde a la nueva política agraria común.
El ministro ha asumido que para solventar el problema del campo español es necesario un diálogo con todas las partes incluyendo a los ciudadanos, “que con su elección del producto por el precio marca el curso de la agricultura”.
En la mesa de diálogo agrario entre el Gobierno y las asociaciones profesionales del campo el Ejecutivo también ha propuesto que en los próximos Presupuestos se incremente la dotación pública vinculada a los seguros agrarios para cubrir los precios ante las inclemencias de la climatología.