El Gobierno ha ejecutado los primeros avales de proyectos fallidos de energías renovables adjudicados en la subasta que llevó a cabo en 2016 el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se trata de promotores que no cumplieron los hitos previstos para adjudicarse esa potencia en esa primera subasta y que no han entrado en marcha este año, como estaba previsto.
En una primera tanda, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, la potencia a cancelar por incumplimientos es de 22,19 megavatios (MW) adjudicados en esa primera subasta, por la que se asignaron en total 700 MW (500 MW de eólica y otros 200 MW de biomasa) con vistas al objetivo de alcanzar el objetivo de un 20% de renovables para este año. El volumen de garantías a ejecutar en este caso ha sido de unos 0,44 millones de euros. Además, en próximas semanas se iniciarán los procedimientos de ejecución de las garantías de las subastas de 2017 por un importe estimado muy superior, de 101,6 millones de euros. Se calcula que el Gobierno va a ejecutar en torno al 21% de los avales presentados en esas pujas.
Fuentes del departamento de Teresa Ribera destacan que en el caso de la subasta de 2016 el nivel de éxito fue “excepcionalmente alto”, porque “se ha construido en plazo el 97% de la potencia adjudicada, es decir, de los 700MW se han construido aproximadamente 678 MW”.
En aplicación de lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, la Dirección General de Política Energética y Minas ha iniciado el procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación y la ejecución de las garantías para aquellos adjudicatarios que no hayan cumplido con los requisitos temporales establecidos en las subastas.
Transición Ecológica ha iniciado el procedimiento de ejecución de las garantías de las instalaciones adjudicatarias de la subasta de 2016, que tenían un importe de 20.000 €/MW. En esa subasta no existían hitos intermedios, por lo que se procede a iniciar el procedimiento para la parte de la potencia no construida. En las subastas de 2017, las garantías subieron a 60.000 euros por MW adjudicado y se establecieron una serie de hitos intermedios. Con ellas se adjudicaron unos 8.200 MW eólicos y fotovoltaicos. Esas macrosubastas fueron en su momento muy criticadas por el sector por su elevada complejidad.
Nuevas subastas
Tres años después, con las renovables como gran esperanza para la recuperación ante el desastre del coronavirus, el sector lleva meses esperando que el Gobierno lance un nuevo procedimiento de subastas para canalizar la avalancha de MW verdes (30.000) que España prevé instalar en la próxima década para descarbonizar su sistema eléctrico. En junio, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para impulsar la instalación “masiva” de las energías renovables como primer paso para poner en marcha esas subastas, estableciendo los grandes principios de las mismas y teniendo en cuenta aspectos como la gestionabilidad y la madurez tecnológica de las tecnologías.
La puesta en marcha efectiva está pendiente de la aprobación de un Real Decreto sobre el que ya ha dictaminado el Consejo de Estado y que recoge el mecanismo de esas subastas. Estas se harán a sobre cerrado y en ellas el producto a subastar será la potencia, la energía producida o una combinación de ambas, y la variable será el precio en euros/MWh. Tras ese decreto, que se aprobará próximamente, según Transición Ecológica, será necesario aprobar las correspondientes órdenes ministeriales para convocar las subastas. En paralelo, está pendiente la regulación sobre el acceso y conexión a las redes de electricidad que deben aprobar tanto Transición Ecológica como al Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).