El Gobierno recibe a los ejecutivos de las eléctricas para abordar el futuro de las nucleares
Cumbre eléctrica de alto nivel en el Ministerio para la Transición Energética. La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha recibido este lunes a los ejecutivos de las tres principales eléctricas españolas para abordar el futuro del parque nuclear español, de cara a la remisión a la Comisión Europea del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno tiene pendiente enviar a Bruselas desde hace semanas.
A la reunión, cuya convocatoria había avanzado Cinco Días y que ya ha concluido, han acudido Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, José Bogas, consejero delegado de Endesa, y Francisco Reynés, presidente ejecutivo Naturgy, según fuentes empresariales.
Aunque en el ministerio se limitan a señalar que Transición Ecológica mantiene reuniones y contactos con todos los agentes del sector, el encuentro tenía por objeto, según fuentes conocedoras del mismo, tratar de alcanzar un “acuerdo global” para consensuar un calendario de cierre ordenado de las nucleares, empezando por la de Almaraz (Cáceres), cuya prórroga de explotación o cierre deben solicitar las empresas ante el ministerio antes del próximo 31 de marzo.
Las tres grandes eléctricas, que son socias de esa planta y hasta ahora han sido incapaces de alcanzar un acuerdo al respecto, tienen convocada una junta prevista para este martes para abordar nuevamente este asunto.
El accionariado de Almaraz se reparte entre Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%), pero al tratarse de una agrupación de interés económico (AIE), las decisiones tienen que tomarse por unanimidad. Iberdrola y Naturgy son partidarias de que la planta extremeña solo opere cuatro años más, cuando cumplirá los 40 años de vida útil. Endesa es partidaria de que lo haga, como el resto de nucleares, hasta los 50 años.
“Se quiere llegar a un acuerdo global para todas, no solo para Almaraz”, resume una fuente conocedora de las negociaciones, que recuerda que el cierre de las nucleares está vinculado al desmantelamiento de las plantas y la gestión de sus residuos, cuyo coste corre a cargo de un fondo que gestiona la empresa pública Enresa.
El Tribunal de Cuentas ha cuestionado la suficiencia de ese fondo, que el Gobierno también debe abordar mediante un plan de gestión de residuos radiactivos que se ha comprometido a presentar este año. El actual data de 2006 y está caducado desde 2010.
El PNIEC, que el Gobierno todavía no ha desvelado, debe establecer un calendario de cierre nuclear que, según La Información, fija el horizonte para desconectar la última central en 2035, lo que implicaría incumplir el programa electoral del PSOE, que fijaba un cierre de las plantas al cumplir los 40 años que implicaría clausurarlas entre 2023 y 2028.
Transición Ecológica señala que está aprovechando la “flexibilidad” que le ha concedido Bruselas para aclarar su hoja de ruta a largo plazo, en la que está trabajando a contrarreloj desde hace seis meses.
