Cuando una persona haya cotizado a tiempo parcial ya no será necesario que acumule como mínimo quince años cotizados para acceder a una pensión de jubilación. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha presentado hoy en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso una nueva fórmula de cotización para las personas con estos tipos de contratos, después de que el Tribunal Constitucional declarara hace unos meses nulo el sistema actual. El nuevo método implicaría suavizar algunos requisitos, aunque supondría también pensiones más bajas.
Según la nueva fórmula, el periodo mínimo cotizado que tendrán que acreditar las personas que trabajan bajo esta modalidad se ajustará al llamado coeficiente de parcialidad, que corresponde al porcentaje de jornada a tiempo parcial que han hecho respecto a la de tiempo completo y que consta en la vida laboral de los trabajadores.
Por ejemplo, si la jornada de un trabajador ha sido del 50% de la completa, el periodo mínimo de cotización que tendría que acreditar un trabajador para poder cobrar una pensión no serían quince años sino siete años y medio. Para calcular ese coeficiente se tendrá en cuenta toda la vida laboral. Según Burgos, esta nueva fórmula permitirá que un número importante de trabajadoras a tiempo parcial que hasta ahora no llegaban al mínimo de años cotizados para tener una pensión de jubilación.
Sin embargo, el secretario de Estado ha apostado por rebajar las aportaciones que hace a los complementos a mínimos, es decir, a los complementos que se añaden a las pensiones muy bajas para que estas alcancen una cuantía adecuada. “Quien ha trabajado por un salario de doscientes o trescientos horas no puede pretender jubilarse con una pensión de más de seiscientos euros...esto no puede hacerse en aras de la solidaridad”, ha dicho Burgos, que ha defendido que esta propuesta permitiría dar “una cobertura adecuada” a los trabajadores, mantiene los principios de propocionalidad y equidad y evita “situaciones fraudulentas o irregulares”.
Tanto el Grupo Socialista como la Izquierda Plural han sido muy críticos con la propuesta, ya que creen que no soluciona las desigualdades y que, por el contrario, genera nuevas inequidades. La portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, ha asegurado que la propuesta se aparta de lo que pidió el TC: “Deja con claridad expuesto que un dia de trabajo sea un día de cotización independientemente de las horas trabajadas, ya es una fórmula conocida y es la más clara, la que proponen ustedes es un poco artificiosa y confusa”.
El portavoz de la Izquierda Plulra, Joan Coscubiela, tampoco comparte la propuesta. Coscubiela ha defendido que excluye a trabajadores cuyas condiciones laborales 'de facto' son como las del trabajo a tiempo parcial aunque su contrato no figure como tal, como los trabajadores de fin de semana. También ha señalado que los nuevos criterios pueden perjudicar a algunos trabajadores a tiempo completo que, teniendo más años cotizados que un trabajador a tiempo parcial, pueden sin embargo no llegar por pocas semanas al periodo mínimo para cobrar una pensión.
Varios grupos han manifestado su temor a que la nueva fórmula perjudique a las personas que ya tienen una prestación, bien porque con los nuevos criterios no pudieran acceder a una, bien porque se les rebaje su cuantía. El portavoz de CiU, Carles Campuzano, ha manifestado que los nuevos criterios siguen manteniendo elementos de penalización al trabajo a tiempo parcial. Se excluye a trabajadores que aunque su modalidad no está incluida en el tiempo parcial estan claramente en esa formula, como los trabajadores que trabajan el fin de semana.
Sentencia del Constitucional
Hace unos meses, el Tribunal Constitucional declaró nulo el sistema por el que los trabajadores a tiempo parcial cotizaban para sus futuras pensiones. El Alto Tribunal consideraba que el sistema rompía los principios de igualdad y no discriminación por razón de género, ya que la mayoría de las personas que cotizan a tiempo parcial son mujeres.
El secretario de Estado ha dicho que actualmente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene bloqueados 518 expedientes de jubilación e incapacidad permanente a los que aplicandoles la legislación anterior hubieran denegado la pensión y que esperan la aprobacion de la nueva fórmula