El Consejo de Ministros cambió radicalmente la organización de la red de transportes española este viernes. Por un lado aceleró el proceso de liberalización de los servicios ferroviarios de pasajeros, hoy monopolizados por Renfe. Además intentó poner orden en los planes de privatización de Aena, la empresa propietaria de la red de aeropuertos estatales, limitando la entrada de capital privado a una participación minoritaria.
Como ya ocurriera en la anterior legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy se ha perdido en planes de desregulación de ambos servicios que no ha sabido o querido aplicar en los tres primeros años de su mandato. Ahora, en la recta final de su legislatura, le entran las prisas para cumplir con unas iniciativas privatizadoras que, en este caso, sí llevaba en su programa electoral. El tiempo que resta hasta las próximas elecciones generales es tan justo que, también en este intento, como ya ocurrió con los planes promovidos por Zapatero, todo puede quedar en agua de borrajas.
Una licencia de tren
Una licencia de trenEl plan anunciado por Ana Pastor para la entrada de un nuevo operador ferroviario que compita con Renfe en servicios de pasajeros en el Corredor de Levante entra dentro de lo que ya se había avanzado. La licencia que se concursará será por siete años y el ganador “tendrá libertad para hacer la oferta de servicio que considere oportuna”. Durante esos siete años Renfe deberá adaptarse para convertirse en una empresa con “auténtica capacidad competitiva”. Tras este “periodo transitorio en el que la libre oferta en el negocio del tren estará limitada a un solo operador privado”, el mercado se abrirá sin restricciones y podrá entrar a competir quien quiera.
La decisión sobre el proceso de privatización de Aena que el Consejo de Ministros comunicó el viernes supone un importante revés para los planes del Ministerio de Fomento y, sobre todo, para los del actual presidente de la empresa propietaria de los aeropuertos estatales, José Manuel Vargas. Ambos han trabajado durante los últimos tres años para conseguir la venta a empresas privadas de la mayoría del capital (el 60%) de Aena Aeropuertos.
Calendario
CalendarioLa ministra de Fomento en su comparecencia para comunicar los planes privatizadores glosó la “importancia” de que “la mayor red aeroportuaria del mundo” siga en manos del Estado español. Con esta filosofía, el Gobierno abrirá a inversores privados el 49% del capital Aena Aeropuertos, de forma que el 28% se colocará en bolsa a través de una oferta pública de venta (OPV) y el 21% restante se licitará para un núcleo estable de accionistas seleccionados mediante un proceso de concurrencia.
Según el calendario anunciado por Pastor, el Ejecutivo prevé publicar en julio el nuevo marco regulatorio del sector aeroportuario para comenzar a seleccionar a los inversores de referencia a lo largo de septiembre. Una vez que se registre el folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), algo que se espera que ocurra en octubre, la sociedad fijará el precio máximo para los inversores cualificados y minoristas en noviembre, cuando se iniciará la cotización.
Ahora queda por ver si se pueden cumplir plazos y expectativas privatizadoras en esta nueva carrera contrarreloj.
Los movimientos para poner la mayoría del capital de Aena en manos privadas impulsados por Fomento y la dirección del ente durante los últimos tres años nunca han contado con el obligatorio visto bueno del Consejo de Ministros. El único aval recibido fue el de un informe que el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) emitió en 2013. El órgano avaló la venta del 60% del capital de la empresa.
La enajenación se llevaría adelante en dos fases. La primera, una colocación institucional de un 30% del capital a un “núcleo estable” de cuatro o cinco accionistas estrictamente financieros y sin aspiraciones de gestión. Un tramo posterior de otro 30% se vendería entre accionistas minoritarios. El Estado conservaría la gestión de la empresa y el 40% del capital.
Valoración menguante
Valoración menguante
Otro pilar de esta estrategia para poner en manos privadas “la mayor red mundial de aeropuertos”, según le gusta recordar a la ministra Ana Pastor, fueron las distintas estimaciones sobre el valor de Aena. La horquilla de tasaciones realizadas en la actual legislatura va de 16.000 a 12.000 millones de euros. El precio incluye la deuda que arrastra la sociedad estatal y que se sitúa en el entorno de los 12.500 millones. Hace cuatro años, en el anterior proceso de privatización frustrado, el Gobierno del PSOE intentó sin éxito concesionar por 15 años prorrogables los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Entonces la valoración del 100% de la empresa fue de 19.000 millones.
Tras el anuncio del nuevo modelo de privatización minoritaria de Aena, y la propuesta de calendario urgente previsto, queda por comprobar cuáles son las reacciones de las principales empresas nacionales privadas del sector aeroportuario. Grupos como Ferrovial u OHL han expresado durante los últimos tres años su rechazo frontal a una privatización de Aena Aeropuertos en la que ellos no tengan reservado un papel. Especialmente críticos se han mostrado con la posibilidad de que el actual presidente de la compañía, José Manuel Vargas, se otorgue el papel de bisagra como máximo ejecutivo en la empresa pública y en su heredera privatizada.