El Gobierno ha decidido aplazar al menos a septiembre, por falta de apoyos parlamentarios y en vísperas del nuevo Real Decreto-Ley que prevé aprobar este sábado para intentar frenar la inflación, la aprobación de dos leyes clave en el sector energético: el fondo para que gasistas y petroleras también contribuyan a financiar el coste de las primas a las renovables y el recorte de los ingresos extra de las eléctricas por el CO2 no emitido. Así lo avanza este viernes El Confidencial y lo confirman fuentes conocedoras del proceso.
La intención del PSOE y Unidas Podemos era aprobar en comisión el próximo martes esas leyes para remitirlas al Senado. Pero, en vísperas del nuevo paquete legislativo, en el que los socios de la coalición negocian entre otras medidas elevar la fiscalidad a las energéticas y ayudas directas para los hogares vulnerables, han decidido que esas leyes se debatan ya en septiembre.
Fuentes parlamentarias explican que ambas medidas entran en conflicto con las que se van a aprobar este sábado. “No tiene sentido que por un lado se prorroguen las subvenciones a los combustibles fósiles” y por otro se les introduzca un recargo, a través de ese fondo de las renovables, cuyo efecto se traduciría en un abaratamiento de la factura de la luz a costa de encarecer los carburantes y el gas.
Además, los apoyos parlamentarios no estaban claros, sobre todo por parte del PNV y ERC. La idea es esperar a septiembre para ver si entonces la situación es diferente. La relación del Gobierno con los nacionalistas catalanes se ha enfriado sobremanera desde el caso Pegasus. Y en el caso de los nacionalistas vascos, cabe recordar que Repsol se ha mostrado desde el primer momento radicalmente en contra del fondo de las renovables.
Petroleras, gasistas y patronales industriales habían apurado esfuerzos en los últimos días para intentar frenar ese mecanismo, bautizado como Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSEE), pensado para sacar el coste de las antiguas primas a las energías renovables de la tarifa eléctrica y cargarlo al conjunto del sector energético.
En un momento de convulsión en los mercados de la energía por la guerra en Ucrania, en los últimos días se había redoblado la presión de distintas asociaciones contra la medida, anunciada por el Gobierno en diciembre de 2020, recogida en el plan de recuperación y que había pasado meses atascada en el Congreso.
Endesa o Iberdrola aplauden, mientras que la patronal de las petroleras, AOP, la gasista Sedigás y las grandes patronales de la industria (especialmente las intensivas en consumo de gas) se habían mostrado en contra porque avisan de que se les va a repercutir el coste.
El FNSSE persigue dar señales de electrificación de la economía y recortar los cargos que implican actualmente los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (conocido como RECORE), que financia las primas de la burbuja de la primera década de este siglo.
La idea es repartir entre todo el sector energético el esfuerzo que hasta ahora ha recaído exclusivamente sobre los consumidores de electricidad y acercar el modelo español de financiación de esos incentivos al de otros países europeos como Francia o Alemania, liberando de forma paulatina de esa carga al recibo de la luz.
Ese fondo se planteó para que el conjunto de comercializadoras lo sufragaran de forma progresiva (a razón de un 20% del importe a financiar cada año durante un lustro, hasta alcanzar el 100%) las aportaciones de las empresas comercializadoras de todos los sectores energéticos en función de sus ventas. PP y Vox lo han rechazado desde que se inició su tramitación parlamentaria.
En el caso del mecanismo de minoración de los ingresos extra de las centrales eléctricas que no emiten CO2 (fundamentalmente, nucleares e hidroeléctricas) y que se benefician de la subida de los derechos de emisión, el proyecto de ley, muy criticado por las eléctricas, fue presentado hace ya casi un año y también estaba previsto que se votase en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso la próxima semana.
Finalmente tendrá que esperar todavía más. El proyecto, presentado justo cuando los precios de la electricidad empezaban a dispararse (aunque en niveles entonces muy moderados si se comparan con los que han alcanzado tras la crisis de Ucrania), fue la primera medida que presentó el Ejecutivo para recortar los llamados beneficios del cielo de las eléctricas. y fue muy criticado desde el primer momento por las compañías eléctricas, que llegaron a amenazar con un cierre anticipado de las nucleares si se aplicaba.