El Gobierno ha inundado hoy de información económica a los ciudadanos, más de lo que posiblemente pueden digerir. Entre el aluvión de medidas aprobadas en el Consejo de Ministros destaca, al menos en términos prácticos, la subida de impuestos. Hacienda aumentará, como era esperado, la tributación del alcohol -sin afectar ni al vino ni a la cerveza- con una subida de al menos el 10% -pasando de 8,30 euros por litro de alcohol a 9,13 euros- y también del tabaco: la cajetilla subirá de media 15 céntimos. La principal novedad del día es la creación de un impuesto medioambiental que gravará el aire acondicionado.
A la espera de leer el Real Decreto, a lo que invitó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo solo ha avanzado que el “complejo” impuesto se enmarcará dentro de la reforma energética como una forma de penalizar el exceso de su consumo. Además, según lo apuntado en rueda de prensa, el tributo se calculará de forma ponderada -gravando más a los más contaminantes- y según fuentes de Hacienda, encarecerá la venta de aparatos en cinco euros de media. Este nuevo tributo afectará a aparatos como los aires acondicionados, los extintores o las neveras, entre otros. Sin embargo, quedarán exentos los aparatos en los que el gas está sellado herméticamente como el aire acondicionado de los coches.
El impuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2014, aportará unos 340 millones al año y lo pagaran generalmente los mayoristas que adquieran los productos al fabricante, aunque podrán repercutir la subida en el precio final. En total, el Ejecutivo espera recaudar alrededor de 700 millones de euros adicionales por el alcohol, algo más de 366 millones de euros por el tabaco.
Además de estas subidas, que gravarán de forma indiscriminada a todos los consumidores que utilicen estos recursos, el Gobierno ha adelantado una eliminación de diferentes bonificaciones a las grandes empresas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la tributación efectiva (lo que pagan realmente después de utilizar las desgravaciones) de algunas grandes corporaciones se quedaba en el 5%, y ha invitado a las grandes empresas a revelar cuánto pagan en impuestos realmente, cuando el tipo real de estas sociedades está en el 30%.
Según las estimaciones de Hacienda, solo la desgravación por depreciación de la cartera de activos le quitaba a las arcas del Estado 3.650 millones de euros. En total, el Gobierno confía en recaudar 4.690 millones de euros anuales con las modificaciones tributarias anunciadas.
Así las cosas, el ministro ha asegurado que esto no afecta a la anunciada reforma fiscal del Ejecutivo, y que tendrá especial incidencia en el diseño del Impuesto sobre la Renta.
Montoro ha asegurado entre bromas que nunca había vivido “un consejo de ministros como este”, en referencia a la abundancia de medidas ligadas a su cartera. En diferentes intervenciones, el ministro ha insistido en que “no me gustaba” subir impuestos, ni siquiera los del tabaco y alcohol, y que lo hacía porque su obligación es reducir el déficit. “Hay que cumplir leyes, unas me gustan más y otras menos”, ha explicado.
Además de las subidas impositivas, el ministro ha anunciado un nuevo plan de pago a proveedores, que facilitará que las Administraciones Públicas paguen las facturas que tienen pendientes con las universidades y el conocido como “tercer sector”. Aunque el Gobierno ya había puesto en marcha diversos planes de pago de proveedores, nunca se había enfrentado al saneamiento de las deudas de los que prestan servicios relacionados con la dependencia o los sanitarios. Muchas de las empresas que prestan este tipo de servicios están al borde de la quiebra. También las universidades se han quejado amargamente de la falta de pago por parte de las comunidades autónomas.
Como guinda del pastel entre los anuncios bajo su tutela, el ministro ha anunciado la dimisión, aparentemente voluntaria, de la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, en medio de la polémica por la confusión con el DNI de la infanta.