El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al polémico Real Decreto que regula el autoconsumo eléctrico, la modalidad que permitirá a los consumidores producir su propia energía, normalmente mediante paneles fotovoltaicos, en lugar de comprársela a las empresas comercializadoras.
En la recta final de la legislatura, a poco más de dos meses de las elecciones generales y con un retraso de dos años, el Ministerio de Industria ha logrado sacar adelante una norma que, según el sector de las energías renovables, busca proteger los intereses de las grandes eléctricas y, pese a las excelentes condiciones de irradiación solar de España, es la más restrictiva del mundo en esta materia.
En rueda de prensa, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha confirmado que, con algunas excepciones, el decreto, que la oposición ha prometido derogar, incluirá lo que el sector ha bautizado como “impuesto al sol”, aunque ha asegurado que “lo que busca es impulsar en primer lugar la generación distribuida”. Se trata, ha dicho, de un “nuevo impulso a la utilización de las energías renovables”, ha dicho el ministro, que se estrenó en el cargo con una moratoria a las primas que recibían las fuentes limpias, que luego recortó drásticamente con efectos retroactivos.
Soria ha confirmado que el autoconsumidor que esté conectado a la red (esto que es, que no tenga una instalación aislada) tendrá que hacer frente a una serie de cargos para sufragar los servicios e infraestructuras energéticas -como las redes, las renovables o la gestión del sistema-, dado que también las utilizarán cuando su planta no esté produciendo. El ministro, cuya prioridad es que no se vuelva a generar el denominado déficit de tarifa (desfase entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico), ha asegurado que el Consejo de Estado, que emitió su informe sobre el borrador de Real Decreto a mediados de septiembre, es “totalmente partidario” de que se sufraguen estos “costes de peajes”.
En el caso del transporte y la distribución, el autoconsumidor “sólo paga en la medida en que los utilice”, mientras que para los denominados costes del sistema (amortización del déficit de tarifa, costes de los sistemas extrapeninsulares e incentivos a las renovables), contribuirán “como cualquier otro consumidor” independientemente de que autoconsuma o reciba energía de la red. También abonará los denominados “pagos de respaldo” para sostener la producción de determinadas centrales térmicas. “Evidentemente también contribuye porque esos pagos de respaldo le permiten, si en un momento determinado tiene que acudir al sistema, tener electricidad”, ha argumentado Soria.
Uno de los pocos aspectos que ha suavizado Soria con respecto al durísimo borrador presentado este verano, que criticó incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es el de eximir de esos pagos a las instalaciones más pequeñas (de potencia igual o inferior a 10 kV) y a las ubicadas en los regímenes insulares y extrapeninsulares, “porque producir electricidad en estos regímenes es hasta cuatro veces suoperior a la península”, dada su condición de “islas energéticas”, según ha explicado Soria. A falta de conocer el texto definitivo, los últimos borradores también eliminaban la prohibición de autoconsumir si se estaba acogido a la tarifa regulada, el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).
El decreto contemplará dos modalidades: instalaciones que sólo autoconsuman con menos de 100 kV de potencia, que podrán verter la energía sobrante que no consuman sin poder venderla, y las de más de 100 Kv de potencia, que sí podrán vender ese excedente.