El Gobierno de México ha solicitado auditar los contratos que tiene actualmente vigentes con OHL “para corroborar que se ajustan a la legalidad y la transparencia”, según informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del país a través de un comunicado en el que indica que ha solicitado a la Secretaría de la Función Pública realizar auditorías a los contratos con la filial mexicana de la empresa española.
La Secretaría pretende comprobar que “los procedimientos licitatorios que dieron origen a las contrataciones se llevaron a cabo con apego a la legalidad y bajo principios de transparencia”. El Gobierno mexicano toma esta decisión después de que la publicación de nuevas grabaciones de conversaciones del ya dimitido directivo del OHL México Pablo Wallentin y otro director de la compañía preguntando sobre supuestos pagos a magistrados.
Se trata de tres llamadas telefónicas privadas del 16 de enero pasado, realizadas en horas distintas, entre el ejecutivo y otra persona identificada como Gerardo Fernández, director jurídico de OHL México, en las que hablan de varios temas relacionados con la actividad de la compañía española en el país.
“¿Cuánto hay que darle a los magistrados?”, pregunta en la primera de ellas Wallentin a Fernández. “Pues, yo creo que, este, una manita, ¿no?”, le responde el otro.
Wallentin dimitió el pasado 11 de mayo tras la aparición de unas primeras grabaciones ilegales sobre un supuesto fraude en las tarifas de una autopista, que causaron un desplome de las acciones de la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores, hasta el punto de que un día tuvo que suspender temporalmente su cotización.
Por su parte, OHL saldó las supuestas irregularidades del contrato del Bicentenario con una auditoría realizada por EY, como firma independiente, en la que se concluía que la contratación de esta concesión se ajusta a la realidad.
La compañía que controla y preside el exministro Juan Miguel Villar Mir siempre ha defendido que todos sus contratos se ajustan a la legalidad y ha tachado de falsas estas acusaciones, que atribuye a una campaña de difamación de la que el grupo es objeto en México. Hoy el grupo celebra su junta de accionistas en Madrid.