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La agencia de viajes Thomas Cook quiebra y deja a 600.000 turistas a la espera de ser repatriados
El Gobierno aprobará el próximo 11 de octubre un real decreto ley con trece medidas de choque, por una cuantía de 300 millones de euros, para hacer frente a la quiebra del turoperador británico Thomas Cook, entre ellas una rebaja de las tarifas de pasajeros y de ruta en los vuelos a Canarias y Baleares.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha presentado este jueves dichas medidas, centradas en Canarias y Baleares, con las que se espera suavizar el impacto del colapso del turoperador en el empleo, que ha afectado a 3.400 trabajadores de forma directa, pero podría abarcar a muchos más.
Maroto ha explicado, tras la Comisión Interministerial que se ha reunido hoy para tratar este asunto, que el plan está enfocado en cuatro puntos fundamentales: asegurar la conectividad aérea, paliar el impacto económico en el sector empresarial por la falta de liquidez, el mantenimiento del empleo y recuperar la demanda turística, todo ello acompañado de una estrategia jurídica por parte del Estado para defender a los afectados y consumidores.
El plan se centra en ambos archipiélagos, al ser las comunidades autónomas más afectadas por la crisis, dado que el turismo supone el 45 % del PIB de Baleares y el 35% del de Canarias.
En consecuencia, de las facturas que no van a poder cobrar por la temporada de verano y por el perjuicio a los 700.000 turistas que ya tenían paquetes contratados con Thomas Cook a Canarias (400.000) y Baleares (300.000) para este invierno, un millar de empresas, de ellas 600 hoteleras, estarían afectadas por falta de liquidez, ha indicado Maroto.
Por ello, el plan incluye la apertura de una línea de crédito, dotada con hasta 200 millones de euros, para tratar de compensar las pérdidas de empresas, pymes y autónomos.
En cuanto al paquete vinculado al mantenimiento de la conectividad aérea para paliar el impacto previsto en los mercados más afectados, Canarias y Baleares, el gestor aeroportuario Aena aplicará un incentivo comercial a las aerolíneas que programen asientos adicionales a los ya previstos el 31 de agosto en estos dos destinos.
Esta medida, de carácter extraordinario, consistirá en exonerar de la tarifa de pasajero a todas las aerolíneas que operen en Canarias y Baleares durante la temporada de invierno (entre el 27 de octubre y el 28 de marzo de 2020) y supondrá que la tarifa total de aterrizaje y despegue, lo que se llama el coste de escala, se reduzca un 38 %, ha matizado Maroto.
Asimismo, Enaire reducirá en más de un 12 % la tarifa de ruta para las compañías aéreas que operan en ambos archipiélagos, medida que será efectiva a partir del 1 de enero de 2020 hasta que sea revisada de nuevo.
En materia de empleo se ampliarán las bonificaciones del 50% en las cotizaciones de la Seguridad Social en los contratos fijos discontinuos en los meses de octubre y diciembre.
Estas bonificaciones ya se pueden disfrutar en los meses de febrero, marzo y noviembre y con esta propuesta se busca hacer una ampliación con el fin de que sea un incentivo para mantener el empleo.
Se instalará, asimismo, una ventanilla de información con el objeto de atender estos aplazamientos en las cuotas y habrá otras medidas destinadas a la creación de políticas activas de empleo que permita recolocar a los trabajadores afectados.
Respecto de la recuperación de la demanda turística, se prevé un programa de promoción en todos los mercados donde operaba Thomas Cook y, en especial, en el británico, y se trabajará en la consolidación de la oferta turística.
Estrategia jurídica en defensa de los afectados
A este plan de choque se suma la decisión por parte del Gobierno de diseñar una estrategia jurídica en defensa de los intereses generales de los afectados con el que se permita exigir responsabilidades.
Desde el Ejecutivo, “estamos configurando ahora los elementos de la estrategia”, teniendo en cuenta que se trata de una crisis muy compleja, porque Thomas Cook operaba en muchos países y, por lo tanto, “lo primero que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con el administrador concursal”.
Ahora, el objetivo es obtener toda la información necesaria “para entender cuáles son los elementos en los que luego tendremos que actuar”.
Esta medida pone de manifiesto la voluntad del Gobierno por defender los intereses generales ante una compañía, donde todo indica que ha habido una falta de responsabilidad, y se está estudiando acciones, a través de la Abogacía del Estado, ha concluido.