El Consejo de Ministros aprueba hoy nuevas medidas a iniciativa del Ministerio de Consumo para proteger a los consumidores durante la crisis del coronavirus, que pasan por ampliar la moratoria de las hipotecas a créditos de consumo y obligar a las empresas a dar alternativas a quienes hayan pagado bienes o servicios por los que no han podido disfrutar.
La moratoria en los pagos de créditos al consumo va dirigida a personas vulnerables y tendrá una duración de tres meses ampliables, explican fuentes del Ministerio a eldiario.es. Los supuestos para ser considerado vulnerable serán los mismos que en la moratoria de las hipotecas. Hay varios, pero el más importante es que el deudor pase a estar en una situación de desempleo o que, en caso de ser empresario o profesional, sufra una merma sustancial en sus ventas.
Por otro lado, se aprueba un paquete de protección al consumidor. Quienes hayan pagado por servicios no disfrutados (vuelos, hoteles, gimnasios, guarderías, etc.) tendrán derecho a que el proveedor les ofrezca una alternativa. En caso de no aceptarla, tendrán derecho al reembolso. La medida cambia según el tipo de servicio:
Las agencias de viajes que haya vendido paquetes combinados (vuelo y hotel) tendrán que ofrecer a sus clientes un bono con validez de un año. Si pasado ese año el cliente no ha disfrutado del bono, tendrán que reembolsarle el dinero.
- Las empresas que haya vendido servicios individuales (por ejemplo, un hotel) que el cliente no haya podido disfrutar, tendrán 60 días para ofrecer una alternativa. Si en esos 60 días el cliente no disfruta de la alternativa, tendrá derecho a un reembolso.
- Por último, los establecimientos (gimnasios, guarderías, residencias de estudiantes, etc.) que hayan seguido cobrando las cuotas mientras han estado cerrados, tendrán que ofrecer a sus clientes una “recuperación de los servicios” cuando termine el estado de alarma.
Por ejemplo: si has pagado un mes de gimnasio pero no has podido ir, el gimnasio debe ofrecerte algo a cambio. Puede ser un mes gratis u otro servicio: el Gobierno no habla de cómo debe resolverse, porque forma parte de la relación entre proveedor y cliente. Si el cliente no acepta esos servicios, tiene derecho a que le devuelvan el dinero.
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