El Gobierno ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas los primeros 3.400 millones para financiar proyectos regionales (públicos y privados) con fondos europeos. Estos préstamos 'baratos' o en condiciones ventajosas del Plan de Recuperación forman parte del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA), que gestiona el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y que movilizará hasta 20.000 millones de euros hasta 2026, según ha explicado este miércoles Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa.
Cuerpo ha realizado este anuncio tras la celebración de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha reunido a Gobierno y consejeros de los ejecutivos y ciudades autonómicas para informar de la puesta en marcha del nuevo Fondo.
“El objetivo de este fondo es dar continuidad al impulso de proyectos que fomenten la transformación y resiliencia de la economía, financiando iniciativas privadas y públicas en las siguientes áreas prioritarias: vivienda social y asequible y regeneración urbana,; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo e innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados; gestión de aguas y residuos; y transición energética”, según ha detallado el Ministerio de Economía.
El fondo se desplegará en función de la demanda efectiva del mercado y de las Comunidades Autónomas, por lo que no se han establecido porcentajes de reparto o topes por región. Los recursos se asignarán a través de distintos instrumentos financieros en función de las oportunidades de inversión.
Entre los instrumentos financieros se cuenta con un instrumento directo de cofinanciación, que permitirá otorgar préstamos a proyectos de gran tamaño, como energías renovables, transporte limpio o infraestructuras sostenibles, entre otros, cuya financiación puede llegar en algunos casos hasta los 20 o 30 años de plazo máximo y que se complementará con financiación del BEI haciendo uso de sus recursos propios.
Se desplegará asimismo un conjunto de instrumentos intermediados, cuya financiación se otorgará a través de intermediarios seleccionados por el BEI (entidades financieras y gestores de infraestructuras o capital riesgo, por ejemplo), para apoyar proyectos de menor tamaño en el ámbito del desarrollo urbano y el turismo sostenible, así como financiación a pymes en materia de innovación, sostenibilidad y competitividad.
“Se espera que los representantes de los Consejos de Inversión sean designados en las próximas semanas, permitiendo de este modo que se empiecen a aprobar las primeras operaciones”, señala el Ministerio de Economía.
La reforma fiscal
Este mismo jueves, la Comisión Europea reiteró su preocupación sobre la lentitud con la que los gobiernos están aplicando los planes de recuperación, que tienen agosto de 2026 como fecha límite para ejecutarse y, por tanto, recibir los más de 600.000 millones de euros presupuestados en transferencias (que no se tienen que devolver, mientras que el fondo de Fondo de Resiliencia Autonómica sí).
Concretamente, le dio un tirón de orejas a España, que partió como alumno aventajado, pero que ha llegado con retraso al cuarto pago y no avanza en la ejecución de las medidas previstas para el quinto desembolso, entre ellas la reforma fiscal.
Así, en las recomendaciones económicas que el gobierno comunitario elabora cada primavera para los 27 estados miembros incluye en el caso de España la necesidad de “abordar los nuevos retrasos para permitir una aplicación continua, rápida y eficaz del plan de recuperación y recuperación y resiliencia, incluido el capítulo REPowerEU, garantizando la finalización de las reformas e inversiones antes de agosto de 2026”.
Entre las peticiones de Bruselas también está el refuerzo de la “capacidad administrativa para gestionar los fondos de la UE, acelerar las inversiones y mantener el impulso en la aplicación de las reformas”. El gran reto es que el dinero no se quede sin invertir porque en buena medida la Comisión Europea fía a la implementación del plan de recuperación el mantenimiento de la bonanza económica de la UE.
Bruselas autorizó la semana pasada el desembolso de cerca de 10.000 millones de euros correspondientes al cuarto desembolso. Se han quedado retenidos 158 millones por una de las medidas relacionadas con la digitalización de las pymes que no se ha puesto en marcha correctamente, pero el Gobierno tiene siete meses para subsanar los errores.
En todo caso, la evaluación ya se retrasó respecto al calendario inicialmente previsto para que diera tiempo a incluir la reforma del subsidio de desempleo, que fracasó en su aprobación en el Congreso desencadenando una negociación de Trabajo con los sindicatos.