Importante novedad en la negociación de la reforma contra el abuso de interinos en la Administración Pública. El Ministerio de Función Pública, que dirige Miquel Iceta, ha incluido en su última propuesta la reclamación de los sindicatos de que los interinos que hoy en día estén en abuso de temporalidad en sus puestos y que no saquen la plaza definitiva en los procesos de estabilización sean indemnizados económicamente. La cuantía que plantea el Gobierno es de 20 días por año trabajado, en línea con la cantidad reconocida por el Supremo a los empleados públicos temporales (laborales) en fraude a los que reconoce el estatus de indefinidos no fijos.
Es la propuesta que ha trasladado este viernes el Ministerio de Función Pública a los representantes de los trabajadores públicos, según fuentes de la negociación. El documento también incluye novedades como premiar más la experiencia en los procesos para estabilizar las plazas temporales fraudulentas que existen en la actualidad.
El Gobierno no ha alcanzado hoy el acuerdo con los sindicatos y seguirá negociando varias cuestiones con los representantes de los trabajadores. Fuentes de CCOO y CSIF reconocen el “avance” de la última propuesta del Ejecutivo, que extiende el derecho a indemnización a los interinos en fraude en sus puestos a día de hoy y no solo a los nombramientos futuros.
La reforma legal y los criterios de las oposiciones para estabilizar las plazas ocupadas por temporales de manera fraudulenta se llevarán al Consejo de Ministros el próximo martes, 6 de julio. Fuentes del Ministerio explicaron a este medio que no pueden dilatar más la aprobación de la medida para poder cumplir con los plazos dados a la Comisión Europea al respecto. Función Pública ya amplió una semana la negociación, para intentar alcanzar un acuerdo social y territorial en este tema. El segundo parece que no será posible, ya que la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas celebrada ayer no se saldó con un consenso.
El camino de la negociación
La última propuesta de indemnización es un cambio muy relevante. La primera oferta de reforma contra la temporalidad excesiva que presentó el Gobierno en la mesa de negociación ni siquiera planteaba indemnización alguna. Para ningún trabajador. Se centraba en la modificación del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para restringir a tres años el máximo en el que un interino podía estar en su puesto. Pasado ese plazo, tenía que producirse el cese automático de la persona interina. La oferta también reconocía por primera vez que se exigirían “responsabilidades” a las Administraciones Públicas que infringieran los límites de la temporalidad.
Los representantes mayoritarios de los empleados públicos reclamaron que, además de las limitaciones legales y la “responsabilidad” de las entidades públicas, se requería alguna compensación para los trabajadores temporales afectados por los abusos, que además podía funcionar también como sanción y mecanismo para prevenir este fraude laboral. La justicia europea le ha afeado a España que no tiene en la actualidad mecanismos de prevención ni sanción de la temporalidad abusiva en el sector público. La última vez el pasado 3 de junio.
El Gobierno envió durante las negociaciones otro borrador en el que se accedía a reconocer una indemnización por cese de 33 días por año trabajado a aquellos trabajadores interinos que estuvieran en sus puestos más del tiempo máximo marcado por ley. Pero solo se proponía para los futuros nombramientos de trabajadores y no para los que ya estaban en sus puestos.
Los sindicatos celebraron el paso del ministro Iceta, pero reclamaban que también se compensara a los interinos que hoy en día están en sus puestos en fraude de ley y que salieran de sus puestos sin superar los procesos de estabilización que se van a convocar para acabar con la temporalidad excesiva.
Finalmente, el Ministerio ha accedido a su petición. La propuesta del Gobierno reconoce una indemnización de 20 días por año trabajado a los interinos en fraude que se presenten al proceso de estabilización y no saquen la plaza fija. Además, destacan en CCOO, la intención es que también se cree una bolsa de empleo específica de estos interinos que no saquen plaza.
La indemnización propuesta para los ceses en caso de abuso, presente y también futuro, quedaría así en esos 20 días por año trabajado, en lugar de los 33 planteados inicialmente.
La experiencia contará más en las oposiciones
Las partes seguirán negociando detalles, con una reunión convocada el próximo lunes. En CCOO destacan que la organización sindical tiene que someter la última propuesta del Gobierno a consulta interna. En CSIF confían en que todavía se puedan revisar algunos detalles de la propuesta del Ministerio, como “establecer con claridad garantías de cumplimiento del acuerdo de estabilización, para que no ocurra lo mismo que con los acuerdos firmados en 2017 y 2018, entre otras cuestiones”. Estos no se llegaron a materializar del todo.
En los sindicatos reconocen que el Gobierno ha dado muchos pasos durante la negociación. Aunque no se mojan sobre si será posible el acuerdo social que respalde esta reforma, reconocen que las posibilidades se han elevado respecto las propuestas anteriores del Ejecutivo. No obstante, la propuesta de Función Pública mantiene la tasa de reposición, que los sindicatos reclamaban como elemento “fundamental” para el acuerdo, aunque se han añadido “tasas adicionales y la eliminación de trabas a las contrataciones en vacante”, explican en los sindicatos.
Otra de las novedades de esta última propuesta del Ejecutivo consiste en que la experiencia será “mayoritaria” en la fase de concurso de los procesos para estabilizar las plazas temporales irregulares que existen en estos momentos y que, en realidad, son estructurales. Las Administraciones Públicas han cifrado estas plazas en unas “310.000”, aunque colectivos de interinos consideran que hay muchas más personas como temporales en la Administración de manera irregular.
La idea del Ejecutivo es que exista un “último gran proceso de estabilización” con el que se acabe con la temporalidad abusiva por la que hoy hay trabajadores que llevan años y años en sus puestos como temporales. Este proceso será abierto a todo el mundo, ya que tiene que cumplir con las exigencias de “igualdad, mérito y capacidad” que marca la Constitución para acceder al empleo público. Pero, la intención del Gobierno, Comunidades y también sindicatos es que el proceso esté enfocado en estabilizar no solo las plazas, sino también a los trabajadores que llevan tantos años en su puesto en abuso.
Para ello, los procesos de estabilización se plantean como diferentes concurso-oposición que premien todo lo posible la experiencia, dentro de los límites legales. La cuestión es definir hasta dónde se puede premiar esta experiencia sin vulnerar la “igualdad” de acceso. Lo que se plantea es que la fase de concurso cuente el máximo permitido, un 40%, con un 60% restante que pese la oposición. Dentro de la fase de concurso, la novedad de la última propuesta del Gobierno es que plasma que la experiencia tenga un peso “mayoritario”, explican fuentes sindicales, por encima de otros indicadores como la formación.