El Gobierno prohibirá el cese de suministros básicos —agua, luz y gas— a los colectivos vulnerables durante la crisis del coronavirus, según ha confirmado este martes, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sánchez ha avanzado que la prohibición se extenderá también a las telecomunicaciones, un servicio que tras decretarse el estado de alarma se ha convertido en clave, con buena parte de la población obligada a permanecer confinada en sus hogares para tratar de frenar la pandemia.
La prohibición de cortes de suministro ya estaba descontada por las grandes eléctricas, que en los últimos días habían anunciado planes para permitir la posibilidad de fraccionar pagos o aplazarlos mientras durase esta crisis.
La medida se suma a la moratoria en el pago de las hipotecas para los trabajadores afectados o en paro y al macroplan de estímulo económico que ha aprobado este martes el ejecutivo para paliar el efecto de esta situación extraordinario en la economía.
El Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 también prorroga la vigencia del bono social eléctrico a los beneficiarios que debían renovar su solicitud, quienes podrán realizar el trámite hasta el próximo 15 de septiembre.
Asimismo, la norma suspende la revisión de los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo envasados, como las bombonas de butano, y de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, para evitar que suban. “Se mantendrán los precios actuales durante los próximos seis meses”, según ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica en una nota.
El ministerio recuerda que el suministro domiciliario de agua potable, electricidad y gas natural “constituyen servicios esenciales que, en las actuales circunstancias, deben quedar garantizados”.
“Con este fin, el Real Decreto Ley imposibilita el corte de suministro de agua, electricidad y gas natural a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social”, que son los beneficiarios del bono social eléctrico, un descuento en la factura de entre un 25% y un 40%, en función de las características de los beneficiarios que el mes pasada recibían 1.290.550 familias. “El colectivo de pensionistas con pensiones mínimas supone aproximadamente el 13% del total de beneficiarios”, explica el ministerio.
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