La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se ha reunido este lunes con las patronales del sector bancario para valorar las medidas de inclusión financiera y de protección a los hipotecados vulnerables. Una de las principales decisiones tras este encuentro ha sido el anuncio de que el Gobierno prohibirá por ley que los bancos cobren a las personas mayores de 65 años por retirar dinero en efectivo en la ventanilla de las sucursales. “Vamos a adoptar un cambio legal para prohibir cobro de retiradas en efectivo a personas mayores. Que se elimine este elemento de intranquilidad”, ha defendido la ministra de Asuntos Económicos.
Calviño ha reconocido que “buena parte de las entidades ya han tomado esta medida”, si bien ha apuntado que era un tema de preocupación para las asociaciones de mayores. Pese a los avances, ha subrayado que “conviene tener esta obligación legal para que se garantice esta atención”.
Gobierno y banca se han vuelto a ver las caras para abordar el seguimiento de los tres códigos de buenas prácticas que tienen firmados los bancos en España y que hacen referencia a la inclusión de las personas mayores, los servicios rurales y la protección de los clientes hipotecarios vulnerables ante la subida de los tipos de interés.
Respecto a este último punto, uno de los más relevantes para decenas de miles de hogares en España, la reunión ha terminado con algunas novedades. La principal de ellas es que el código de buenas prácticas con medidas de alivio para hipotecados con créditos variables se han ampliado hasta los 38.000 euros de renta por hogar, frente a los 29.000 euros que figuraban anteriormente. Esta medida ya fue anunciada por Pedro Sánchez durante su discurso de investidura hace unas semanas y figuraba en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. Calviño estima que serán 100.000 hogares más los que se puedan adherir.
Además, se ha acordado ampliar durante una año más, durante todo 2024, la gratuidad que se contemplaba para los clientes con hipotecas variables para las amortizaciones anticipadas o el traspaso de créditos a tipos fijos. También a aquellos productos a tipos mixtos, que han ido ganando peso en los últimos meses y que es una novedad respecto al anterior código de buenas prácticas.
En cualquiera de los casos, la cifra de hogares que han solicitado su adhesión a estos códigos de buenas prácticas sigue siendo muy limitado. Son 55.000 solicitudes en su primer año en vigor, si bien no se ha detallado cuántas de esas peticiones han sido aprobadas por las entidades financieras.
El sector ha apuntado que es un código de buenas prácticas “preventivo”, ya que la evolución que ven durante el último año ha sido positiva. “La tasa de morosidad de los préstamos hipotecarios es más baja que hace un año”, ha asegurado María Abascal, directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), que engloba a entidades como Santander, BBVA o Sabadell. “No consideramos estrictamente necesario el crecimiento del umbral por la mejora de la situación, dicho lo cual, el sector estará a la altura”, ha apuntado. “La solución pasa tanto por el código de buenas prácticas como por la relación bilateral entre las entidades y los hipotecados”, ha defendido. “No sería recomendable estar revisando el código cada cierto tiempo”, ha apuntado.