El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a prorrogar la suspensión de los desahucios de personas vulnerables que no pueden afrontar el pago de la hipoteca. Una medida que caducaba este 15 de mayo y que ahora se extenderá hasta ese mismo día de 2028.
En las últimas semanas, Podemos ha presionado al Ejecutivo de coalición para sacar adelante esta medida, que se ha ido prorrogando periódicamente desde la pandemia. “Este incumplimiento supondría que no podríamos hablar de más medidas en el Gobierno”, aseguró el diputado de la formación morada Javier Sánchez Serna. En diciembre, el Gobierno ya pactó con EH Bildu esta medida pero solo para aplicarla hasta 2025. Ahora se extiende durante cuatro años más.
La medida se ha aprobado a través de un Real Decreto Ley. La referencia del Consejo de Ministros de este martes recoge que la suspensión de los lanzamientos hipotecarios “ha formado parte del conjunto de herramientas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas del COVID-19, la guerra de Ucrania y, en particular, del aumento de la carga financiera de los hogares asociada a los préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual determinado por el endurecimiento monetario iniciado en el segundo semestre de 2022”.
Por ello, añade, “en este contexto, resulta necesario mantener la protección de deudores y sus familias que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, extendiendo la suspensión durante cuatro años adicionales, hasta el 15 de mayo de 2028, con el fin de evitar que estos deudores y sus familias sean conducidos a una situación de exclusión social”.
Una medida para vulnerables
“El Gobierno ha tomado en consideración esta medida importante y necesaria ante el vencimiento de la moratoria actual en vigor, dando así tranquilidad y seguridad a las familias españolas”, explican fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
“Es necesario subrayar que, aunque esta medida está destinada a un determinado colectivo vulnerable”, argumentan las citadas fuentes, “es manifiesto que su impacto económico general es positivo en tanto la lucha contra la exclusión social tiene externalidades positivas para el conjunto de la sociedad al favorecer la seguridad, la paz y la cohesión social: factores que son fundamentales para favorecer el desarrollo y el crecimiento económico”.
La suspensión de los desahucios no es algo inmediato, debe contar con respaldo judicial y afecta solo a personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional.