El Gobierno de coalición ratificará la Carta Social Europea revisada “antes de final” de año, ha anunciado este martes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una respuesta al PNV en el Senado. Pendiente desde 1996, el Ejecutivo se adscribirá a esta carta de derechos sociales y económicos fundamentales, así como al Protocolo de Reclamaciones Colectivas, que permite a los agentes sociales (organizaciones sindicales y empresariales) y a las ONG denunciar al Estado en cuestión por incumplir las garantías sociales reconocidas en la Carta.
Yolanda Díaz ha defendido la importancia de este paso, porque supone una “garantía” de derechos, que ya inició el Gobierno monocolor de Pedro Sánchez, pero que finalmente quedó sin ser ratificado por el Congreso al adelantarse el fin de la legislatura. El Consejo de Ministros volverá a suscribir la Carta Social Europea Revisada para que sea remitida al Congreso “antes de final de año”, ha afirmado Díaz. La ministra ha explicado que el proceso lo está dirigiendo el Ministerio de Asuntos Exteriores y que “la tramitación no es sencilla”, de un mínimo de “seis meses”.
La Carta Social Europea, abierta a la firma en Turín el 18 de octubre de 1961, garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales de los ciudadanos europeos y fue ratificada por España el 6 de mayo de 1980. La Carta fue actualizada y ampliada en los derechos que reconocía en 1996 (accesible aquí en PDF), pero España no ratificó su revisión. Entre los derechos que se sumaron en 1996 figuran a la protección en caso de despido, a la dignidad en el trabajo, a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con responsabilidades familiares y a la protección contra la pobreza y la exclusión social, entre otros.
Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que, aunque España cumple muchos de estos derechos en la actualidad, el objetivo del Gobierno de coalición es asegurarlos para el futuro, “esté quien esté en el Gobierno”. Yolanda Díaz ha comparado la Carta Social con “una auténtica Constitución social de los europeos y las europeas”, que de haber estado vigente “no se hubiera podido aprobar una reforma laboral como la del PP”, ha sostenido.
Posibilidad de denunciar al Estado
La ministra de Trabajo ha adelantado también que el Gobierno ratificará el Protocolo de Reclamaciones Colectivas, “tan importante como la Carta”, que no suscribió el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se trata de un mecanismo que permite que los agentes sociales y ONG puedan denunciar a uno o varios Estados por posible incumplimiento de la Carta Social Europea ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Este organismo es el garante del cumplimiento de los derechos plasmados en la Carta y que en el último informe sobre España, del año pasado, consideró que España incumplía varios de sus preceptos, como por las horas extra no compensadas y preavisos insuficientes en caso de despido, entre otros.
Con su ratificación, las organizaciones sociales podrán plantear reclamaciones ante el Comité europeo si constata inclumplientos de España. Por ejemplo, el pasado junio el Comité constató 34 violaciones de artículos de la Carta Social europea referentes a la igualdad salarial entre hombres y mujeres en catorce países como respuesta a las reclamaciones colectivas interpuesta por la ONG internacional Universidad Mujeres de Europa (UWE en sus siglas inglesas) contra 15 países que aceptan este mecanismo. España no fue uno de los países evaluados, al no haberlo ratificado.