Los quiebros de CC sobre la limitación a la compra de viviendas por parte de extranjeros en las Islas

Canarias declaró el pasado mes de abril la emergencia habitacional debido a las enormes dificultades que existen a la hora de encontrar una vivienda a precios asequibles en las Islas. Fue el primer paso para impulsar el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de CC-PP, que busca promover la construcción de nuevas promociones y que, a grandes rasgos, dejaba la situación en manos de las constructoras privadas.

Entre los factores que han contribuido a tensar el mercado en las islas el Gobierno regional ha señalado tres: la escasez de vivienda pública, que lleva estancada casi una década y cuyo porcentaje respecto al total de viviendas es de los más bajos de España; el auge de los pisos turísticos (con y sin licencia) que ha retirado del mercado del alquiler miles de propiedades sobre todo en ciudades y zonas costeras; y la compra de vivienda por parte de extranjeros, que ya supera el 30% de las operaciones en el archipiélago.

Para agravar aún más la situación, al mismo tiempo que ha disminuido la oferta de viviendas disponibles porque se han pasado a explotación turística, también ha aumentado considerablemente la población en las Islas, y por tanto, la demanda de un lugar en el que vivir. La consecuencia, los precios se han disparado y en una comunidad con los segundos sueldos más bajos del país comienzan a proliferar los alojamientos precarios y los poblados marginales para aquellas personas que no pueden costearse un lugar en el que vivir.

A la pregunta es cómo frenar el aumento de los precios, el Gobierno de CC-PP considera que basta con construir más: a mayor oferta, el precio cae. Pero no ha aprobado ni contempla ninguna medida para evitar que esas nuevas construcciones acaben en manos de especuladores que pretendan destinarla a explotación turística. Y tampoco es seguro que el precio baje, ya que al haber más viviendas también podría ocurrir una efecto llamada a más inversores.

Sobre los alquileres vacacionales, el Gobierno canario también prepara un decreto para poner límites y condiciones. Sin embargo, esos límites están muy por encima de las cifras actuales, con lo que, en la práctica, significa que aún hay margen (y mucho) para que sigan aumentando. Por ejemplo, se establece que una ciudad como Santa Cruz de Tenerife podrá tener hasta un 10% de sus viviendas en régimen de vacacional, cuando la cifra actual, ya con el mercado tensionado, es de apenas el 4%. Por tanto, aún podría haber hasta más del doble de los actuales. Y eso contando solo los que tienen licencia.

El último problema, la compra de vivienda por parte de extranjeros. Tras las multitudinarias manifestaciones en toda Canarias por un cambio de modelo que evite la masificación de las islas, que proteja sus espacios naturales y que solucione problemas como el de la vivienda, NC-BC presentó en el Parlamento regional solo cuatro días después del 20A una moción que contenía una batería de medidas para controlar el crecimiento turístico, entre ellas una ecotasa, una moratoria y establecer límites a la compra de viviendas por parte de extranjeros. Sin embargo, tanto CC como PP y los dos partidos minoritarios que les apoyan en el Gobierno regional y Vox votaron en contra de todas esas iniciativas.

Poco después, ya en mayo, llegó la campaña electoral para las Europeas. El candidato de CC, Carlos Alonso, convirtió en su lema de cara a esos comicios el establecer límites a los nuevos habitantes y a la compra de propiedades para quienes no vivan en las islas. No consiguió el escaño pero basó su campaña en promover una supuesta ley de residencia que contemplaba cargas fiscales a la “adquisición de segundas residencias por parte de no residentes”. 

Sin embargo, pese a que CC gobierna en el Archipiélago, esas medidas propuestas para llevar a Europa no han sido abordadas en el Parlamento regional, y como se ha visto, de hecho votaron en contra de algunas de ellas. Eso sí, el Gobierno regional encargó un estudio para determinar la viabilidad jurídica de establecer esas medidas, aunque el candidato de CC defendía en campaña que sí eran compatibles con la legislación europea.

Soluciones, en Bruselas

Este mismo viernes, el diputado regional de CC José Manuel Bermúdez, también alcalde de Santa Cruz de Tenerife, reclamó en el Parlamento que la Unión Europea responda ante el “escenario preocupante” de incremento del precio de la vivienda en Canarias, derivado de la adquisición de inmuebles por extranjeros. Pese a que, como alcalde, tiene competencias para establecer medidas (como han hecho otras ciudades como Barcelona o Madrid), por ahora Bermúdez no ha tomado ninguna y mira a Bruselas para que la solución llegue desde allí.

La propuesta de Bermúdez se produjo en el transcurso de una comisión parlamentaria en la que comparecía la consejera de Hacienda, Matilde Asián, del PP. Sin embargo, la pregunta realizada no versaba sobre el mercado de la vivienda, sino sobre el número de ciudadanos europeos que se han trasladado a vivir a las islas en los últimos diez años y están empadronados. La consejera, por tanto, se limitó a responder a esta cuestión y evitó pronunciarse sobre las medidas para limitar la compra de propiedades.

El diputado aprovechó su turno para poner de manifiesto que, en una situación de emergencia habitacional, hay que contemplar la adquisición de viviendas por europeos como uno de los factores que incrementan los precios.

El Gobierno de Canarias, recordó Bermúdez, ha encargado un informe sobre la viabilidad jurídica de limitar la compra de vivienda a extranjeros como posible medida correctora de unos precios “desorbitados”.

Pero no halló respuesta en la consejera, que se limitó a contestar a la literalidad de la pregunta, y que ofreció los datos de personas empadronadas entre 2014 y 2022 que proporciona el Instituto Canario de Estadística.

Aumento poblacional en Canarias: muy por encima de la media del país

Esos datos revelan que la población empadronada en 2022 en Canarias era de 2.177.701 personas, mientras que en 2014 era de 2.104.815, es decir 72.886 menos, con lo que en ese período se produjo un aumento del 3,47%.

“A la vista de estos datos, yo misma me he sorprendido, porque tenía la sensación de que hubiera sido mayor el incremento poblacional”, comentó Matilde Asián. Los datos más actualizados, del Instituto Nacional de Estadística (INE), elevan la cifra aún más: 2.236.013 habitantes, es decir, 846.288 desde que es autonomía, lo que supone un crecimiento de un 60,9% en este período y un aumento de población de 32,6 puntos por encima de la media nacional.

Los datos de Asián reflejan que los empadronados de nacionalidad española eran en 2014 el 87,31% y en 2022, del 86,75%, un ligero descenso; los inmigrantes de países europeos, incluidos no comunitarios, era de 7,76% en 2014 y de y 7,71% en 2022; los extranjeros no europeos pasaron del 4,93% al 5,54%.

Del total de personas empadronadas en 2022, el 70,70% eran españoles; 6,19% inmigrantes europeos y 23,09% del resto del mundo.

Dentro de los empadronados europeos sí ha habido modificaciones en su composición, de manera que el mayor número de inmigrantes empadronados son italianos, seguidos de inmigrantes británicos y alemanes.

Los británicos, alemanes, belgas, noruegos y de Países Bajos han descendido en el periodo, pero se han incrementado los italianos, ucranianos y polacos, de manera que hay un desplazamientos en la nacionalidad de los inmigrantes residentes.

“Preocupación”, según Bermúdez

En su intervención, Bermúdez se refirió a la incidencia de la población extranjera en el mercado inmobiliario y señaló que según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, el 26,8% de las compras realizadas en Canarias correspondieron a extranjeros (el 33,5% en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el 20,7% en Las Palmas).

“Son porcentajes muy reseñables, muy superiores al resto de España”, dijo el diputado, para quien la acumulación de viviendas por extranjeros es motivo de preocupación y “hay una inquietud real en la sociedad por el crecimiento poblacional asociado a la vivienda”.

Mientras, su propio partido, que preside el Gobierno regional, sigue esperando por el informe jurídico.