El Consejo de Ministros ha aprobado el texto para modificar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Ya lo puso en marcha en la anterior legislatura, pero el adelanto electoral al 23 de julio hizo que se quedase en vía muerta cuando iba a anunciar su tramitación parlamentaria.
El Gobierno explica que el objetivo del anteproyecto de ley es “dar seguridad jurídica” y “evitar que los errores formales” paralicen los planes urbanísticos. Es decir, evitar que “errores que sean subsanables” puedan “conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”. Una petición que han realizado, según fuentes del Ejecutivo, comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el propio sector.
“Espero contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para activar este anteproyecto de ley, que decayó en la anterior legislatura, y que dotará a la planificación urbanística de estabilidad y seguridad jurídica, evitando la paralización de los planes urbanísticos cuando los errores son subsanables”, aseguró la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, durante una comparecencia en el Senado.
Sin consenso en la izquierda
Ahí es donde están ahora las dudas, en cuál va a ser el respaldo de las fuerzas parlamentarias en el Congreso. Sumar indica que ha presentado una observación al texto, porque no está de acuerdo con el mismo. En concreto, fuentes de la formación explican que algunos de los puntos que modifica pueden dar lugar a la convalidación de irregularidades urbanísticas y es, por tanto, un texto muy cuestionable.
Podemos ya manifestó ayer su rechazo. Su coportavoz, María Teresa Pérez, aseguró en rueda de prensa parte de una “reclamación” histórica del sector que “ya se ha congratulado” por su reactivación en el Consejo de Ministros.
“Si el Gobierno trae el mismo texto de nuevo nos volveremos a oponer. Necesitamos garantías para los proyectos urbanísticos y esta medida serviría para dar vía libera a la cultura del pelotazo. Pedro Sánchez no puede contar con los votos de Podemos para hacer las mismas políticas del PP”, advirtió y, con la ajustada aritmética de la legislatura, si Podemos no apoya cualquier texto el Gobierno tendría que buscar apoyo en la bancada de la derecha.
Seguridad jurídica
Lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es una reforma legislativa que “dote a estos importantes instrumentos de planificación territorial y urbanística de la estabilidad, certeza y seguridad jurídica que demandan”, justifica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de un comunicado. “Los planes urbanísticos son una herramienta imprescindible para el desarrollo de pueblos y ciudades con criterios de sostenibilidad, la política de vivienda, la generación de empleo y, en general, la economía nacional”.
El objetivo es “dar seguridad jurídica y dar respuesta a la respuesta de la FEMP y de ayuntamientos, dar estabilidad, certeza y seguridad jurídica”, ha explicado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Sobre la búsqueda de respaldos en la tramitación, Alegría ha recordado que “es la segunda ocasión que se debate en el Consejo de Ministros” y que “la vocación de este Gobierno es contar con un amplio consenso”. “Es una ley muy demandada por los ayuntamientos, la primera percepción de la mayoría de los grupos parlamentarios es una vocación de poder aprobar esta ley”, ha asegurado, pero que ahora es el turno “de los grupos parlamentarios de opinar” sobre el texto.
“El texto legal se plantea, esencialmente, para aportar al ámbito de la planificación territorial y urbanística un conjunto de medidas que refuercen la estabilidad de estos instrumentos y la seguridad jurídica”, indica Vivienda en la misma dirección. “Las razones que motivan la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana son esencialmente las particularidades del planeamiento de ordenación territorial y urbanística, con especial atención a los trámites procedimentales, a la legitimación para el ejercicio de acciones y a la identificación de los posibles vicios que pudieran comportar su declaración de ilegalidad, todos ellos aspectos de competencia exclusiva del Estado”.