En España hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el INE. Suponen un 13% del parque inmobiliario total, que alcanza los 25 millones de unidades. El Gobierno quiere favorecer la vuelta al mercado de algunos de estos hogares desocupados para conseguir así aumentar la oferta y reducir los precios. Para ello, estudia establecer un régimen distinto para las viviendas vacías de particulares y de determinadas personas jurídicas (normalmente se trata de bancos, fondos de inversión y sociedades), informan a eldiario.es fuentes del Ministerio de Fomento.
Podría haber diferentes opciones: desde penalizar fiscalmente las viviendas vacías de empresas o dar beneficios fiscales a los pequeños propietarios de pisos vacíos que los saquen al alquiler.
El ministro Jose Luis Ábalos destacaba en una entrevista la semana pasada, preguntado por la opción de gravar fiscalmente a los propietarios con viviendas vacías, que los que tienen, “un piso o dos” no merecen ser penalizados, aunque tal iniciativa podría depender “del número de inmuebles”, afirmó..
Todas estas cuestiones, que afectan a varios departamentos, singularmente el que dirige María Jesús Montero, se irán aclarando en la comisión interministerial sobre vivienda en la que están representados, entre otros, Fomento y Hacienda.
Tampoco descarta el Ejecutivo efectuar una discriminación, no tanto en función de quién sea su propietario, sino del lugar en el que se encuentran las viviendas y de su potencial para servir al uso habitacional en régimen de alquiler (demanda acreditada, precios altos de alquiler, etc), según las citadas fuentes.
Fomento adelantó en julio que pretendían abordar “tareas pendientes como la definición de las viviendas vacías, desocupadas con carácter permanente, estimulando su incorporación al mercado del alquiler a través de un amplio catálogo de medidas regulatorias y de carácter fiscal”.
Formalmente, hoy por hoy una vivienda familiar se considera desocupada o vacía cuando no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas. Así lo aclara el último “Análisis de las características de la edificación residencial en España” del Ministerio de Fomento, con datos de 2011 y en edición de 2014 (es una publicación que sale cada diez años).
Paralelamente, está pendiente que el Gobierno anuncie las primeras iniciativas que va a poner en marcha para “pinchar” lo que según algunos expertos es una “burbuja del alquiler”, y que se conocerán, previsiblemente, en los próximos días. El ministro Ábalos adelantaba la semana pasada que se van a aprobar iniciativas para garantizar la protección de las viviendas sociales, dirigidas a evitar que los fondos especulativos puedan vaciar de contenido la función social de la vivienda protegida.
Algunas regulaciones ya anunciadas en este contexto son la elevación de tres a cinco años de los contratos de alquiler o la construcción de 20.000 viviendas para el alquiler protegido. Y están en estudio, por parte del Ministerio de Fomento, otras opciones como elevar por ley la calidad mínima de las viviendas. Por su parte, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha advertido de que no votarán a favor de los Presupuestos del PSOE (son el socio prioritario en este proceso legislativo) sin una reforma para que los municipios regulen el incremento abusivo del alquiler.
Viviendas vacías o habitables; número de propiedades
La portavoz de Vivienda de esta formación, Lucia Martín, explica la postura de su grupo respecto a lo que debe hacerse con las viviendas vacías: “Necesitamos mecanismos para conseguir que esos pisos vuelvan al alquiler a precios asequibles y para alquileres estables. Y para ello es importante diferenciar entre grandes y pequeños propietarios”.
En el caso de los segundos, los pequeños propietarios (de menos de diez inmuebles, aclara Martín), lo que pide el grupo que dirige Irene Montero es que se les facilite poner en el mercado de alquiler asequible sus inmuebles a través de un fondo que garantice extremos como el impago del inquilino, las ayudas a la rehabilitación, la fianza, etcétera.
Pide diferenciarlos de los grandes propietarios (entre ellos bancos y fondos buitre). En el caso concreto de las entidades bancarias, Martín recalca que recibieron un rescate “a cambio de nada” y “el Estado debe obligar a poner esos pisos en alquiler a precios asequibles” y elevar la carga impositiva a estos pisos vacíos.
Al respecto, pide que el Gobierno retire los recursos ante el Tribunal Constitucional contra las normas autonómicas que apostaron por legislar por este asunto, como en el caso de Catalunya. También reclama facilitar que los ayuntamientos puedan gravar más los pisos vacíos, a través de impuestos como el IBI. “Hoy por hoy no hay una definición de piso vacío en la ley de bases de régimen local”, asegura, lo que impide que las corporaciones puedan aplicar este tipo de penalización.
Por su parte, el jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, recuerda que ya en el pasado se intentó hacer un análisis de qué es una casa vacía y que “al final, cuando se baja al detalle, no es fácil poder acotar este concepto”. A su entender, sería importante diferenciar los conceptos de vivienda vacía y vivienda habitable.
“En España, según el INE, dos de cada tres casas vacías están en municipios de menos de 50.000 habitantes. Y una de cada tres casas vacías son anteriores a 1960. Es decir, que al final de las millones de casas vacías son muy pocas las que serían ”habitables“ y menos aún las que serían ”alquilables“, reflexiona. A su juicio, una casa vacía, si quiere ponerse en el mercado del alquiler, debería estar en un municipio donde haya demanda y esté en condiciones de habitabilidad. ”Dos características que no cumplen la inmensa mayoría de esas 3,4 millones de casas vacías“, recalca.